Fuerte rechazo contra la resolución de la Corte que favoreció a Cristina Kirchner
El Gobierno lo interpretó como una decisión política; Macri pidió que "no haya impunidad"; también generó el repudio de ONG
LA NACIONHernán Cappiello
La virtual paralización del primer juicio por corrupción contra Cristina Kirchner a raíz de una decisión de la Corte Suprema de Justicia desató una profunda reacción del oficialismo, el Gobierno y un sector de la Justicia, que denunciaron que la medida consagraba la impunidad.
"Queremos que no haya impunidad", deslizó el presidente Mauricio Macri durante una visita a un parque ecoturístico en los Esteros del Iberá. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, lo amplió más tarde: dijo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de pedir el expediente al tribunal oral que debía juzgar a Cristina Kirchner "genera la percepción en mucha gente de que la impunidad se puede consagrar" y "consolida la sensación" de que los jueces "no están actuando" para combatirla. "Genera mucha bronca en la sociedad, porque hay una demanda muy concreta de que se haga justicia", agregó.
Germán Garavano, el ministro de Justicia, coincidió con las quejas, pero con menor intensidad en sus palabras: consideró "inusual" el pedido de la Corte "con un condimento político muy grande que preocupa".
Elisa Carrió, jefa de la Coalición Cívica, volcó dudas sobre el vigor de los diferentes sectores del oficialismo al momento de impulsar las causas. Lo hizo al aclarar que su fuerza "no forma ni formará parte de ningún pacto de impunidad".
A pesar de la mesura para denunciar el asunto, puertas adentro, el Gobierno evaluó la decisión de la Corte y la festejó, junto con el índice de inflación que frenó su ascenso.
Un miembro del gabinete comparó el día de ayer ante sus colegas con el resultado de un partido de tenis a dos sets. "Ganamos 6-0, 6-0", les dijo, con la convicción de que la suspensión del juicio contra la expresidenta es leída por el electorado independiente que vota a Cambiemos como un retroceso institucional, según dijo a LA NACION una alta fuente del gabinete.
El ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, consideró que "la Justicia debe actuar y decir quiénes se llevaron los recursos de los argentinos", y afirmó que "hay que recuperar" esos fondos para "seguir con las obras públicas".
Al Gobierno lo acompañaron sus oficinas públicas encargadas de acusar en el juicio. La Oficina Anticorrupción se presentó en los tribunales con un escrito en el que reclamó que el juicio se inicie el martes próximo como estaba previsto. Su jefa, Laura Alonso, desde México, sostuvo que la decisión de la Corte es "alocada" y "escandalosa, con olor a Alberto Fernández en busca de impunidad para la expresidenta". El comité nacional de la UCR manifestó, a su vez, su "profunda preocupación" y advirtió que "la lentitud de los procesos judiciales es una manera de garantizar la impunidad".
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su "preocupación" y dijo que "está en juego la credibilidad" del tribunal.
"El actual contexto social en el que toma la resolución encuentra a la sociedad argentina ante un severo reclamo a los órganos competentes de la Constitución Nacional para que investiguen y, en su caso, castiguen a los responsables de haber cometido actos de corrupción", dijo. Autoridades del Colegio y otras asociaciones civiles iniciaron conversaciones para convocar a una marcha de repudio en Tribunales la semana próxima.
La Unidad de Información Financiera (UIF) también pidió que el juicio se inicie cuando estaba previsto. Mariano Federici, su titular, dijo que es necesario que el caso termine con una sentencia en el menor plazo posible y que la apelación de la expresidenta contra los recursos que le fueron denegados no alcanza para suspender el proceso.
No obstante, los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 2, a cargo del juicio, enviarán hoy los 60 cuerpos del caso a la Corte y suspenderán el juicio oficialmente, con la convicción de que sin expediente no hay proceso oral posible.
A los querellantes en el juicio se sumaron el fiscal Diego Luciani y su jefe, el procurador ante la Corte, Eduardo Casal. Argumentaron que el juicio debe continuar. Casal envió a la Corte un texto en el que hizo suyos los argumentos del fiscal Diego Luciani, quien poco antes había presentado el mismo reclamo.
