Gerardo Morales pidió condenar a siete años a Milagro Sala y mandarla a la cárcel en Salta

Luego de que la Justicia federal de Jujuy rechazó un pedido de Milagro Sala para declarar prescrita una causa en su contra, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pidió hoy que la dirigente social sea condenada a siete años de cárcel, la pena a la máxima de prisión efectiva por el delito de daños y amenazas, por una violenta manifestación su contra realizada en 2009. El mandatario también planteó que la líder de la Tupac Amaru sea trasladada a la cárcel federal General Güemes, de Salta.

Sala, se encuentra cumpliendo arresto domiciliario y tiene una condena firme en su contra de dos años de prisión en suspenso por el delito de amenazas contra unos policías, a los que llamó por teléfono para decirles que iba a incendiar la comisaría, según el fallo que confirmó la Corte jujeña.

Esta es otra causa diferente. En este expediente se analiza lo ocurrido en 2009 cuando Morales, en ese entonces senador nacional, concurrió a Jujuy junto con el entonces titular de la AGN Leandro Despuy y fue objeto de una violenta manifestación donde hubo daños y amenazas. Sala fue juzgada como la promotora de este escrache.

La Justicia federal de Jujuy la condenó el 3 de febrero de 2017 a la pena de tres años de prisión en suspenso por el delito de daño agravado y la exoneró por el delito de amenazas.

No obstante ello, Morales –que es querellante en la causa pues fue objeto de la protesta– insistió y recurrió esa condena ante la Cámara Federal de Casación Penal. La Sala IV del tribunal ratificó el 22 de junio de 2017 la sentencia de tres años de prisión de ejecución en suspenso por el delito de daño agravado, pero revocó el sobreseimiento de Sala por el delito de amenazas.

Asimismo, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani rechazaron los recursos de casación interpuestos por las defensas Milagro Sala y María Graciela López y confirmaron la sentencia dictada el 3 de febrero de 2017 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, por medio de la cual se condenó a Sala y López a las penas de tres años de prisión cuya ejecución se dejó en suspenso, por resultar instigadora y coautora, respectivamente, del delito de daño agravado. En esa sentencia y por el mismo delito, se condenó a Gustavo Ramón Salvatierra a dos años de prisión cuya ejecución de la pena se dejó en suspenso; este imputado no recurrió la sentencia.

Asimismo, el máximo tribunal penal del país hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el gobernador Morales y revocó los sobreseimientos por prescripción de la acción penal dictados a favor de Sala, López y Salvatierra, por amenazas, y ordenó que el Tribunal Oral de Jujuy dictara un nuevo fallo por los dos delitos.

La defensa de Milagro Sala recurrió entonces a la Corte Suprema de Justicia para intentar revocar esta decisión, pero el máximo tribunal el 27 de noviembre de 2018 rechazó este recurso de queja, porque no iba dirigido contra una sentencia definitiva. El fallo llevaba la firma de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

Desde 2018 el asunto quedó paralizado en el Tribunal Oral Federal de Jujuy, que no dictó una nuevo fallo por los dos delitos. Milagro Sala trató de impedirlo, aprovechó el paso del tiempo y dijo que el caso ya estaba prescrito, por lo que no correspondía dictar una nueva sentencia.

Pero el viernes pasado, los jueces del Tribunal Oral Federal de Jujuy, Mario Juárez Almaraz, Alejandra Cataldi y Liliana Snopek, rechazaron el pedido de prescripción de la acción penal por daño agravado y amenazas coactivas. Señalaron que actuar en contrario sería “alterar la armonia” entre el derecho de la sociedad a defenderse del delito y el del individuo sometido a proceso.

Fue en ese marco que Morales presentó hoy un pedido para que, ahora sí, Sala sea condenada a una pena de cumplimiento efectivo que combine los tres años en suspenso más los cuatro por amenazas, que es la pena máxima para este delito.

En su escrito, solicita además que la dirigente piquetera sea trasladada a la cárcel de General Güemes en Salta, el penal federal más cercano, para que cumpla allí su condena.

“Sala intentó una maniobra para buscar su impunidad. No presentó ninguna evidencia de su inocencia”, dijo el abogado de Morales Luciano Rivas a LA NACION.

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