Germán Garavano, sobre el procesamiento de Mauricio Macri: “La persecución política seguramente siga con otras medidas más”
El exministro de Justicia durante la administración de Cambiemos se mostró en la misma línea que los referentes de JxC; “Lo que está haciendo es tratar de hacerle una maldad al expresidente”, dijo en cuanto al juez Bava
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En la misma línea que el expresidente Mauricio Macri y que referentes y militantes de Juntos por el Cambio (JxC), el exministro de Justicia durante la administración de Cambiemos, Germán Garavano, habló de una “persecución política” contra el fundador de Pro por el procesamiento en la causa por espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan. Dijo incluso que ese accionar de la Justicia se va a replicar en otros expedientes y criticó al juez Martín Bava, quien también embargó al exmandatario en cien millones de pesos y le prohibió salir del país, a pesar de que se encuentra en Chile.
“Se avanza contra el expresidente en línea con una persecución política que hemos visto este último tiempo y en el tramo final de las elecciones, que seguramente siga en otros expedientes, como el Correo, porque el objetivo parece ser el expresidente Macri y su familia”, dijo Garavano en Radio Rivadavia.
También mencionó una “decisión casi sincronizada” entre el procesamiento de Macri y el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia, en las causas Hotesur y Los Sauces.
“El procesamiento no tiene ningún sustento, se esperaba desde el primer momento y lamentablemente es de nuevo una resolución judicial viciada. No hay ningún hecho concreto que diga qué hizo el expresidente para poder procesarlo. Una causa que tiene origen muy dudoso, que involucra una tragedia”, sostuvo.
Asimismo, indicó que esta investigación no tiene “entidad, ni requisitos procesales” para que se ordene la detención de Macri. “Las prohibiciones de salida del país anticipadas, los embargos y estas medidas son como un ataque, una forma de molestarlo, de pincharlo, de tratar de opacar la actuación internacional del expresidente”, consideró Garavano.
Y en ese sentido expresó: “Bava no solo sabía por la información pública que Macri estaba fuera del país, sino que Macri le había pedido autorización para el viaje a Chile por la anterior prohibición de salida del país que fue hace una semana revocada por la Cámara Federal de Mar del Plata. El juez insiste con esa medida que la Cámara le dijo estaba mal dictada, lo que se conoce como una pena anticipada. Lo que está haciendo es tratar de hacerle una maldad al expresidente porque Bava sabe que Macri tiene una agenda internacional importante, que es un líder reconocido internacionalmente”.
Además, sostuvo que el expediente debería tramitarse en la Justicia porteña y no en Dolores, y comparó a Bava con Alejo Ramos Padilla, a quien cubre como subrogante y que instruyó la polémica causa por presunto espionaje ilegal conocida como “Caso D’Alessio”, que se inició con la denuncia del empresario Pedro Etchebest y que tiene entre los principales imputados al fiscal federal Carlos Stornelli.
Al respecto, Garavano dijo: “Pareciera, si uno lee las resoluciones, que son escritas por las mismas personas. A lo mejor son los mismos funcionarios del juzgado y todo”. Incluso, indicó que primero deberían tratarse los pedidos de inhibitoria y el tema de la competencia, para luego avanzar sobre las acciones de la causa.
Por otra parte, también apuntó contra el procurador del tesoro, Carlos Zannini, contra la fiscal Gabriela Boquín, y contra el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, por la causa del Correo. “Macri y sus familiares ya no tienen nada que ver, sus hijos y él han salido de la conducción, pero como es una empresa familiar y en un momento los hijos tuvieron acciones, se los han puesto como objetivo y están impidiendo que esta empresa le pague todo lo que le debe al Estado por el simple hecho de perseguir a la familia del expresidente”, indicó sobre la investigación. En julio, la Justicia determinó la quiebra del Correo Argentino, la inhibición general y el embargo de sus cuentas luego de 20 años de iniciada la investigación por la deuda que tiene con el Estado.
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