Fuerzas Armadas: la denuncia por maniobras ilegales en la rendición de gastos de las PASO llega a $185 millones

Faltan pocos días para las elecciones nacionales del domingo y las cuentas por los gastos que demandó la organización de las PASO no están del todo claras. La Justicia investiga presuntas irregularidades en el Comando General Electoral, que depende del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, presentada por un militar en actividad que advierte sobre posibles anomalías en 154 transferencias a proveedores y organismos, que en conjunto suman $185 millones.

La denuncia surgió en el Estado Mayor Conjunto, cuando el teniente coronel Gustavo Alejandro Chávez Leguina, tesorero del Comando General Electoral, responsabilizó a su superior inmediato, el coronel Raúl Alberto García, por la presunta duplicidad de transferencias a proveedores y de viáticos. El militar también denunció la sustracción de una carpeta con documentación.

Preventivamente, con miras a la elección, el Estado Mayor Conjunto apartó de sus funciones al denunciante y al acusado, hasta tanto la justicia deslinde responsabilidades, informaron a LA NACION en el organismo militar.

El presupuesto del Comando General Electoral ascendió a más de $1100 millones en las primarias abiertas y las rendiciones que despertaron la desconfianza del tesorero llegan a $185 millones, según pudo saber LA NACION, aunque esas observaciones aún no fueron probadas en la causa judicial.

Frente a las acusaciones por una posible duplicación de pagos, en el Estado Mayor Conjunto aseguraron que “todo fue peritado y el informe técnico final fue elevado a la Justicia”. Indicaron, además, que “no se detectó ninguna anormalidad en los ítems denunciados” y señalaron que se realizaron más de 8900 pagos y hubo seis que se ejecutaron en forma errónea, pero enseguida fueron reintegrados.

Rendición de gastos

En su denuncia, el oficial Chávez Leguina, de 45 años y formado en la especialidad de Intendencia del Ejército, objetó las rendiciones de gastos, luego de advertir que se libraron órdenes de pago sin cumplir con las exigencias legales previstas. Después de presentar la denuncia pidió una licencia sanitaria.

Fuentes cercanas al militar consideraron excesivo el pago de $57,5 millones a la empresa Plusmar por servicios de transporte de personal y material electoral y alertaron sobre una presunta duplicación de gastos y subcontrataciones, lo que no estaría permitido en el pliego de condiciones. Citaron, además, dos transferencias idénticas de $946.292,92 ($1.892.585,89 en total) a la Fuerza Aérea Argentina los días 1 y 9 de septiembre, ambas en concepto de viáticos en Chubut, y otros dos pagos de $168.019,09 a la Gendarmería nacional (un total de $336.038,18), los días 30 de agosto y 10 de septiembre.

Otros gastos llamativos, según la denuncia, serían los $51.814.819,91 por kits sanitarios contratados a Unolex SA, entre el 23 de agosto y el 21 de septiembre, y 41 transferencias por un monto total de $37.699.583,86 a la empresa Larocca Neumáticos SA, en los distritos de Entre Ríos, Catamarca, Mendoza, San Juan, Córdoba, Mar del Plata y Lanús, entre otros.

La fiscalía pidió medidas de prueba, que el Juzgado Federal N° 8, a cargo del doctor Marcelo Martínez de Giorgi, analiza y comenzó a llevar adelante. Entre otras disposiciones, se requirió documentación que el Comando General Electoral, cuyo director es el general de división Martín Deimundo Escobal, puso de inmediato a disposición de la Justicia. “Todo está en regla”, insistieron en el organismo militar y lamentaron que el episodio de la denuncia provocara retrasos en distintas acciones que se debían llevar adelante con miras a la elección de este domingo.

Conflicto interno

“El tesorero notó irregularidades en el pago de las prestaciones, en favor de determinados proveedores, muchos de los cuales no presentaron las constancias requeridas para el cobro”, explicó una fuente cercana al militar que hizo la denuncia. La intervención de la Justicia fue el corolario de un conflicto interno entre ambos oficiales del Ejército, que se habría desatado cuando Chávez Leguina advirtió que su superior, el coronel García, lo “salteaba” y delegaba funciones en el protesorero, el capitán de corbeta Dalton Valenzuela.

En la denuncia se aportaron extractos bancarios para determinar el origen y el destino de las transferencias, que según Chávez Leguina eran aprobadas por los oficiales García y Valenzuela, a través del sistema de token, que se aplica con una tecnología digital. Aunque según la acusación existirían registros de envíos bancarios realizados por personal no autorizado.

El denunciante dijo que algunos transportes contratados para el traslado del personal asignado a la custodia y seguridad del acto electoral no cubrían las exigencias establecidas. “En vez de ómnibus con determinados estándares, mandaban micros escolares, pero cobraban por servicios de máximo confort”, graficó una fuente castrense.

Al margen del expediente judicial, Chávez Leguina responsabilizó a su superior García por un cuadro de hipertensión arterial, que derivó luego en una licencia por motivos de salud. Pero en el Estado Mayor Conjunto deslizan que el denunciante se habría retirado repentinamente del edificio del Estado Mayor Conjunto sin el permiso de su superior.

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