Fuerte rechazo de los organismos judiciales a la reforma
LA NACION
Desde que empezó a discutirse hace dos semanas, la reforma del fuero federal penal que impulsa el gobierno de Alberto Fernández no ha hecho más que recoger críticas y severos cuestionamientos de la gran mayoría de los especialistas que expusieron ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado.
Hasta los invitados propuestos por el Frente de Todos señalaron errores en su concepción y coincidieron en afirmar que el proyecto lejos está de garantizarle a la ciudadanía un mejor servicio de justicia, más eficiente y veloz en su toma de decisiones, metas que asegura perseguir el Poder Ejecutivo con este proyecto.
Más aún, durante las cuatro audiencias celebradas hasta ahora en el Senado no fueron pocos los que advirtieron que la iniciativa tampoco colaborará en licuar el poder de los 12 jueces federales de Comodoro Py, principal objetivo de la reforma.
"Esto está fortaleciendo a Comodoro Py, la vuelta democrática sería lo contrario", sentenció la fiscal Mónica Cuñarro, una de las invitadas propuestas por el oficialismo para rechazar la ampliación a 23 de los juzgados federales con asiento en la Capital.
La misma idea esbozó Paula Litvachky, representante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y cuya participación en el debate también fue propuesta por el Frente de Todos.
"Este proyecto está centrado en una lógica de creación de juzgados que implica una mirada contraria al avance del sistema acusatorio" establecido por el Código Procesal Federal, cuya implementación en la región metropolitana pretende acelerar el Gobierno.
Algunas de las críticas fueron lapidarias, como la de la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien dijo que las disposiciones del proyecto responden "a un modelo antiguo", que se contradice con la pretendida intención de poner el peso de la investigación en los fiscales y que los jueces cumplan la tarea del control de las garantías constitucionales, tal como lo establece el sistema acusatorio adoptado en el Código Procesal Federal.
Pero también hubo voces de alerta por las "consecuencias indeseadas para la población" que tendrá el proyecto.
Fue lo que dijo la jueza Magdalena Laíño Dóndiz, integrante de la Cámara del Crimen, quien aseguró que el refuerzo del fuero federal porteño afectará a la Justicia nacional, que tiene a su cargo la persecución de los delitos más comunes que sufre la sociedad.
Las únicas voces que han defendido sin cortapisas el proyecto fueron funcionarios del Gobierno, como las ministras de Justicia, Marcela Losardo, y de Mujeres, Diversidad y Género, Elizabeth Gómez Alcorta; y la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, la exjueza y una de las fundadoras de la agrupación Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori.
A ellas se sumó un puñado de invitados de innegable militancia kirchnerista, para quienes la reforma viene a poner fin al manejo de la Justicia que, en línea con las denuncias de Cristina Kirchner, llevó a cabo la administración de Mauricio Macri.
"Acá no hay jueces de la servilleta, no hay posibilidad de nombrar jueces a dedo", sentenció Losardo en respuesta a las objeciones al proyecto de la oposición, que sostiene que la reforma apunta a favorecer la situación procesal de los dirigentes kirchneristas que enfrentan causas de corrupción en el fuero federal.
Por su parte, Garrigós de Rébori rechazó los cuestionamientos al costo fiscal que demandará la reforma. "Es poner el carro delante del caballo", aseguró.
Sin embargo, varios de los invitados destacaron las deficiencias presupuestarias y de infraestructura que atraviesa la Justicia, con edificios en malas condiciones y sistemas informáticos vetustos.
"Esta reforma es como si a un edificio de 18 pisos, con las bases a punto de derrumbarse, le construimos un piso más con zoom y pileta olímpica", fue la gráfica metáfora a la que apeló el secretario general del gremio de los empleados judiciales, Julio Piumato.
Tras la exposición de los 34 invitados al plenario de comisiones, el panorama para la reforma no parece alentador.
De hecho, varios senadores del oficialismo se muestran preocupados por el fuerte rechazo que genera al proyecto.
De todas maneras, no será esta la primera vez que el kirchnerismo avance en el Congreso sin tomar en cuenta las duras críticas y advertencias de especialistas y de la oposición a una de sus iniciativas legislativas.
Eso fue lo que ocurrió con varios de los proyectos que compusieron la denominada democratización de la Justicia que el entonces Frente para la Victoria sancionó en 2013. Al menos cuatro leyes de aquel paquete nunca se aplicaron o terminaron siendo declaradas inconstitucional por la Justicia. Todo indica que aquella historia podría repetirse.
Al tanto de estas dificultades, en el Gobierno aseguran que están dispuestos a hacerle reformas a la iniciativa, aunque tienen pocas expectativas de que de ese modo logre doblegar la postura de rechazo de Juntos por el Cambio. En una serie de comunicados, la principal fuerza opositora anticipó su negativa a tratar la iniciativa en el actual contexto.
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