Gastos reservados de la SIDE: el número que ilusiona a los opositores que buscan rechazar el decreto en Diputados

El primer termómetro sobre cómo vendrán los votos para la sesión especial del próximo miércoles en la Cámara de Diputados, convocada para rechazar el aumento de $100.000 millones los gastos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), se vio en la sesión de ayer y marca por ahora un registro de 135 legisladores que votarían por el rechazo del polémico decreto presidencial.

Este número surge del acta de una de las votaciones que se celebraron a lo largo de la maratónica sesión que tuvo como escenario la Cámara baja. En un momento del debate, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, hizo una moción para que se incorpore en el temario el decreto presidencial de la polémica; el oficialismo y sus aliados –Pro y un sector de la UCR- se resistieron y, por consiguiente, la moción de Ferraro no prosperó pues se necesitaba una mayoría agravada de votos: los tres cuartos de los diputados presentes.

Sin embargo, el resultado de la votación encendió todas las alarmas en el oficialismo: 135 legisladores votaron a favor de incorporar el DNU en el temario de la sesión (seis más que el quorum), mientras que otros 100 lo hicieron en contra. Hubo dos abstenciones y 19 ausentes.

La moción fue rechazada, pero los impulsores de la sesión especial celebraron en silencio. No solo porque el piso de los votos positivos augura la posibilidad de alcanzar el quorum en el recinto el próximo miércoles y rechazar el DNU. También porque, entre quienes se expresaron a favor, figuran legisladores que el oficialismo imaginaba como propios. Uno de ellos fue Álvaro González, el único de Pro que se atrevió a desmarcarse de sus compañeros de bloque. También las diputadas Carolina Píparo y Lorena Macyszyn quienes, si bien se muestran equidistantes del oficialismo, suelen acompañar las iniciativas libertarias.

Como era de prever, el kirchnerismo y los diputados de izquierda, al igual que los bloques promotores de la sesión especial votaron a favor: Encuentro Federal –incluido su conductor, Miguel Pichetto-, la Coalición Cívica y el puñado de diputados radicales que, encolumnados detrás de Facundo Manes, suelen cuestionar las políticas del gobierno libertario. Pero, en esta oportunidad, la grieta en el radicalismo se profundizó: más de la mitad de la bancada se desmarcó de su jefe de bloque –Rodrigo De Loredo, que votó en contra- y apoyó a los “rebeldes”.

Entre quienes votaron a favor figuran legisladores de diálogo fluido con el oficialismo, como es el caso de Karina Banfi. También acompañó el lote de diputados que responden al senador y jefe de la UCR Martín Lousteau. Julio Cobos, Fabio Quetglas, Mario Barletta, se sumaron a la partida. Francisco Monti –miembro de la comisión bicameral que controla los decretos presidenciales- y Martín Tetaz se abstuvieron.

El sector más dialoguista del bloque –en su mayoría radicales que responden a sus gobernadores- prefirió no sacar los pies del plato. Pese a que, hace diez días, el bloque en su conjunto había publicado un documento crítico sobre el aumento sideral en los gastos reservados para la SIDE, la conducción de la bancada –integrada por De Loredo, Soledad Carrizo y Pamela Verasay- y otra decena de legisladores decidieron acompañar al oficialismo luego de que éste, a último momento, accediera a convocar a la Comisión Bicameral de Inteligencia. Este cuerpo es el encargado de auditar los fondos reservados.

Tras meses de demora, finalmente esta comisión bicameral se constituirá el martes próximo. El oficialismo buscará con este trámite convencer a los diputados dudosos a que no concurran a la sesión opositora convocada para el día siguiente. Insistirá que, con la comisión de control ya en marcha, resulta innecesario voltear el decreto presidencial, pues los fondos serán auditados.

Los detractores del decreto replican que este es un pretexto dilatorio del Gobierno, que solo quiere ganar tiempo para que la SIDE pueda ejecutar rápidamente los gastos reservados que le fueron asignados antes de que el Congreso voltee el decreto. Sus advertencias no parecen retóricas: en solo tres semanas, el organismo ya devengó el 80% de los $100.000 millones que le fueron girados.

Las presiones desde la Casa Rosada ya comenzaron y serán insistentes en los días que restan a la sesión, aunque su cometido es difícil ya que, entre los 19 legisladores ausentes que figuran en el acta de votación, hay al menos una decena que votaría de buena gana por imponerle un límite al Gobierno.

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