Fuerte respaldo empresario a la suspensión de Freiler y a que se investigue a los jueces
Seis entidades de jerarquía valoraron la ofensiva del Gobierno en un documento común titulado "Sin Justicia no hay República"
LA NACION
Un grupo de seis entidades empresarias de jerarquía dieron un fuerte respaldo a la suspensión del camarista Eduardo Freiler, sospechado por su crecimiento patrimonial, y apoyaron la ofensiva del Gobierno para que se investigue a los jueces.
Mediante un comunicado titulado "Sin Justicia no hay República", los empresarios celebraron la decisión del Consejo de la Magistratura de suspender al camarista Freiler por 6 meses para luego someterlo un juicio político.
"Es vital que la propia Justicia funcione de manera transparente para preservar la institución que el Juez representa, tomando las medidas necesarias para asegurar que todos los jueces cuya probidad esté objetivamente en duda, sean investigados y juzgados en forma rápida y efectiva , dentro del marco de la ley", dice un fragmento del comunicado. La Asociación Cristina de Dirigentes de Empresas (ACDE), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) suscribieron el documento.
El comunicado completo
Las entidades abajo firmantes, que promueven desde sus orígenes los valores y principios de comportamientos éticos y republicanos, expresan su visión sobre el correcto funcionamiento de la Justicia, como requisito indispensable para que haya República.
En tal sentido consideran que los Jueces, que tienen facultades para decidir sobre la libertad y el patrimonio de las personas, deben mantener comportamientos éticos ejemplares, sin sombra de dudas y ser referentes de ello para la sociedad toda.
Por tal motivo es vital que la propia Justicia funcione de manera transparente para preservar la institución que el Juez representa, tomando las medidas necesarias para asegurar que todos los jueces cuya probidad esté objetivamente en duda, sean investigados y juzgados en forma rápida y efectiva , dentro del marco de la ley.
De esta forma se generará la confianza necesaria de la ciudadanía en el Poder Judicial y por ende, el clima adecuado para el desarrollo de las empresas y la atracción de inversiones de largo plazo que generen empleo digno y sostenible.
LA NACION
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