Galvarino Apablaza Guerra, el exguerrillero chileno refugiado en la Argentina por el que Gabriel Boric le reclamó a Alberto Fernández
Está acusado por el asesinato en 1991 de un senador en Santiago; le reconocieron la condición de refugiado en el kirchnerismo, Macri la revocó y el chileno ahora discute su caso en la Justicia
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LA NACIONHernán Cappiello
La situación del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza Guerra, con pedido de captura en Chile por el asesinato de un senador en 1991, y reconocido como refugiado por la Argentina, fue uno de los temas de las conversaciones privadas que mantuvieron el presidente Alberto Fernández con su colega chileno, Gabriel Boric. El mandatario chileno dijo que a pedido de la oposición de su país le planteó a Fernández su preocupación para que se active la extradición. El argentino le contestó que todo está en manos de la Justicia.
Y así es. Apablaza Guerra, exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), está acusado de ser uno de los autores materiales del crimen del fundador de la Unión Democrática Independiente (UDI), Jaime Guzmán, agrupación entonces ligada al pinochetismo, quien murió el 1 de abril de 1991 tras un atentado en su contra. También fue señalado por el secuestro de Christian Edwards del Río, hijo de uno de los dueños del diario El Mercurio, de Santiago.
Apablaza Guerra vive en la Argentina desde 2003, en una casa quinta del oeste bonaerense con su mujer y tres hijos. Fue detenido en 2004 y pero al poco tiempo recuperó la libertad.
La Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) le reconoció a Apablaza Guerra en 2010, en el gobierno de Cristina Kirchner, el status de refugiado político. Entendió que fue una víctima de la dictadura militar chilena, que fue torturado y había un temor fundado de que en caso de ir a Chile sufriera consecuencias.
La mujer de Apablaza Guerra trabajaba en la Casa Rosada durante la gestión kirchnerista. Y el propio exguerrillero participó en actos del kirchnerismo poco después de que se le reconociera su estatus de refugiado.
La Conare está integrada por funcionarios de los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Justicia, de Seguridad y de Desarrollo Social, además del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (Inadi), del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y de una ONG sin fines de lucro (estos dos últimos participan con voz pero sin voto).
Durante el Gobierno de Mauricio Macri a Apablaza Guerra le fue revocado ese estatus de refugiado. Con el asesoramiento de la Defensoría General de la Nación, Apablaza Guerra cuestionó esa decisión administrativa ante la Justicia, en el fuero contencioso administrativo federal. Por eso es que el caso del status de refugiado está en manos de los tribunales, en un juzgado de primera instancia, sin que se haya resuelto el asunto. Mientras permanezca en vigor esta situación, no puede ser extraditado.
Rodolfo Yanzón, abogado de Apablaza Guerra en el expediente por la extradición aseguró a LA NACION: “El macrismo y la UDI presionaron para lograr la extradición. A la persecución de la UDI se sumó el macrismo. Toda manifestación de la UDI sobre Apablaza Guerra corrobora la persecución en su contra con el fin de reivindicar a Jaime Guzmán, socio de Pinochet. Apablaza tiene status de refugiado según la Convención Internacional y debe respetarse”. El abogado le pidió a Boric que “no les haga el juego”.
En cuanto a la causa penal contra Apablaza Guerra, el entonces juez Claudio Bonadio le denegó la extradición en 2005 y el caso llegó a la Corte, que en 14 de septiembre de 2010 revocó esa decisión y autorizó la extradición a condición de lo que decidiera la Conare sobre la condición de refugiado. En la resolución, la Corte señaló que es el Poder Ejecutivo quien decide sobre la extradición, según lo dispuesto en la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, que establece: “Ningún refugiado podrá ser expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, incluido el derecho a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
No obstante, la Corte dijo que el caso de Apablaza Guerra no es un delito político. “Cualquiera sea el criterio que se adoptara para definir un delito como político, esta característica de ninguna manera se exhibe en la especie. La materialidad de los hechos -homicidio agravado y secuestro extorsivo-, una de cuyas víctimas revestía la condición de funcionario del Estado, no permite suponer, per se, que se trate de un delito de aquella naturaleza”, dijo la Corte y agregó: “Hechos de esta naturaleza son ajenos a la tradicional noción de delito político, cuyo trato favorable desde el punto de vista de la extradición se funda en la circunstancia de que esta clase de infracciones lesionan exclusivamente el régimen interno de los gobiernos y encuentran su inspiración en móviles altruistas”.
Ahora. la UDI en Chile pidió a Boric que interceda ante Alberto Fernández para hacer efectiva esa extradición, pero mientras se siga discutiendo en la Justicia si persiste el estatus de refugiado de Apablaza Guerra, todo seguirá como hasta ahora.
Por Hernán Cappiello
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