Gestiones del Gobierno para debilitar el apoyo a Julio Conte Grand

CORDOBA.- El Gobierno intentó en las provincias comandadas por el oficialismo debilitar el comunicado de los procuradores generales, que el fin de semana expresaron su solidaridad con Julio Conte Grand, el jefe de los fiscales bonaerenses que fue atacado por la senadora Juliana Di Tullio en plena sesión de la Cámara alta.

Las gestiones encabezadas por el Ministerio de Justicia de la Nación hasta el martes habían tenido logros limitados. Hacia la noche, solo había un texto público del procurador riojano, Javier Vallejos, para tomar distancia con la solidaridad expresada por sus pares.

Vallejos sostuvo que “una cosa es defender la institución judicial y otra, a una sola persona que ya tiene denuncias” y manifestó su intención de dejar de acompañar el documento del Consejo.

Estas declaraciones cayeron muy mal entre los procuradores que habían promovido el comunicado. Uno de ellos dijo a LA NACION que Vallejos, en el chat que comparten y donde se puso a consideración el documento, se había manifestado abiertamente en favor y que hasta celebró cuando se hizo público.

LA NACION confirmó que los procuradores de Chaco, Tucumán, Misiones, La Pampa y Formosa “estuvieron hablando con el Ministerio de Justicia de la Nación, para salir con un comunicado que reprocha el uso inconsulto de sus nombres”.

Ese texto, de todas formas, todavía no se hizo público.

Las fuentes provinciales aseguraron que fueron los procuradores quienes se contactaron con el Ministerio de Justicia de la Nación. Sin embargo, otras fuentes indicaron que las gestiones partieron del gobierno nacional, en un intento por restarle apoyo a lo expresado por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, organizaciones que agrupan a todos los titulares de los Ministerios Públicos del país.

El grupo de WhatsApp

Diferentes fuentes consultadas por LA NACION coincidieron en que el comunicado crítico de las declaraciones de Di Tullio comenzó a gestarse el viernes 31 en el grupo de WhatsApp que comparten los procuradores de las 24 jurisdicciones.

La propuesta era el texto de repudio y pedido de “moderación” y “seriedad” que finalmente se conoció el lunes.

Según coinciden algunos de los participantes –entre los que hay quienes respaldan expresamente el contenido y otros que no– en un determinado momento se dijo que quien se oponía debía expresarlo ahí mismo porque si no, se consideraría que lo compartían. Una modalidad que ya habían usado en otros casos.

El texto del Consejo que quedó en el centro de la polémica sostiene, entre otros conceptos, que “constituye un deber ineludible de todos resguardar la institucionalidad democrática de nuestro país” y que “el respeto hacia los miembros de otros poderes, de todas las jurisdicciones, se erige en un elemento vital de la convivencia, el equilibrio institucional y el fortalecimiento de la democracia”.

Entre los que reniegan del documento, hay quienes sostienen que por los términos usados pareciera que hubiera una “megacausa judicial, cuando nadie confirmaba el viernes oficialmente si la denuncia existía”. La fuente sostiene que hizo esa pregunta varias veces y la respuesta en el chat era “claro que existe, si lo dijeron todos”.

El kirchnerismo intenta desplazar de su cargo a Conte Grand, quien fue nombrado por María Eugenia Vidal durante su gobernación.

Ayer, el bloque de diputados bonaerenses del Frente de Todos presentó un pedido de juicio político contra el procurador bonaerense, al que acusó de formar parte de una “mesa judicial”.

“Lo que deberíamos haber hecho era analizar más profundamente el tema”, comenta ahora un procurador, aunque admite que no son “nenes de jardín de infantes” los que participan del grupo.

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