Fuerte enfrentamiento entre Milei y Kicillof por una inversión de 30.000 millones de dólares

Con sus cilindros gigantes de acero, hormigón y vidrio, los cuarteles centrales de la empresa Petronas en Kuala Lumpur, diseñados por el argentino César Pelli, permanecen como las torres gemelas más altas del mundo y simbolizan la relevancia del negocio de la energía para el estado de Malasia. En el último mandato presidencial de Cristina Kirchner, los representantes de Petronas se reunieron con el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, para expresar su interés en desarrollar una planta capaz de transformar el gas en líquido, que es la forma de venderlo en cualquier confín del planeta. El mundo ansía combustibles y el proyecto, si se concretara, se convertiría en la inversión en infraestructura más grande de la Argentina. Sin embargo, prácticamente una década después, la planta es todavía un proyecto. Petronas nunca logró las condiciones que pedía y ahora el proyecto enfrenta a Kicillof y al gobierno de Javier Milei a una definición crucial.

Días atrás YPF, que es la socia local para la construcción de la planta de licuefacción de gas, le envió una carta a Kicillof y otra al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. La nota de Horacio Marín, presidente de la compañía, contiene nueve puntos que interrogan a ambos gobernadores sobre su predisposición para avalar el proyecto con facilidades y garantías económicas y ambientales. La carta fija como plazo para responder este lunes 15 de julio. El tiempo corre.

El punto central de la nota le pregunta a Kicillof y Weretilneck si van a adherir al RIGI, el régimen que entrega beneficios impositivos y garantías a las inversiones superiores a 200 millones de dólares. El proyecto de la planta de Petronas lo supera con comodidad: se estima que implica un desarrollo de 30.000 millones de dólares, es decir, el equivalente al total de las reservas del Banco Central. Esa es la magnitud de la discusión.

En su origen, el proyecto de la planta de licuefacción había sido pensado para Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo nunca imaginó otro destino posible. El intendente de Bahía Blanca es Federico Esteban Susbielles, de Unión por la Patria. Pero meses atrás, Weretilneck se encontró con Marín y le pidió que también se tenga en cuenta Punta Colorada, donde la provincia de Río Negro quiere desarrollar un puerto petrolero.

Marín lo escuchó. El destino de Río Negro, que era inimaginable para el gobierno anterior, ahora se volvía una opción factible. La moneda comenzó a dar vueltas en el aire.

La condición del RIGI enfureció a Kicillof y lo enfrentó a una encrucijada de hierro. La firma del régimen incluido en la Ley Bases, que el kirchnerismo repudió durante su paso por el Congreso, significaría para el gobernador bonaerense una claudicación ante Milei, una rendición política en aras del pragmatismo. Si se niega, se arriesga a que su provincia pierda la mayor inversión externa prevista para los próximos seis años.

Para Kicillof, YPF tiene una significancia especial. La controversia en torno de la petrolera lo persiguen en cada disputa política por el fallo adverso por 16.000 millones de dólares que se dictó en Estados Unidos por la estatización de la compañía. Un año después de la nacionalización impulsada por Kicillof, en 2013, el entonces ministro de Economía cerró un acuerdo con la norteamericana Chevron para la exploración en Vaca Muerta. El contrato incluía cláusulas secretas que le daban garantías impositivas y legales a la multinacional. Aquel entendimiento logró destrabar inversiones, pero dejó al kirchnerismo a la intemperie de las críticas por izquierda. Sus concesiones contradecían la parafernalia del discurso nacionalista de la época. Fue entonces cuando apareció el interés de Petronas por invertir en una planta de gas, que permitiría transformar la producción de Vaca Muerta en un producto para ser exportado al mundo.

Miguel Galuccio, en ese momento presidente de YPF, viajó a Kuala Lumpur para negociar con los malayos. La compañía, por la magnitud de la inversión, también exigía como condición un régimen especial. El kirchnerismo, tras la experiencia de Chevrón, tomó otro camino. Impulsó una ley general de promoción del gas licuado, que planteaba beneficios impositivos y garantías para inversiones superiores a los 1000 millones de dólares.

