“Gestapo”: la causa contra exfuncionarios macristas puede terminar en Comodoro Py y el Pata Medina busca evitarlo
Los tribunales de Retiro tienen un expediente desde hace dos años, sin avances, por los mismos hechos denunciados; la defensa del sindicalista teme que la investigación se frene
LA NACION
Recién comienza la feria judicial de enero, pero ya se avizora una tormenta para febrero. Cuando reabran los tribunales, Comodoro Py y La Plata se disputarán dónde se investigará el armado de causas penales contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, confirmaron fuentes tribunalicias a LA NACION.
El contrapunto nace de un dato insoslayable: hay dos investigaciones abiertas por los mismos hechos denunciados; una en La Plata –más avanzada y en la que ya se ordenaron los primeros allanamientos-, y otra en Buenos Aires, que es anterior y que comenzó con una denuncia del propio Medina.
La posibilidad de que la investigación termine en Comodoro Py, sin embargo, puso ahora en alerta a la defensa de Medina, que teme que la pesquisa siga los pasos de otras causas sensibles para el macrismo. Es decir, que los tribunales porteños desactiven sus ramificaciones más inquietantes.
El abogado del sindicalista, César Albarracín, está dispuesto a llegar más lejos. Le pidió al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak que pida copias de la causa de Comodoro Py e indicó a LA NACION que evalúa denunciar por presunto encubrimiento a los funcionarios del Poder Judicial Nacional y del Ministerio Público Fiscal que habrían adormecido en Buenos Aires la denuncia de su defendido durante los últimos dos años.
Medina radicó su denuncia en Comodoro Py el 26 de noviembre de 2019, cuando Mauricio Macri encaraba sus últimas dos semanas en la Casa Rosada. Afirmó que era víctima de una persecución judicial orquestada por el Presidente saliente, que influyó sobre el Poder Judicial para obtener su privación ilegal de la libertad.
La denuncia de Medina recayó en manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Carlos Stornelli, quien solicitó que el sindicalista fuera convocado para ratificar su denuncia y aportar más detalles. Pero el expediente se ralentizó. Desde Comodoro Py adjudican las demoras al arribo de la pandemia, que trastocó la gestión diaria de los tribunales, sumado a la jubilación de Canicoba Corral, en julio de 2020. Desde entonces, subrogaron el juzgado Julián Ercolini, María Eugenia Capuchetti y Daniel Rafecas, que asumió la subrogancia en octubre de 2021.
Excusas, retruca Albarracín. Cree que en Py buscaron pisar la pesquisa e intimidar a Medina. “Cuando ratificó su denuncia por Zoom desde la cárcel, toda la situación fue muy incómoda. Parecían querer amedrentarlo para que la retirara, insistiéndole una y otra vez con las consecuencias que afrontaría ante una falsa acusación”, planteó.
Pero Medina sostuvo su denuncia. Acusó al entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, quien a mediados de septiembre de 2017 –semanas antes de detención- le habría comentado a otro sindicalista platense, Marcelo Balcedo, que la “orden” de los gobiernos de Macri y de María Eugenia Vidal era meterlo preso.
Medina también apuntó contra la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Afirmó que presionó sobre los juzgados de Quilmes y La Plata que dictaron cuatro órdenes de prisión preventiva en su contra.
Ratificada la denuncia, Stornelli pidió las primeras medidas de prueba en marzo de 2021. Es decir, un año y cuatro meses después de que Medina se presentó en Py. El fiscal solicitó que le enviaran las causas que tramitaban en Quilmes y La Plata, se citara a declarar a Balcedo y a otro posible testigo de los dichos de Villegas, y a este cronista de LA NACION por lo que publicó en su libro “La Raíz”, en 2018, sobre la reunión en la sede porteña del Banco Provincia.
La respuesta judicial demoró otro par de semanas y fue parcial. En abril, la jueza Capuchetti ordenó obtener copias de las causas de Quilmes y La Plata, y verificar si Medina era querellante en Lomas de Zamora. Pero postergó la citación de los testigos.
Para entonces, sin embargo, la suerte de Medina había comenzado a cambiar. Primero, había conseguido su excarcelación y el cierre de casi todas sus causas judiciales. Segundo, se había convertido, en efecto, en querellante en la causa por espionaje ilegal que tramitó en Lomas de Zamora y pasó luego a Py. Y tercero, había salido a la luz una presunta grabación de la conversación que Villegas mantuvo con Balcedo en la que el ministro bonaerense detallaba que había hablado “tres veces” con Macri sobre “terminar con Medina”.
Consultado en marzo de 2021 por el diario Hoy de La Plata –de la familia Balcedo-, Villegas negó la existencia de esa conversación con Balcedo. LA NACION intentó consultar al exministro, pero no respondió los mensajes enviados a su teléfono celular.
Desde entonces, sin embargo, la investigación de Py no registró novedades, para fastidio de Medina y su abogado. Por eso vieron con buenos ojos que la AFI radicara su denuncia en La Plata tras la aparición del video de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia en la que Villegas pregona sus deseos de montar una “Gestapo” contra los sindicalistas.
Esa denuncia recayó en manos del juez Kreplak, quien ordenó los primeros allanamientos en las oficinas de exfuncionarios de Macri y Vidal, del intendente de La Plata, Julio Garro, y de otros participantes de la reunión de junio de 2017. Dispuso también el secuestro de sus teléfonos y las computadoras, salvo en el caso de Garro y el senador provincial Juan Pablo Allan. Dados sus cargos, el juez solo pidió sus computadoras.
En ese contexto, las cartas están echadas para un conflicto de competencia. Stornelli y Rafecas podrían plantear que la causa debe investigarse en Comodoro Py porque tienen la denuncia más antigua, la reunión del video ocurrió en Buenos Aires, participaron agentes de la AFI y fueron denunciados funcionarios nacionales. Pero Kreplak y la fiscal Ana Russo podrían sostener que su pesquisa es la más avanzada y que la trama se desarrolló mayormente en La Plata, donde además se desempeñaba Villegas y otros miembros de una eventual “mesa judicial bonaerense”. Se definirá en febrero.
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