Gasoducto Néstor Kirchner: polémica por la consulta del gobierno neuquino a los mapuches para avanzar con la obra
Las autoridades provinciales arrancaron esta semana los encuentros con las comunidades aborígenes que viven por donde pasará la construcción; el gobernador Gutiérrez sostiene que busca “consensos” mientras que la oposición lo acusa de ceder ante la “extorsión”
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NEUQUÉN.- Un encuentro celebrado en Neuquén a comienzos de esta semana podría encerrar las respuestas para el avance de una obra fundamental para potenciar la producción gasífera en la Argentina a partir de las reservas de Vaca Muerta. El gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, mantuvo una reunión con las principales empresas petroleras y los referentes de las comunidades mapuches que habitan territorios que serán atravesados por la traza del gasoducto Néstor Kirchner, con el objetivo de elaborar un protocolo de consulta para crear consensos que permitan avanzar con los trabajos.
La necesidad de generar un protocolo para respetar la postura de las comunidades aborígenes no responde sólo a una inclinación del gobierno provincial, que atiende a las reivindicaciones de este grupo de la población. También está alineada a la necesidad de respetar el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a partir de un tratado que la Argentina acepta con rango institucional.
La ronda de encuentros recibió las críticas de la oposición, que consideraron que esta concesión a los reclamos de las comunidades era una forma de ceder ante la “extorsión” mapuche. El exsenador rionegrino Miguel Ángel Pichetto aseguró: “Lo único que falta es que haya que pedirles autorización a los mapuches para explotar el gas y el petróleo argentino”. Y pidió hacer valer la autoridad de las fuerzas de seguridad para imponer el orden.
Por su lado, Pablo Cervi, diputado nacional por Neuquén de Juntos por el Cambio y precandidato a gobernador, señaló que “el gobierno provincial está cediendo a las presiones de grupos que ya intentaron extorsionar al gobierno nacional y que no buscan más que beneficiarse con una obra que pertenece a todos los argentinos”. Sin embargo, fue más moderado al diferenciar los reclamos de los pueblos mapuche legítimos de aquellos más extremistas que sacan provecho de las reivindicaciones ancestrales para obtener un beneficio económico.
“Algunos de estos grupos que se adjudican las tierras sobre las que pasará el gasoducto son un puñado de vivos que menoscaban la imagen y los derechos de los pueblos originarios legítimos”, añadió Cervi.
Comunidades
En Neuquén, la Confederación Mapuche estima que uno de cada tres habitantes es descendiente de mapuches, aunque los datos del Censo 2022, que incluyen consultas sobre autopercepción étnica, podrían demostrar la verdadera influencia de las comunidades en la vida cotidiana de esta provincia.
Desde la Confederación también señalan que en Neuquén hay unas 64 comunidades originarias, que reclaman por su derecho ancestral a la tierra y que, en muchos casos, han ocasionado conflictos y hasta frenado la operación de las petroleras al exigir la restitución de su territorio y el cuidado del ambiente. Por eso, una consulta previa resulta necesaria para los gobiernos y también para los privados para garantizar la continuidad de las obras del gasoducto sin sobresaltos en el futuro.
Hasta ahora, la mayoría de los conflictos se resolvieron de manera informal, a partir de un reclamo por daños ambientales que inician las comunidades y que las petroleras aplacan con reparaciones económicas. Sin embargo, la construcción de esta obra por una inversión multimillonaria exige establecer protocolos formales, que solo tendrán en cuenta a las comunidades que tienen personería jurídica.
En ese contexto, el secretario de Desarrollo Territorial neuquino, Jorge Lara, será el encargado de continuar las negociaciones con las comunidades y, en ese escenario, la personería jurídica juega un rol fundamental. Hay unas 10 comunidades que no la obtuvieron, por lo que no son tenidas en cuenta para este tipo de reclamos.
