Fuerte rechazo a la idea de Cristina Kirchner de reformar el sistema de salud

El plan de la vicepresidenta Cristina Kirchner para que el Estado intervenga de manera más decisiva en el sistema de salud encuentra una fuerte resistencia social, según revela una encuesta nacional de 1500 casos elaborado por Poliarquía Consultores.

“Vamos a tener que repensar todo el sistema de salud. Las prepagas no saben dónde colocar a la gente. Dicen los que saben que tal vez vengan otras pandemias. Lo peor que nos puede pasar es negarnos a discutir la realidad”, dijo hace 10 días Cristina Kirchner en un acto con el gobernador Axel Kicillof en La Plata. Reinstaló así un debate que ella misma había abierto en plena pandemia y que tiene en vilo tanto a los actores del sector privado como a los gremios que gestionan obras sociales.

El estudio difundido por Poliarquía -sobre la base de un trabajo de campo realizado entre el 19 y el 21 del actual- registró un rechazo a la intención de reformar el sistema de salud con mayor intervención del Estado del 58%, mientras que el 29% se pronunció a favor y el 13% desistió de contestar.

La mayor resistencia se registra entre quienes están cubiertos por una prepaga: 71%, en tanto que el 57% de los afiliados a obras sociales sindicales expresan su desacuerdo con el proyecto de Cristina Kirchner.

Un dato llamativo es que cuando se les pregunta a quienes votaron por el Frente de Todos en 2019, un tercio se pronuncia en contra. Los que apoyaron a Juntos por el Cambio son lapidarios: el 80% rechaza la reforma impulsada por el kirchnerismo.

Es ampliamente mayoritaria también la oposición a que una medida de semejante calado sea decidida únicamente por el Gobierno. El 71% opinó que cambiar el sistema de salud requiere “una amplia discusión en la que participen especialistas, la oposición y los responsables de las obras sociales y la medicina prepaga”. El 45% de los entrevistados opinó que el sistema de medicina prepaga funcionaría peor si se impusiera una reforma con mayor injerencia estatal, contra solo el 17% que cree que mejoraría. Respecto de las Obras Sociales la tendencia es similar: el 45% dijo que se desempeñarían peor, contra el 21% que cree lo contrario.

El 63% rechazó la posibilidad de que los aportes que realizan los asociados a las prepagas y los afiliados a las obras sociales sean administrados por el Estado, mientras que solo el 20% lo consideró adecuado. El 66% estuvo en desacuerdo con que la red de prestadores de las obras sociales y las prepagas la arme el Estado; y el 69% desaprobó que los turnos médicos y de internación sean administrados por reparticiones públicas.

El proyecto de La Cámpora

Aunque no existe un proyecto oficial que recoja el pedido de Cristina Kirchner para reestructurar el sistema de salud, circula desde hace tiempo un paper elaborado por dirigentes de La Cámpora que habitan en el Ministerio de Salud bonaerense y que se titula “Ejes centrales para un programa de salud 2020-2024”.

Entre algunos de los lineamientos, la iniciativa promueve una reestructuración del sistema a través de una ley nacional y el surgimiento de un sistema integrado. “Hay que recuperar la gobernanza del sistema de salud a través de la conducción global de políticas de salud de los organismos nacionales de salud bajo un criterio general de centralización normativa y descentralización operativa”, precisa el documento. De esta manera, proyecta que una misma autoridad pueda tener injerencia en el Ministerio de Salud como en el PAMI, la ANMAT o la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), que es el ente que debería controlar a las obras sociales.

Uno de los puntos que más escozor generó entre los directivos de las obras sociales sindicales tiene que ver con la recaudación. Temen perder el dinero que se atesora en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), una caja que se alimenta del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios.

Dice el borrador que inquieta a los gremios: “Poner en marcha el sistema de recupero de las prestaciones realizadas por entes estatales a subsectores de obras sociales y de medicina prepaga: el subsector público obtendrá una remuneración por los servicios prestados a beneficiarios de la seguridad social y de seguros privados en el caso de las obras sociales con las que se celebren convenios se realizarán descuentos promedio de hasta un 33 % de los valores de mercado o de nomenclador definido, que podrá considerarse un subsidio explícito del Estado a la seguridad social y a los trabajadores a cambio de un sistema de cobro automático de lo facturado desde la misma recaudación AFIP o en su defecto desde la SSS de todas las prestaciones”.

Plantea, además, la necesaria intervención del Estado en los precios de los medicamentos y en determinadas prestaciones. “Utilizar el poder de compra del Estado cuando ello resulte en claras ventajas en el control de precios abusivos promoviendo compras centralizadas”, advierte, y llama a establecer una suerte de paritaria nacional del sector de la salud para acortar las brechas salariales de los profesionales y formar a más de 100.000 enfermeros en todo el país.

Prevé también la “integración del área de salud laboral al sistema integrado en reemplazo del sistema de riesgos del trabajo” y la creación de comisiones mixtas de seguridad e higiene que funcionen bajo la órbita estatal. Y en línea con algunas iniciativas sindicales, se propone ir camino a una historia clínica universal y a la digitalización de recetas.

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