Luciani sostuvo ante el tribunal oral federal que "la mera interposición de un recurso de queja ante la Corte Suprema no suspende el trámite del proceso y, por tal razón, corresponde adoptar medidas a los efectos de asegurar que el 21 de mayo se pueda dar inicio a la audiencia de debate en la presente causa".
El fiscal le pidió al tribunal que solicite a la Corte que devuelva la causa con tiempo y dijo que hay copias digitalizadas del expediente como para evitar retrasos en el inicio del juicio.
Sus razones fueron compartidas por el procurador Casal, que presentó su propio escrito ante la Corte, pero ni el fiscal ni su jefe lograron conmover a la Corte ni al tribunal oral federal.
Cuál fue el recorrido de cada uno de los jueces y cómo votaron en el polémico caso de Vialidad
- Ricardo Lorenzetti
- Votó a favor
Llegó a la Corte por una propuesta de Néstor Kirchner. No tenía experiencia como juez, pero logró presidir el tribunal durante 11 años con una férrea impronta política. Con el tiempo tomó distancia del kirchnerismo y en privado se vanagloria de haber impedido una radicalización del gobierno de Cristina. Con Macri tuvo fricciones desde el principio. El Gobierno evitó enfrentarlo pese a las presiones de Carrió para removerlo. El año pasado perdió inesperadamente la presidencia, pero maniobró para conformar una mayoría que incomoda al Gobierno.
- Elena Highton
- Votó a favor
De larga trayectoria judicial, Néstor Kirchner la designó en 2004. La recomendó Alberto Fernández, hoy operador de Cristina. Durante el kirchnerismo fue de los miembros del tribunal de mejor sintonía con la Casa Rosada. Empezó con tensiones la era Macri, a raíz de la polémica por la continuidad en su cargo después de superar el límite de los 75 años. El gobierno actual dejó de empujar para que se concrete su salida. Menos preocupada por las intrigas políticas, evitó integrarse a una mayoría estable. Votó contra Lorenzetti-Rosatti y Maqueda en varios fallos divididos.
- Carlos Rosenkrantz
- Votó en contra
De origen académico y abogado asesor de grandes empresas, entró en la Corte en el inicio de la gestión de Cambiemos y alcanzó la presidencia el año pasado. No tuvo un solo día de sosiego. Se trenzó en un enfrentamiento abierto con Lorenzetti por el control administrativo y la comunicación del tribunal. No logró sostener su alianza política con Rosatti y quedó en alarmante soledad en la mayoría de los casos de peso. Sus adversarios le achacan una cercanía con el Gobierno, que él niega. El kirchnerismo amenaza con ponerlo en la mira si gana las elecciones.
- Juan Carlos Maqueda
- Votó a favor
Es el juez con más años en la Corte (lo nombró Eduardo Duhalde en 2002). Antes había sido senador, en representación del peronismo de Córdoba. Fue un integrante sigiloso del tribunal, de buen diálogo con casi todos los sectores políticos. Levantó el perfil en los últimos años, cuando su voto cobró más fuerza. Se mantuvo siempre cerca de Lorenzetti, cuya remoción como presidente quiso impedir sin éxito. Desde entonces, acompañó a la mayoría en los casos más delicados que complicaron al gobierno de Macri, junto con Lorenzetti y Rosatti.
- Horacio Rosatti
- Votó a favor
Militó en el peronismo de Santa Fe (fue intendente de la ciudad capital). Néstor Kirchner lo nombró procurador del Tesoro y ministro de Justicia. Dejó aquel gobierno en medio de versiones de un enfrentamiento con su colega De Vido por irregularidades en contratos para construir cárceles. A la Corte llegó en 2016, promovido por Macri. Su gran aval había sido Carrió. En un principio, rivalizó con Lorenzetti y fue quien hilvanó su salida de la presidencia. Pero una vez logrado ese objetivo pasó a aliarse con él para la construcción de la "mayoría peronista".
Por Hernán Cappiello
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