Era una suerte de RIGI para los proyectos de gas licuado. Se presentó en el gobierno de Alberto Fernández y, durante la gestión de Sergio Massa como ministro, los funcionarios lo defendieron en el Congreso. En 2021, Kicillof volvió a reunirse con los malayos para apuntalar la elección de Bahía Blanca como puerto. Petronas esperaba el régimen especial para avanzar. Sin embargo, a pesar de contar con mayoría en ambas cámaras, el kirchnerismo nunca aprobó la ley. Cuando Fernández dejó el gobierno, la planta de gas no tenía ni un ladrillo levantado.

“¡Van a regalarle plata que no pidieron!”, se le escuchó exclamar a Kicillof la semana pasada, cuando le preguntaron por su negativa a firmar el RIGI para garantizar el proyecto Petronas. El gobernador llama “extorsión” a la condición, asegura que la opción de Río Negro “apareció intempestivamente”, pero después gira hacia el realismo y dice que está dispuesto a conceder beneficios impositivos para la inversión en Bahía Blanca. Pero el RIGI, no.

Su colega Weretilneck se movió con picardía. Más rápido que un bombero, el gobernador de Río Negro envió un proyecto a la Legislatura para que la provincia adhiera al RIGI. La iniciativa se aprobó este viernes, en tiempo récord. La votación resultó 35 a 10 y fue rechazada por la totalidad de los legisladores kirchneristas. “Río Negro tiene una potencialidad por su cercanía y por su golfo de transformarse en un sitio de exportador de la riqueza que produce Neuquén, ya sea en petróleo o ya sea en gas”, dijo el gobernador, para despejar dudas sobre su estrategia, que transformó a su provincia en la primera del país en adherir al RIGI.

La realidad es que Bahía Blanca y Punta Colorada tienen puntos a favor y en contra. El puerto bonaerense ya tiene infraestructura instalada y antecedentes. Las aguas profundas de Río Negro permiten a los barcos atracar más cerca y ahorrar recursos. Kicillof argumenta que Petronas ya había realizado estudios en Bahía Blanca y que Río Negro implicaría empezar de cero con el proyecto. “Punta Colorada siempre fue una opción, pero el gobierno anterior no nos daba la posibilidad de participar”, replicó Andrea Confini, secretaria de Energía de Río Negro, a LA NACION.

“No es Boca River”, contesta Marín, el presidente de YPF, cuando lo consultan por la pulseada y promete que la definición será “técnica”, a cargo de una comisión integrada por ambas empresas.

Kicillof está además ante un frente adicional: la presión de los intereses de Bahía Blanca. Los relatos sobre la controversia en torno al futuro del proyecto ubican a un personaje en la escena, Gustavo “el Turco” Elías, ligado al camionero Hugo Moyano. Elías hizo fortunas con Ivetra, la compañía que cobraba seguros en dólares en los puertos de Buenos Aires y Dock Sud, y que levantaba más de 100 millones de dólares anuales. Cuando asumió Mauricio Macri, el gobierno cortó el negocio de Ivetra. En 2021, LA NACION reveló una estructura de firmas offshore en Panamá “clonadas” de las compañías argentinas vinculadas a El Turco Elías. La investigación, que fue parte de las revelaciones de los Panamá Papers, mostró que las compañías argentinas Ivetra SA y Transporte y Logística SA, del Grupo Elías, tuvieron firmas “mellizas” en América Central bautizadas Ivetra Panamá y Transporte y Logística Overseas de la mano del hijo del empresario, Juan Ignacio Elías. Había sido un negocio fructífero.

Tras el escándalo, Elías se ubicó en Bahía Blanca, según cuentan quienes lo conocen, y en los últimos tiempos incursionó en el negocio de los medios de comunicación. En el sector petrolero identifican a Elías como un foco de presión para que el proyecto se quede en la provincia de Buenos Aires, donde está su negocio.

El problema es que el proyecto de la planta para transformar el gas en líquido lleva casi una década y, mientras se cruzan intereses y pulseadas, la Argentina demoró la oportunidad de transformarse en un exportador. Alemania, Francia y otros países de Europa manifestaron su interés en ser compradores, como una alternativa para escapar del monopolio de Rusia. Pero sin transformarlo en líquido, no se puede llevar. Y mientras la planta se atrasa, el sector se transforma. Las compañías privadas empezaron a buscar alternativas. Pan American Energy (PAE) y la empresa noruega Golar LNG acaban de firmar un acuerdo por 20 años para la instalación de un barco de licuefacción en Argentina. Funciona como una planta flotante y en 2027 va a estar operativa. El mercado no espera.