Germán Garavano pidió ser sobreseído por fondos que el Estado le dio a Vandenbroele, imputado protegido en el caso Ciccone
El exministro de Justicia presentó un escrito ante el juez Ercolini; dijo que no sabía para quién era el dinero; entendió que la prueba que mandó el Gobierno es parcial y está manipulada; pidió que citen a declarar a Martín Soria
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El exministro de Justicia Germán Garavano reclamó ante la Justicia ser sobreseído en la causa en que se lo acusa de haber ordenado pagos a Alejandro Vandenbroele, imputado protegido, mientras estuvo incluido en el Programa de Protección de Testigos e Imputados. luego de que reconoció haber sido testaferro del exvicepresidente Amado Boudou.
El exfuncionario afirmó que no conocía la identidad de la persona a la que se brindó ayuda económica en el marco de ese programa, ya que era secreta, denunció que la autoridades del ministerio de Justicia, tras su renuncia, hicieron público ese legajo en contra de la ley, sostuvo que la causa en su contra es ilegal por ahber violado ese secreto, dijo que la prueba aportada por el Gobierno a la causa es parcial y manipulada y pidió citar en la causa al actual ministro de Justicia Martin Soria.
”En ningún caso la actividad desarrollada en el marco del Legajo 753/2017 (de Vandenbroele) se realizó ‘por orden” mía’”, afirmó el exministro en su escrito, presentado ante el juez federal Julián Ercolini. Señaló también que los legajos de protección “son secretos”, por lo cual no conocía el contenido del que trataba el caso de Vandenbroele como testigo protegido, “ni las medidas de protección que allí hubiesen sido adoptadas, tampoco por supuesto su extensión temporal”.
”En línea con lo antes expuesto, no ordené que se brinde asistencia económica al Sr. Vandenbroele, a quien no conozco”, subrayó el exministro de Mauricio Macri en su texto, presentado por los abogados Gustavo Trovato y Gustavo de Urquieta.
![Alejandro Vandenbroele](https://resizer.glanacion.com/resizer/v2/vandenbroele-explico-andquotdesde-adentroandquot-QDOBO2YIZRHILNQD26AMOYFCIQ.jpg?auth=a7f1a5d76f1653f16995744c9543b9094d6d24613dfde5122086e1f0948cae08&width=420&height=236&quality=70&smart=true)
Garavano sostuvo que el inicio de la causa en su contra fue “ilegal” porque se registraron situaciones que “violaron” el “secreto del legajo” con intencionalidad política. Sostuvo además que la información que recibió la fiscal paloma Ochoa del Ministerio de Justicia es parcial porque el mismo firmó resoluciones que involucran más dinero que el mencionado en las dos referidas a Vandenbroele. Y sostuvo que el relato de los hechos de este modo está manipulado.
“La solicitud efectuada por la Sra. Fiscal para convocarme a prestar declaración indagatoria es improcedente, sesgada y arbitraria”, escribió y dijo que el único delito evidente es “la violación del secreto que se produjo al filtrar el contenido del Legajo 753/17″, de Vandenbroele, que derivó en esta causa.
El exministro dijo que no fue él quien ordenó que se sume Vandenbroele al Programa de Protección de Testigos e Imputados, sino el juez a cargo del caso, “luego de que manifestara ante un fiscal su intención de aportar información”. La ley, dijo “no atribuye potestad alguna al Ministro de Justicia para ordenar medidas de protección ni para determinar los gastos con los que serán sostenidas. Tales atribuciones resultan competencia del titular del Programa”, enfatizó.
“La Sra. Fiscal confunde a Vuestra Señoría obviando el carácter secreto del legajo”, afirmó Garavano, y argumentó que “sobre esa omisión construye un relato en el que me responsabiliza de actividades realizadas en el marco de la protección prestada a un imputado en las que no tuve participación”.
El exministro dijo que la fiscalía para darle un carácter extraordinario al pago “para provocar un golpe de efecto”, ordenó pruebas que, aún cuando fueron aportados de manera parcial por el Ministerio de Justicia, y “valorada sesgadamente”, demuestran que “la actividad llevada a cabo en el cuestionado legajo importó erogaciones similares al promedio de los gastos en otros legajos, y aún menores”.
Soria había dicho por Twitter: “Garavano compró el testimonio de Vandenbroele y le pagó con un hotel. Lo hizo mediante el Programa de Protección de Testigos, dirigido por Francisco Lagos. Lo que no sabíamos es que el día que Vandenbroele entró al Programa, Garavano y Lagos estuvieron con Macri en la Rosada”.
Garavano dice que “esto es una acabada prueba de la absoluta intencionalidad de las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación respecto de este expediente, y un elemento que V.S. debe tener especialmente en cuenta al momento de tener que nutrirse de información de ese Ministerio, cuyas autoridades, por sesgadas y parciales, no son confiables”. Y aclaró que esa reunión de coordinación en la Casa Rosada se realizó por otros temas y que participaron numerosas personas.
Pedido para que citen a Soria
Con estos elementos, Garavano pidió al juez que cite al ministro Soria como testigo, ya que entiende que sus dichos son “mendaces” y pidió escuchar a Santiago Eguren, director nacional del Programa de Protección de Testigos e Imputados, a José Guerrero y Carlos Walter, directores del Ministerio de Justicia que asistieron a la reunión de coordinación del 13 de noviembre de 2017, “quienes desvirtuaran las mendaces afirmaciones del ministro Soria” y de “Martín Bohmer y Gustavo Marino, directores nacionales del Ministerio de Justicia, quienes podrán explicar la dinámica de otras reuniones de coordinación convocadas”.
La fiscal Paloma Ochoa pidió la indagatoria del exministro, pedido que está sin resolver. No obstante, Garavano presentó el escrito para “formular las aclaraciones de los hechos” y ofrecer prueba.
En 2020, en una entrevista con LA NACION, Vandenbroele dijo que era mentira que hubiera recibido un trato preferencial del gobierno macrista. “Si alguien me pagó, fue el grupo de Boudou”, afirmó entonces.
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