Quién es Roberto Andrés Gallardo, el juez que inoportuna al gobierno porteño y admira al Che Guevara

El juez contencioso administrativo porteño Roberto Andrés Gallardo, de 57 años, entiende que su función es ponerle límites a los gobiernos de la Ciudad y velar por la legalidad de su resoluciones. “El norte es la vigencia de la Constitución de la Ciudad y ese es el problema que tuvieron los gobiernos, por no querer ceñirse a su letra”, explica el juez que sigue siendo el más combativo de sus colegas, como hace 20 años cuando se convirtió en la piedra en el zapato de todos los jefes de Gobierno porteño, desde Aníbal Ibarra que lo tildó de Luis XIV y le promovió un juicio político hasta Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

Se define como de izquierda, con las mismas ideas de hace 20 años, aunque aggiornadas. En su despacho permanecen imágenes de Lenin, el Che Guevara, Salvador Allende, Alfredo Palacios, Hebe de Bonafini y algunas cruces. Con su cabeza rapada a cero, Gallardo está por estos años identificado con la palabra del papa Francisco y sus encíclicas.

Gallardo es presidente del Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina franciscana que inspira el Papa. En 2020 fue uno de los expositores y moderadores en un congreso de ese Comité, que fue presidido por Francisco. Se trata de una organización de jueces que el Papa auspicia y promueve en defensa de los derechos sociales.

De hecho, Francisco le envió a Gallardo una carta manuscrita en la que le señala que "no hay democracia con hambre, ni desarrollo con pobreza, ni justicia con inequidad". Y por su intermedio saludó a sus colegas jueces para darle "apoyo a su labor cotidiana por la libertad y la dignidad humana".

"Cuando la irracionalidad y la violencia pretenden ser proyectos políticos y ocupan cargos de Gobierno, nada mejor que un Poder Judicial fuerte y honesto, comprometido con el ser humano y el planeta, para impedir la anomia, la degradación y el descarte", le escribió Francisco.

La relación con la Justicia

Gallardo mantiene su perfil. “A esta altura de mi vida no lo voy a cambiar, sigo en la misma línea”, le dice a sus amigos. Abogado egresado de la UBA en 1989, con una maestría en abogacía estatal, exdefensor General Adjunto de la ciudad de Buenos Aires y juez desde 2000. Fue director de la Carrera de Abogacía de la Universidad Madres de Plaza de Mayo hasta 2008 y Profesor Adjunto regular de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la UBA. Publicó cinco libros sobre derecho, el Estado y los dos últimos se refieren al papa Francisco y los Derechos Sociales y la doctrina Franciscana.

Padre de tres hijas grandes y con tres nietos, siempre es autor de fallos controvertidos. Aunque después de 20 años logró una relación mas pacífica con sus colegas y con la Cámara del fuero que, según las salas, suele revocar o confirmar sus sentencias. Aunque a diferencia del pasado, ahora priman los buenos modos y huelgan los adjetivos.

Durante la gestión de Aníbal Ibarra, Gallardo decidió embargar 1000 millones de pesos de las reservas porteñas para obligar al Gobierno a pagar un subsidio a los hijos de los cartoneros. Luego, con Macri, le ordenó reincorporar a 2400 trabajadores cesanteados. “Mi objetivo es contribuir a generar un modelo de sociedad más justo”, justificaba por aquel entonces, mientras cebaba un mate en su despacho.

Gallardo estuvo detrás de casi toda resolución judicial que, de uno u otro modo, "molestó" al Poder Ejecutivo de la ciudad: los embates contra los casinos y las tragamonedas, la clausura del predio de la Rural a poco de la iniciación de la exposición ganadera o la intervención por el déficit edilicio en escuelas públicas.

Su ultimo choque con Macri fue cuando, a finales de 2018, declaró inconstitucional en la Ciudad el protocolo de uso del arma de fuego que la entonces ministra nacional de Seguridad, Patricia Bullrich, determinó para las fuerzas federales. Prohibió la vigencia de la norma que permitía a los agentes federales disparar sin necesidad de dar la voz de alto o de responder una agresión armada.

Gallardo se convirtió el año pasado en protagonista del regreso a clases en medio de la pandemia al convocar a una audiencia a los ministros porteños de Salud, Fernán Quirós y de Educación, Soledad Acuña. Abrió un registro y citó a gremios y a los que quieran hacer oír su voz a una audiencia virtual antes de decidir en un amparo presentado por un sindicato docente para impedir el regreso a clase.

En abril de este año, ordenó suspender el Sistema de Reconocimiento Facial (SRFP) en la ciudad de Buenos Aires. En el dictamen, que se originó a partir de la detención de una mujer que no debía estar en el listado de prófugos, se señala que el gobierno porteño tuvo una “conducta ilegítima y arbitraria”. Tres meses después, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) hizo lugar a una recusación en su contra planteada por el gobierno porteño y lo apartó de la causa.

Esta semana volvió a protagonizar un cruce con las autoridades porteñas. Durante la noche del lunes, intimó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a liberar de policías locales la casa de Cristina Kirchner y sus alrededores. Argumentó que la custodia de la vicepresidenta está en manos de las fuerzas federales y le otorgó a ese cuerpo la potestad de decidir sobre los operativos en la zona. La Ciudad adelantó que apelará el fallo y advirtió que, por ahora, no lo acatará.

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