El miembro del Tribunal Oral Federal Germán Castelli y uno de los jueces que el Gobierno quiere mover de su cargo, junto con Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dijo esta tarde en La otra vuelta, por LN+, que de ratificarse la decisión, se trataría de una "clara derrota jurídica".
Si la Corte Suprema de Justicia hace un guiño al Poder Ejecutivo y habilita los traslados, hasta que se cubran las vacantes los jueces regresarían a los puestos que ocupaban hace dos años. Respecto a este escenario, Castelli expresó: "De ser así, nuestro juicio convalidaría lo que sería una especie de remoción a plazo, perdería mi calidad de juez titular y pasaría a ser juez subrogante, que es débil por naturaleza".
No obstante, el magistrado manifestó que con su abogado, Germán Alfaro, no creen que esto vaya a ocurrir porque justificó que existen datos objetivos que demuestran que los traslados son definitivos.
"La última palabra la tiene la Corte Supresa, pero eso no quita que con mi abogado Germán Alfaro estemos muy confiados en nuestra postura jurídica que, por lo que entendemos, está apoyada en pruebas muy contundentes, incluso con apoyo de federaciones internacionales de jueces y el dictamen del Procurador General de la Nación", agregó.
La Corte pospuso ayer una decisión final sobre el caso de los camaristas y, en principio, demorará unos días más, según dicen en los Tribunales. Consultado sobre esta decisión, Castelli opinó: "Están en su derecho a tomarse unos días para resolver un tema que tiene mucho impacto institucional republicano".
Por ultimo, consideró que las interferencias del poder político ocurren a diario dentro del Poder Judicial y las calificó como "gajes del oficio", por lo que buscó quitarle dramatismo a esta causa que involucra al Consejo de la Magistratura, al Poder Ejecutivo y al Senado de la Nación.
"Las interferencias del poder político ocurren, no debemos dramatizar. Lo que pasa es que los jueces y juezas ponemos límites, debemos hacerlo, y eso no tiene ninguna incidencia en administrar justicia con fortaleza, prudencia y coraje", manifestó.
Y concluyó: "El día que sienta que no puedo hacer mi trabajo, simplemente me voy, renuncio. Este es el trabajo que a mi me gusta hacer, se que es difícil, pero para mí es un gran honor juzgar a mi conciudadanos y conciudadanos sobre la vida, la libertad, el honor y el patrimonio. De acuerdo a la Constitución Nacional. Cada persona rica, pobre, débil o poderosa que ingrese a mi sala de audiencia tendrá un juicio justo y no nos va a temblar el pulso en declarar su inocencia o su culpabilidad".
LA NACION