Gerardo Morales acusó al Gobierno de retacearle presupuesto alimentario a las provincias para dárselo a las organizaciones sociales

La discusión en torno a la administración de la política social tuvo un nuevo capítulo este fin de semana, cuando el gobernador de Jujuy y titular nacional de la UCR, Gerardo Morales, denunció que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación “transfiere” a las organizaciones sociales el doble de dinero de lo que el mandatario asegura invertir, a lo largo de todo el año, en concepto de asistencia alimentaria a comedores de su provincia.

“En los últimos siete meses, a Jujuy mandaron $2800 millones para alimento, mientras que otros $6500 millones fueron para el Potenciar Trabajo, que lo cobran 50.000 personas”, precisó Morales en diálogo con LA NACION. “Entonces, la proyección hasta fin de año es que, en alimentos a las organizaciones sociales, le van a dar $5000 millones, el doble de lo que yo voy a gastar este año para dar a de comer a 153.000 chicos”, resaltó.

Es que, según apunta un informe confeccionado por el comité nacional de la UCR, entre el 1 de enero y el 27 de julio de este año el gobierno nacional le transfirió al conjunto de las provincias $16.592 millones a través de distintos programas (Fortalecimiento a Comedores Escolares, Acompañamiento en Situaciones de Emergencia, Proyecto de Vulnerabilidad Social, entre otros) que forman parte del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Juan Zabaleta. Mientras que, durante ese mismo período, la gestión del Frente de Todos ejecutó la suma de $332.574 millones en concepto de Transferencias Directas a Personas “a través de organizaciones sociales”.

“De ese monto total, $172.302 millones corresponden al programa Potenciar Trabajo y los restantes $143.020 a alimento directo otorgado a las organizaciones sociales. Es decir que lo que van a manejar las organizaciones sociales hasta fin de año en la provincia va a llegar a la cifra total de 700.000 millones, entre Potenciar y programas alimentarios”, esbozó Morales, quien aseguró que la información la adquirió de la Auditoría General de la Nación (AGN).

“¿Cómo yo, para atender a 153.000 chicos, voy a gastar 2500 millones en todo el año, y ellos van a gastar, en ese mismo período de tiempo, 5000 millones para atender a 50.000 personas?”, continuó quejándose el dirigente radical, para después enfatizar: “Van a gastar el doble para darle de comer a un tercio de a los que yo les doy de comer. ¿Qué hacen con el dinero?”.

La conclusión a la que arriba Morales es que esos números no hacen más que explicar la existencia de un “Estado paralelo” que, según la UCR, “se fomentó sin control”. Y que tendría como su principal expresión “la pelea en la calle por el manejo de los recursos públicos entre las organizaciones sociales”.

“Es paradójico que Cristina Kirchner hable de que hay que empoderar a los gobiernos provinciales, si cuando yo hablé al ministerio me dijeron que el tema alimentario lo maneja exclusivamente La Cámpora”, lanzó el referente del radicalismo, en alusión indirecta a la secretaria de Inclusión Social del ministerio de Desarrollo Social, Laura Alonso, de cuya órbita depende el conjunto de las políticas vinculadas a los comedores barriales.

Respuesta oficial

Desde la cartera que encabeza Juan Zabaleta no tardaron en salir al cruce de las acusaciones de Morales. Consultado por LA NACION, el viceministro Gustavo Aguilera calificó de “parciales” los datos dados a conocer por el mandatario provincial. Y aclaró que, además de que Nación “no reparte alimentos secos entre a las provincias”, apenas el 6% del total de los fondos destinados a las políticas alimentarias se encuentra intermediado por las organizaciones.

En ese sentido, el funcionario advirtió acerca de un dato que los dichos del gobernador jujeño habrían pasado por alto: que el 40% del presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Social se destina a la Tarjeta Alimentar, beneficio que perciben más de 2.400.000 personas a lo largo de todo el país.

“Es la inversión más grande que tiene el ministerio y va sin discriminación alguna, de forma directa a las familias de todas las provincias del país. Eso es una muestra de transparencia, de no discriminación y de una política más cercana a la gente”, sostuvo Aguilera, quien precisó que “en el caso de Jujuy llega a unas 53.000 familias, lo que equivale a aproximadamente a unos $600 millones mensuales”.

Además, el segundo de Zabaleta destacó dos medidas tomadas en el último tiempo por su cartera que, a su entender, tuvieron “un impacto importante” en todo el territorio del país. Por un lado, la actualización de su monto en un 50% (las familias con un hijo cobran $9000 pesos; las que tienen dos hijos, perciben $13.500, y $18.000 las familias con tres hijos o más menores de catorce años de edad). Y, por el otro, su incorporación a la Asignación Universal por Hijo (AUH), que habilitó a las familias a comprar con débito o disponer del dinero en efectivo extrayéndolo del cajero.

“Esto lo que permitió es que, en las provincias más alejadas de la Argentina, la gente tenga la posibilidad de comprar con una mirada más local, ya sea en ferias, en mercados locales, en el comercios de cercanía, y no dependa de tener un supermercado cerca para utilizar la plata”, expresó Aguilera.

Articulaciones

En tanto, el viceministro de Desarrollo Social tampoco se privó de responder las palabras de Morales que dan cuenta de un supuesto “Estado paralelo” encarnado en los movimientos sociales y fortalecido por el Gobierno. “La matriz de la actual política social, en la que adquieren mucho protagonismo las organizaciones sociales, fue diseñada y aplicada por el gobierno de Cambiemos, del cual Morales y el radicalismo fueron parte”, retrucó.

Aguilera relató que “muchos intendentes opositores, cuando hablan con nosotros, nos cuentan que el gobierno anterior no los asistió nunca”. Y que, al contrario de lo que afirma el gobernador de Jujuy, la gestión de Zabaleta “está poniendo al Estado en un rol de contralor” a partir de iniciativas como la presentada oficialmente en enero de este año, que le permite a los beneficiarios del Potenciar Trabajo elegir “libremente” en qué unidad ejecutora contraprestar.

“La idea es que la gente no sea rehén de ninguna organización o municipio y que pueda elegir dónde trabajar. A eso hay que sumarle lo que estamos coordinando con las universidades y con las provincias para darle un lugar más protagónico al Estado”, señaló Aguilera. Según indicó, el convenio firmado con el Ministerio de Educación, y que permite que las universidades públicas hagan “auditorías, certificación y evaluación” del programa social que cobran más de 1.200.000 personas, también va a llegar a la provincias de Jujuy.

“El ministro Zabaleta estuvo con todos los representantes del Norte Grande en la última reunión que tuvo lugar en Formosa, y dio información sobre lo que estamos haciendo con el Potenciar Trabajo. Esto el gobernador Morales lo sabe, porque estuvo ahí y le dimos una carpeta”, concluyó el viceministro.

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