Fuerte ofensiva del kirchnerismo para apoyar a la procuradora general

Por orden de Cristina Kirchner, el oficialismo desplegó ayer una fuerte defensa de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó , cuestionó al Poder Judicial, al que acusó de "proteger" con su actitud el "crimen organizado", y activó una serie de pasos para promover la puesta en vigor del Código Procesal Penal, con el objetivo de destrabar la designación de 16 nuevos fiscales frenada por un reciente fallo.

"No podemos permitir que se paralice la Justicia y se afecte la división de poderes", sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, en una conferencia de prensa, acompañado de quince legisladores oficialistas, varios de ellos forzados a un regreso urgente de sus vacaciones.

En pleno receso, el Frente para la Victoria anunció que a partir de hoy elevará los nombres propuestos por su bancada para integrar la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código sancionado en diciembre pasado, uno de los requisitos previstos para su puesta en marcha. Así, se busca contrarrestar el argumento del juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico, que hizo lugar a dos planteos judiciales, al considerar que aún no rige el nuevo cuerpo jurídico que contempla los cargos en discusión.

El otro asunto pendiente es la aprobación parlamentaria de un paquete de normas complementarias de instrumentación, entre ellas, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal, y la ley orgánica de Poder Judicial. "Ya están casi terminadas", dijo a LA NACION una fuente oficial al tanto de las iniciativas. Ahora resta saber si la Presidenta aguardará hasta el inicio de las sesiones ordinarias, en marzo, o convocará a extraordinarias para habilitar antes su tratamiento.

"No es una decisión del Congreso, sino del Poder Ejecutivo", se atajó ayer Héctor Recalde, al ser consultado sobre un llamado a sesionar entre enero y febrero. Aún así, según estimó la diputada Diana Conti, una de las espadas de Cristina en materia de legislación, el Código Procesal Penal estará listo para aplicar "a más tardar en abril", lo que prevé un escenario de judicialización hasta esa fecha.

La estrategia del kirchnerismo fue acusar a la "corporación judicial" de resistirse a la entrada en vigor del sistema acusatorio, eje central de la reforma, y sembrar un manto de sospecha sobre los magistrados que intervinieron para dejar en stand by los nombramientos. Temprano, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, trazó una línea en la ronda matinal ante la prensa al tildar de "caranchos" a un sector de la Justicia.

A la tarde, en el tercer piso del edificio de la Cámara baja, las críticas fueron aún más duras. Conti y Recalde deslizaron que el Consejo de la Magistratura debería investigar si hubo mal desempeño en el proceder de Lavié Pico, al no dar vista y esperar a que Gils Carbó elevara un informe sobre el planteo del diputado bonaerense Mauricio D'Alessandro, de flamante incorporación al Frente Renovador. Y dijeron que "como afiliado de la Asociación de Magistrados" (agrupación que nuclea a funcionarios judiciales de todo el país y que elevó uno de los amparos) debería haberse excusado.

El factor D'Alessandro tuvo un condimento extra, puertas adentro del oficialismo. El mediático abogado, creen, actuó en nombre de Sergio Massa, al que le atribuyen estar "operando" ante la tropa de fiscales para evitar que este gobierno avance con las designaciones y embarrar la cancha. El ex intendente de Tigre ya frenó el debate sobre el Código Penal, al adelantarse al envío del proyecto y poner bajo la luz pública cambios que contemplaba un borrador.

El jefe del bloque de senadores kirchneristas, Miguel Pichetto, ensayó una argumentación técnica de los nombramientos. "Se dijo que ha habido un acto discrecional de la procuradora, pero no se clarificó que se ha designado a personas que tienen trayectoria. Parecería que estos fiscales son amigos", dijo, en relación con la objeción por tratarse en varios casos de hombres cercanos a las posturas del Gobierno. "Han pasado por concurso y han tenido voto del Senado", agregó.

Conti fue más allá en sus dardos hacia un sector de la Justicia al ligarla a la "protección de crimen organizado". "Son fiscales que avergüenzan al Ministerio Público", dijo y, sin mencionar nombres, llamó a ver "qué apelaciones no se hicieron". En la conferencia hubo fuerte asistencia de los diputados de La Cámpora.

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