Ganancias: el costo fiscal del proyecto se eleva a $41.250 millones
La oposición de Juntos por el Cambio reclamó nuevos cambios, como la incorporación de los autónomos en la exención del impuesto; rechazo del oficialismo
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Las últimas modificaciones acordadas al proyecto de ley que modifica el impuesto a las ganancias, cuyo debate arrancó ayer en la Cámara de Diputados, no impactarán demasiado en el costo fiscal ya estimado de $40.000 millones previstos para este año. Según funcionarios de la AFIP y del Ministerio de Economía, las nuevas exenciones que se aplicarán al tributo –una vez aprobada la ley– le costarán $1250 millones extras al fisco.
Durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación del Trabajo –que presiden los diputados oficialistas Carlos Heller y Vanesa Siley–, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, exaltaron el carácter progresivo que tendrá el tributo, aunque desestimaron, por el momento, incorporarle nuevas modificaciones propuestas por la oposición. Entre ellas, que se contemple la situación de los trabajadores autónomos y que se aplique el índice de precios al consumidor (IPC) para actualizar el piso a partir del cual se debe tributar el impuesto.
El proyecto, presentado por el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, propone subir el piso, a partir de una deducción especial, para eximir del pago del impuesto a las ganancias a quienes tengan un salario bruto mensual de hasta $150.000 ($124.000 netos). Esta cifra se actualizaría cada año según la variación del índice Ripte.
Asimismo, la iniciativa prevé otorgarle al Poder Ejecutivo facultades para adecuar las deducciones en el caso de quienes tengan remuneraciones brutas de entre $150.000 y $173.000. Es decir que los asalariados que se ubican en esta franja pagarán el impuesto aunque en una escala menor –lo definirá el Poder Ejecutivo en la reglamentación de la ley– que aquellos trabajadores que superen los $173.000, que afrontarán las alícuotas más altas.
Este último punto generó críticas en la oposición de Juntos por el Cambio, que advirtieron sobre la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. “Que los salarios que apenas superen los $173.000 paguen alícuotas que irán del 27% al 35% hará regresivo el impuesto”, plantearon los radicales Luis Pastori y Alejandro Cacace, como así también de Luciano Laspina (Pro).
En los últimos días, el oficialismo accedió a incorporar cambios al texto del proyecto al sumar beneficios tales como la exención del aguinaldo, el plus patagónico, la retroactividad de la devolución de lo tributado por Estado al 1° de enero pasado y la inclusión de la deducción al concubino.
En el caso de los jubilados, el proyecto sube de 6 a 8 la cantidad de haberes mínimos a partir del cual este sector deja de pagar ganancias. El oficialismo incluyó modificaciones que permitirá flexibilizar el requisito para la deducción estableciendo un monto mínimo de ingresos para no perder el beneficio.
Por su parte, Marcó del Pont se refirió a los cambios en el régimen de monotributo, el cual se va a discutir en conjunto con la nueva ley de Ganancias. El proyecto del Poder Ejecutivo establece, en líneas generales, una actualización de las escalas en un 35% y dispone un mecanismo de incentivos fiscales para el pasaje entre este régimen simplificado y el general para que el salto tributario entre un esquema y otro no sea tan abrupto.
La funcionaria justificó la necesidad de modificar el régimen simplificado de monotributo. “No está funcionando equitativamente porque hay pequeñas, micro y medianas empresas que están en el General y otras que están todavía en el monotributo a través del ocultamiento de ingresos”, insistió.
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