Gildo Onorato: "El ingreso universal tiene que alcanzar la canasta básica total"

El debate dentro del Gobierno por el diseño de un ingreso universal para hacer frente a la crisis económica que dejará la pandemia de coronavirus ya genera especulaciones y sugerencias entre los movimientos sociales, que están pendientes de la asistencia que evalúa el presidente Alberto Fernández junto al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Gildo Onorato, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo del Movimiento Evita y dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), dijo en una entrevista con LA NACION que un eventual ingreso universal debería alcanzar el valor de la canasta básica total. Según el Indec, esa cifra alcanzó los $43.080 en mayo.

-¿De cuánto dinero debería ser la asignación universal?

-Estimamos que el ingreso universal, de ser implementado en la Argentina, tiene que alcanzar la canasta básica total que los argentinos y argentinas necesitamos para vivir con dignidad.

-¿En qué porcentajes prevé que estará la pobreza en la pospandemia?

-Las estimaciones privadas y públicas, más la elaboración que tenemos producto del contacto con el territorio y movimientos populares, nos dicen que vamos a tener indices sociales similares a los de 2001. Estamos hablando de un indice de pobreza de aproximadamente el 55%. Puntos más o menos es lo que todos los estudios plantean en los últimos días

-¿El ingreso universal debería absorber otros programas, como el IFE?

-Entendemos que un ingreso universal tiene que integrar los distintos programas. El IFE es un instrumento de emergencia, pero debería integrar al Salario Social Complementario, lo que se denomina hoy Potenciar Trabajo [el programa que unifica a Hacemos Futuro y al Salario Social Complementario]. El ingreso universal debe tener relación directa con el trabajo de interés social o el trabajo generado por los propios compañeros y compañeras. Es importante que el salario universal vaya de la mano del registro de trabajadores de la economía popular, instrumento que se creó con la ley de emergencia social y que recién tuvo una resolución hace 20 días por parte del ministerio conducido por Arroyo. Esperamos que rápidamente se pueda acceder al registro para, de esa manera, tener el insumo necesario para que aquellos que se registren puedan acceder a los beneficios. Ese, junto a la base de datos del IFE, tienen que ser los instrumentos para implementar el ingreso universal.

-¿Qué significa ser universal hoy? ¿Quiénes deberían recibir ese ingreso y quiénes no?

-Universal para nosotros significa que tiene que contemplar a la población económicamente activa que hoy no tiene derechos. Si vamos a un estudio de lo que nos indica la realidad laboral argentina hablamos de una población económicamente activa de 24 millones de habitantes, de los cuales seis millones son trabajadores formales de índole privada, tres millones son trabajadores formales de la órbita pública y aproximadamente dos millones y medio son monotributistas o cuentapropistas y otros de ese tipo. El resto es lo que nosotros denominamos trabajadores sin derechos. Eso incluye casi a la mitad de la población económicamente activa. La mitad de la clase trabajadora argentina debería tener un ingreso universal con contraprestación laboral.

-¿Por cuánto tiempo debería extenderse la entrega de una asistencia universal?

-El tiempo está claro que no puede ser in eternum. Tiene que estar vinculado a la reactivación económica y a la articulación con el trabajo. Por eso necesitamos salir del paradigma del subsidio y reconstruir el del trabajo. Para nosotros el ingreso, como los planes sociales, tiene que tener una contraprestación laboral. Esa es la manera que podremos tener de ir construyendo un camino que recupere la dignidad del trabajo. Ese es el camino. El tiempo no se puede establecer, mucho menos cuando no se ha empezado. El tiempo lo tiene que ir definiendo la realidad laboral, la asignación de derechos, la recuperación económica y el plan estratégico pospandemia.

-¿Hay un riesgo de que esa ayuda se termine convirtiendo en clientelismo?

-Todos los programas sociales en la Argentina se efectúan a través del proceso de bancarización. Para nosotros, ese es el camino que empodera a los compañeros y compañeras. El problema no es el clientelismo, el problema es cuando los programas sociales se transforman en permanentes. Los programas sociales son para emergencias, no para ser permanentes. Cuando son permanentes reproducen situaciones de pobreza que nos impiden salir. Por eso nos parece fundamental que exista una planificación a la hora de tener ingreso universal vinculado a un trabajo concreto, de interés social, de infraestructura, de saneamiento…

-¿Una asistencia de este tipo podría terminar por resolver una urgencia en el corto plazo pero comprometiendo las capacidades de las personas en el mediano y largo plazo?

-Hay muchos estigmas vinculados a los programas sociales. Nadie quiere tener un programa social. Nadie quiere vivir en condiciones de pobreza o de indigencia. Tenemos que recuperar el trabajo como ordenador social. Existe una nueva relación social que no es la mayoritaria pero que ha desplazado como la única a la relación social tradicional de patrón y asalariado. Hoy hay trabajadores y trabajadoras que se inventan su propio trabajo. El ingreso universal tiene que fortalecer a la economía popular, a los compañeros y compañeras que se han generado su propio trabajo primero con una perspectiva de supervivencia o de resistencia para llevar un mango a la casa. Es fundamental motorizar el trabajo. Nuestros compañeros de programas sociales trabajan mucho y es importante que sean registrados, que haya legislación. Hay una nueva realidad en el mundo laboral y tiene que ser abordada con políticas concretas.

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