Sobreprecios: Daniel Arroyo se apoya en incondicionales y un intendente para reemplazar a los echados
LA NACIONSantiago Dapelo
Mientras avanza con la descentralización de la compra de alimentos, Daniel Arroyo decidió que una persona de su máxima confianza y un hombre cercano al intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, ocuparán la Secretaría de Articulación de Política Social que quedó vacante tras el escándalo de la compra de alimentos con sobreprecios.
Erika Roffler, quien estaba a cargo de la Unidad Gabinete de Asesores, ocupará el cargo del desplazado Gonzalo Calvo, mientras que Gustavo Aguilera quedará como virtual número dos de esa secretaría y con línea directa con los intendentes del PJ bonaerense. Además, Mariela González quedó como Directora Nacional de Emergencia.
Roffler, según describieron fuentes oficiales, trabaja junto a Arroyo desde hace años. "Tiene experiencia en gestión", resaltaron cerca del ministro, que así busca dejar atrás la polémica que se generó con la compra de alimentos.
La función más importante de Roffler - que tiene una maestría en Estado y Género (Flacso) y un doctorado en Ciencias Sociales (UBA)- será la de cuidar la espalda del ministro para evitar que la batalla por el control de la plata que distribuye Desarrollo Social en concepto de compra de alimentos y transferencias directas a las organizaciones sociales vuelva a complicar la gestión de Arroyo.
Cercano al intendente Zabaleta, de Hurlingham, Aguilera fue presidente del PJ de San Fernando y desde el cambio de Gobierno ocupó la subdirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, bajo la órbita del Ministerio de Transporte. De larga trayectoria, fue subsecretario de Tierras durante la gestión de Felipe Solá y presidente de Instituto de la Vivienda con Daniel Scioli.
En ese sentido, el ministro, que recibió el respaldo del presidente Alberto Fernández, ya decidió que descentralizará la compra de alimentos y que dejará de utilizar los intermediarios.
Además, el escándalo dejó expuesta una disputa que debe administrar el ministro por el control de territorio y una caja millonaria de unos 60.000 millones de pesos entre los intendentes, especialmente del PJ bonaerense, La Cámpora y las organizaciones sociales.
Por Santiago Dapelo
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