Garbarz, denunciado por falso testimonio

El ingeniero Ariel Garbarz, la cara visible del equipo que informatiza el material en poder de la comisión investigadora de lavado de dinero de la Cámara de Diputados, pasó de ser denunciante a denunciado.

El juez federal Gabriel Cavallo solicitó a la Justicia que lo investigue por los delitos de falso testimonio y estafa, en una causa en la que el técnico había afirmado que los teléfonos del Ministerio de Economía estaban intervenidos.

Luego de reunir testimonios de la Policía Federal y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNC) que pusieron en duda la idoneidad técnica de los métodos de Garbarz, Cavallo resolvió dos cuestiones: cerrar el caso por considerar que las líneas del área económica no estaban "pinchadas" y denunciar a Garbarz por mentiroso.

También quedó asentado en el expediente que Garbarz pidió a la Justicia que pagara la contratación del sistema informático que le había solicitado el juez para chequear sus afirmaciones.

Ahora, el ingeniero en telecomunicaciones trabaja para la Comisión de Lavado de Dinero junto a técnicos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue convocado para elaborar un software que permita a los legisladores cruzar la información sensible, remitida en cajas desde los Estados Unidos, y así detectar presuntas operaciones de lavado de dinero.

Pese a que Garbarz llegó de la mano de la presidenta de la comisión, la diputada Elisa Carrió (ARI), hubo sobradas resistencias a su ingreso. Hay diputados que aún miran con desconfianza el sistema informático que está poniendo en marcha y que, según él, terminará de instalar en pocos días. "Es un chanta ", sintetizan sus detractores.

Los legisladores que lo defienden sostienen, en cambio, que Garbarz cuenta con el respaldo de una institución oficial como la UTN, que tiene planes de asistencia informática con la administración pública y que, además, trabaja ad honorem.

"Preferimos manejarnos con aportes institucionales y evitar que nuestro trabajo se contamine con la actividad privada", explicó a La Nación una diputada aliancista.

Pero los problemas con la Justicia empezaron para Garbarz antes de su irrupción en la comisión. En enero de 2000, tenía un contrato con Economía -que fue rescindido un año después- para proteger los teléfonos de los funcionarios y chequear si existían líneas dudosas.

En uno de sus procedimientos, el ingeniero aseguró que los aparatos estaban "pinchados", por lo que el entonces ministro José Luis Machinea ordenó presentar una denuncia judicial que recayó en el juzgado de Cavallo.

Como testigo, Garbarz detalló ante el magistrado el procedimiento que había utilizado para llegar a esta conclusión. Supuso además que las intercepciones estaban "operando vía satélite" y que "estarían en el hemisferio norte".

Cavallo pidió a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a la CNC que chequearan las conexiones telefónicas. No hubo anomalías.

El oficial principal Eduardo de Francisci aconsejó entonces efectuar una nueva verificación física. Cavallo ordenó, según consta en la resolución, que la diligencia se realizara con los mismos aparatos de la primera inspección. Garbarz se hizo presente sin el instrumental requerido y se frustró la operación.

El ingeniero explicó su olvido con palabras más que elocuentes: "Esta es la tarea pericial que culminó el 5 de abril de 2000 con la presentación de la factura 212 por la suma de $ 36.300 a Economía (...) En esta causa el ministerio no solicitó mi designación como perito y en consecuencia no puedo realizar en carácter de colaboración un trabajo de semejante envergadura y costo a mi cargo (...) En caso de que VS ordene su utilización deberá realizarse esta erogación para la contratación del sistema".

Cavallo intimó a Garbarz a colaborar. La diligencia finalmente se concretó. Sin embargo, un informe de la Policía Federal sostuvo que "existiría una incompatibilidad entre el módem de Garbarz y la línea telefónica". La línea era digital, mientras que el módem sería para transmisiones analógicas. "Ese módem jamás transmitió ni recibió nada durante las pruebas de análisis", concluyó el peritaje policial.

El encargado de la central telefónica del ministerio, Walter Gastón Pagge, aportó otro dato: que Garbarz siempre usó un mismo interno digital. Con esta información, Cavallo clausuró la causa y convirtió al denunciante en denunciado.

"Esto me hace recordar los métodos de la Justicia de la dictadura -contestó Garbarz a La Nación -. En vez de investigar la denuncia, se investiga al denunciante." Y agregó: "Me llama la atención que el juez haya cerrado una causa en la que había muchos elementos".

El ingeniero trabaja como docente en la UTN con un equipo de especialistas que también detectó teléfonos pinchados en los ministerios de Trabajo, del Interior y de Educación. Ellos utilizan el mismo software cuestionado por el juez.

Garbarz no cosechó precisamente amigos durante su carrera informática. En la SIDE lo denuestan y estuvieron a punto de denunciarlo. Las telefónicas lo critican por convertir sus "denuncias en un gran negocio". Sus antiguos jefes, como Aníbal Ibarra o Fernando de la Rúa, tienen pésimos recuerdos de él. El secretario de Coordinación de Economía, Alfredo Castañón, lo despidió porque "no le convenía el servicio", dijo el funcionario a La Nación .

A Garbarz parecen no afectarle las críticas y se ubica en la categoría de cruzado por enfrentar a poderosos.

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