Entre las comunidades no reconocidas formalmente por la provincia se encuentra Fvta Xayen, que reclama la posesión ancestral de unos terrenos ubicados a 18 kilómetros de la localidad de Añelo, por donde está prevista la traza del gasoducto Néstor Kirchner.
Territorios indígenas
Mientras que el gobernador Gutiérrez impulsa estos encuentros de consulta previa para construir consensos, desde las comunidades reclaman acelerar los avances en la ley provincial 26.160, de relevamiento de los territorios indígenas, para clarificar cuántas son las comunidades originarias reconocidas por el Estado neuquino y sobre qué territorios tienen la opción de reclamar derechos ancestrales.
Incluso con ese proyecto en pausa, el gobierno neuquino avanzó con la consulta previa. “Este protocolo viene a buscar mayor hermandad y mayor integración en nuestro territorio”, señaló Gutiérrez durante el encuentro. “No es poca cosa la que está pasando, pero no es para que nos quedemos, es para que construyamos los consensos y acuerdos; el protocolo es una idea que presentamos, no es una imposición de parte. El gobierno pone arriba de la mesa una idea, habrá que consensuar lo que dice la interpretación y también ponernos de acuerdo en lo que no dice”, expresó.
Por su parte, el werkén (vocero) de la zonal Xawvnko, Gabriel Cherqui, aseguró que en la reunión sólo se presentó una idea de trabajo y que la normativa es clara con relación a la necesidad de consultar a todas las comunidades, con o sin personería, ante una posible prospección o explotación de los recursos naturales en tierras indígenas que pueda significar un perjuicio para ese territorio.
“Para construir el gasoducto de Vaca Muerta es necesario un gran acuerdo nacional que contemple a todos los sectores involucrados. Por eso apoyamos el diálogo, siempre que sea dentro de los marcos de la ley y con organizaciones y actores de la sociedad civil que tengan la legitimidad para llevarlo adelante”, dijo el diputado Cervi. En ese sentido, el gobierno de Gutiérrez confía en que el protocolo de consulta previa se convierta en una herramienta para alcanzar esos consensos necesarios que garanticen la ausencia de conflictos durante la construcción de la mega obra, considerada como uno de los proyectos de infraestructura más importantes de los últimos 40 años en la Argentina.
Licitaciones
Mientras los reclamos de las comunidades generan tensiones, la licitación de la obra sigue avanzando. El pasado 25 de julio se abrieron los sobres de la licitación del renglón 2 de la obra, que incluye la construcción de 220 kilómetros de cañería que se extenderán entre el kilómetro 220 de la traza en La Pampa hasta el kilómetro 440, dentro de Neuquén. Para este tramo, las ofertas admitidas técnicamente fueron las presentadas por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Techint-Sacde y la de la firma BTU S.A.
Por su parte, el renglón 1, que corresponde a la construcción de 220 kilómetros de cañería que se extienden entre la conexión al sistema de TGS -en la Planta de Acondicionamiento Tratayén- hasta el kilómetro 220 de la traza del gasoducto, en La Pampa, fue adjudicado a la UTE Techint-Sacde. En tanto, el renglón 5, correspondiente a la Planta Compresora Mars 100 en la cabecera del gasoducto Mercedes-Cardales, en la provincia de Buenos Aires, fue adjudicado a Esuco S.A.
El descargo de Energía Argentina
Por su parte, Energía Argentina, la empresa estatal que construye el gasoducto, consultó al gobierno neuquino por información sobre las comunidades originarias afectadas por el proyecto.
Recibió una respuesta hoy. En un comunicado, el gobierno neuquino indicó que “no existen comunidades originarias registradas sobre el trazado informado”.
Según informaron las autoridades, el inmueble “cuenta con permiso de ocupación en favor de Rosa Guzmán, como continuadora de su padre Argentino Guzmán”.
“Asimismo, en relación a los siguientes tramos hacia el Este, los inmuebles afectados están fuera de dominio fiscal”, agregaron.
Por Sofía Sandoval
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