Fuerzas Armadas: aplican sanciones disciplinarias a dos militares por la rendición de gastos de las PASO

Con sanciones disciplinarias leves, las Fuerzas Armadas dieron por concluida la investigación administrativa de la denuncia sobre el manejo irregular de fondos en la rendición de los gastos de las PASO de septiembre de 2021. Por otra vía, se mantiene sin avances la causa judicial, que apunta a echar luz sobre los pagos a proveedores y organismos, por un monto que llega a $185 millones.

La denuncia por “gastos duplicados y erróneos” en la organización de las PASO, confiada al Comando General Electoral, a cargo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, había sido presentada en octubre pasado por el teniente coronel Gustavo Alejandro Chávez Leguina, un oficial en actividad que luego pidió licencia psiquiátrica.

Dos sanciones –de cinco y de quince días de arresto- fueron aplicadas al coronel Raúl García, jefe del servicio administrativo y financiero del Comando General Electoral y superior del denunciante Chávez Leguina (tesorero del organismo), por no haber adoptado mecanismos que permitieran “detectar o evitar pagos duplicados o erróneos”, explicaron fuentes militares. Se dispuso, además, una sanción de cuatro días de arresto al capitán de corbeta Valenzuela, protesorero del área.

Ambos oficiales ya cumplieron las sanciones y se presentaron en sus nuevos destinos, en el Estado Mayor Conjunto. Uno en la Dirección General de Personal y otro en el Comando Conjunto Antártico. El denunciante Chávez Leguina, en tanto, fue reubicado en el área de Ciberdefensa, tras ausentarse del organismo militar a raíz de la licencia médica durante el proceso administrativo.

“No hubo dolo, sino errores administrativos ya subsanados. Fueron tres pagos duplicados, realizados en forma bancarizadas y devueltos por cuentas oficiales de la Gendarmería Nacional y de la Fuerza Aérea. Habían sido detectados y se hizo la devolución por documentos públicos antes de la denuncia”, reveló a LA NACION una alta fuente militar.

“Se investigó con un perito y con un auditor y se comprobó que no existió delito alguno, sino faltas administrativas propias de un proceso que estaba en marcha y que comprendió más de 90.000 pagos”, explicó la fuente castrense, que atribuyó la denuncia a cortocircuitos en la relación de los oficiales García y Chávez Leguina, quienes tenían la función de velar por el manejo transparente en la rendición de las cuentas.

El Estado Mayor Conjunto, que conduce el teniente general Juan Martín Paleo, destinó más de 90.000 hombres y mujeres a la organización de los operativos de control y seguridad de las PASO. Presentada la denuncia, el organismo tuvo a su cargo la instancia administrativa en la esfera militar para deslindar responsabilidades y aplicar sanciones disciplinarias.

El proceso judicial sigue su curso, aún sin novedades, en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi.

El presupuesto del Comando General Electoral ascendió a más de $1100 millones en las primarias abiertas y las rendiciones que despertaron la desconfianza del tesorero llegaban a $185 millones, según pudo saber LA NACION.

Rendición de gastos

En su denuncia, el oficial Chávez Leguina, formado en la especialidad de Intendencia del Ejército, objetó las rendiciones de gastos y deslizó que hubo proveedores favorecidos, luego de advertir que se libraron órdenes de pago sin cumplir con las exigencias legales previstas.

Consideró excesivo, así, el pago de $57,5 millones a la empresa Plusmar por servicios de transporte de personal y material electoral y alerta sobre una presunta duplicación de gastos y subcontrataciones, lo que no habría estado contemplado en el pliego de condiciones.

“El tesorero notó irregularidades en el pago de las prestaciones, en favor de determinados proveedores, muchos de los cuales no presentaron las constancias requeridas para el cobro”, explicó una fuente cercana al militar que hizo la denuncia.

“Esto no solo no existió, sino que se pagaba una vez arribada la documentación requerida, una innovación en el pago. El denunciante confundió preeminencia con pago a cada proveedor que presentaba en regla la documentación”, respondieron autoridades militares al desestimar las acusaciones.

“Se hicieron más de 90.000 pagos por viáticos porque, por primera vez, se pagó a cuentas oficiales y a cada hombre o mujer de las Fuerzas Armadas y de seguridad”, insistieron en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En su exposición en el juzgado, el militar dijo que empezó a investigar al coronel García el 3 de agosto y el 5 de octubre presentó una denuncia verbal en el Comando Electoral. Le cuestionan en las Fuerzas Armadas que no haya acompañado documentación respaldatoria, como sí lo hizo 24 horas después en el juzgado.

“Investigó por sí solo, no advirtió a nadie y, cuando presentó la denuncia, lo hizo en forma verbal, sin documentos y 24 horas después por escrito en un juzgado, previa presentación de un parte psiquiátrico de un médico civil, en una copia por WhatsApp”, indicó la fuente, al desacreditar la acusación.

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