Elecciones 2019: una auditoría detectó irregularidades en los gastos de campaña de Alberto Fernández y Mauricio Macri
PARA LA NACIONIván Ruiz
Aportantes insolventes, proveedores del Estado y concesionarios públicos que aparecen como donantes, y grupos económicos que superan el tope máximo para hacer contribuciones de campaña. Esas inconsistencias de las últimas elecciones presidenciales fueron detectadas por los auditores de la Cámara Nacional Electoral, que revisaron las cuentas del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio.
Después de dejar constancia escrita de esas irregularidades, los auditores de la Cámara Electoral recomendaron que la Justicia no apruebe los balances de financiamiento partidario de ninguna de las dos agrupaciones, según los documentos a los que accedió LA NACION. "No nos resulta posible aconsejar la aprobación del informe final hasta que se hayan subsanado las observaciones formuladas", escribieron.
La violación del tope máximo de donaciones permitidas que realizó el Grupo Aceitera General Deheza (AGD) es la principal controversia, una situación que atraviesa por igual a las candidaturas de Alberto Fernández y Mauricio Macri, ya que ese holding se convirtió en el principal aportante de ambas campañas, como había adelantado LA NACION apenas se hicieron públicos esos números.
"Se presume que las siguientes personas formarían parte de un mismo grupo económico, superando en su conjunto el importe máximo establecido", señalaron los auditores en referencia a distintas empresas del Grupo AGD que hicieron donaciones individuales menores a los nueve millones de pesos, que era el límite impuesto por la Justicia. Sin embargo, los fondos que el holding aportó, en total, para el Frente de Todos fueron $30 millones, y otros $25,5 millones para Juntos por el Cambio.
"Ninguna de los aportes de las empresas supera el máximo establecido por la ley. Son empresas independientes, con distintas personas jurídicas, lo que las habilita a realizar las correspondientes donaciones", explicaron fuentes que trabajaron en la campaña del Frente de Todos ante la consulta de este diario.
Para realizar los aportes, el grupo utilizó al menos ocho razones sociales distintas: Aceitera General Deheza SA, Aceitera Chabas SA, Niza SA, Oñatis SRL, Las Verbenas SA, Establecimientos Agropecuarios La Paz SA y La Paz Agropecuaria SA, según consta en el informe. Los auditores, además, agregan a la sociedad Grancor SA como parte del entramado. La Cámara Electoral detectó que, en algunos casos, las transferencias bancarias de cuatro de esas empresas fueron realizadas por la misma persona, el mismo día y desde el mismo banco.
Los auditores también señalan que un accionista del Grupo AGD participa de la empresa Nuevo Central Argentino SA, compañía que tiene la concesión del tren General Mitre desde 2009 por 30 años. Las restricciones de la ley de financiamiento electoral son amplias en cuanto a la relación de los aportantes con el Estado: prohíbe contribuciones de empresas concesionarias, contratistas de servicios u obras públicas, o proveedores de la Nación, provincias o municipios.
En ese amplio rango fijado por la ley de financiamiento ingresan una decena de empresas que donó a alguno de los dos principales partidos y que mantenía alguna relación con el Estado, así como otra decena de aportantes indirectos, es decir, personas físicas que ocupan altos cargos en empresas que entran en alguna de las categorías antes mencionadas.
Además, la Cámara Electoral planteó en el caso de Macri, que durante la campaña se desempeñaba como presidente, que algunas de las empresas que donaron a su campaña tenían permisos emitidos por el Estado para operar puertos (LDC Argentina SA y PTP Warrant SA) y otras habían recibido beneficios del programa RenovAr, de energía eólica (Arre Beef SA y Frigorífico Gorina SAIF).
Los auditores también hicieron hincapié en un grupo de seis frigoríficos y empresas agropecuarias que hicieron aportes a Juntos por el Cambio por un total de $28 millones y que habían accedido a la cuota Hilton, un cupo de fondos que reparte el Estado entre exportadores de carne vacuna.
Por último, los auditores señalaron una decena de personas físicas cuyo nivel de insolvencia es considerado alto por las autoridades y que, difícilmente, podrían realizar esa donación de dinero a las campañas electorales. Kopotec SRL, por ejemplo, aparece en los registros públicos de la auditoría como "deudor irrecuperable", pero aportó un millón de pesos a la campaña de Fernández. Desde el equipo de campaña del Frente de Todos aclararon que el aporte de esta empresa se recibió a través de una transferencia bancaria y, en consecuencia, su trazabilidad está asegurada.
La Cámara Electoral también detectó en la alianza oficialista a cientos de empleados públicos entre los donantes: hubo 19 empleados del municipio bonaerense de Almirante Brown que aportaron exactamente $14.500 cada uno.
La resolución de la Cámara Electoral ya tiene antecedentes. La jueza María Servini no aprobó todavía los balances de la campaña presidencial de 2015, después de que las auditorías detectaran distintas irregularidades en el financiamiento partidario de Macri y de Daniel Scioli. En base a estos informes, la jueza deberá ahora resolver si los balances de la última campaña presidencial siguen el mismo camino.
Por Iván Ruiz
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