Frente a la crisis de inseguridad, Juntos presiona a Berni por el control de la policía local

Alertados por el rebrote de casos de inseguridad y el avance del narcotráfico, referentes de Juntos, la principal coalición opositora en Buenos Aires, presionan al gobierno de Axel Kicillof para que los intendentes tengan una mayor injerencia en el manejo de la seguridad. En rigor, piden que las “policías locales” vuelvan a estar bajo la órbita de los municipios. Se trata de una demanda histórica que el ministro Sergio Berni desconoció desde que llegó al cargo.

Frente la escalada de violencia en el conurbano bonaerense, se quejan por “la falta de coordinación” entre Berni y Aníbal Fernández para combatir el delito en la provincia y denuncian que la Casa Rosada desoye el reclamo de los jefes municipales para reforzar el despliegue de efectivos de fuerzas federales en las zonas más críticas. Allegados a Berni rechazan los cuestionamientos y acusan a los alcaldes opositores de hacer “una operación de marketing político”.

Tras la tragedia que provocó el consumo de cocaína adulterada en Buenos Aires, que causó 24 muertes y obligó a hospitalizar a más de 80 personas, los intendentes Néstor Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata), alfiles de Pro, salieron a pedir que Berni les devuelva el control de la policía local, que fue creada durante la gestión de Daniel Scioli y Alberto Granados, a los jefes municipales.

El ministro de Kicillof se mantiene firme en su postura: “La policía es la misma de siempre. Hay una sola y es la bonaerense”, replican cerca suyo. Pero los intendentes de Juntos aspiran a forzar el debate ante la escalada delictiva y la propagación del narcotráfico en el territorio bonaerense. Es más: confían en que el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, tomará nota del reclamo y abrirá un diálogo con la oposición por la policía local. “Ellos fueron intendentes y nos entienden”, señala Garro.

Es que intendentes de Juntos pretenden tener recursos y competencias para enfrentar la ola delictiva que atraviesa al conurbano. Se trata de un histórico reclamo de los municipios a la provincia para tener mayor autonomía en la planificación de la política de seguridad. Está claro que los intendentes son el principal blanco de los reclamos de los ciudadanos en sus distritos. “Estamos en el primer mostrador. Y si suben los delitos, la gente se enoja con nosotros. No le importa de quién es la competencia”, sintetiza un intendente de Juntos. Por eso, atentos al malestar social por la espiral de violencia en los barrios populares, los referentes de la oposición en Buenos Aires buscan poner el tema de la seguridad en el centro del debate político.

“No se habla de seguridad. Y si el Estado no está presente, la droga avanza en los barrios”, advierte un jefe municipal de Pro. Según Grindetti, “la situación empeoró con la vuelta de búnkeres de droga minorista”. “Esta es la mayor preocupación de los vecinos, más allá de la inflación y los problemas económicos”, indica el intendente de Lanús, quien manejó unos 700 efectivos durante el mandato de María Eugenia Vidal.

El planteo impulsado por Grindetti y Garro llegó el miércoles a la mesa de conducción de Juntos en la provincia de Buenos Aires, que definió convocar al foro de intendentes de la alianza para mediados de abril para unificar una postura. La UCR y Peronismo Republicano coinciden en la necesidad de discutir la autonomía municipal en seguridad.

En la cartera de Berni rechazan el planteo y argumentan que la ley establece que “la potestad sobre la seguridad es del gobierno de la provincia”. “¿Quieren cambiar la ley o no la conocen? Esto es marketing político”, braman cerca del ministro de Kicillof. Para Berni, su gestión “logró bajar el delito de manera contundente”: repite que en 2021 se redujeron casi un 25% los índices de 2019.

En Juntos consideran que el traspaso de la policía local a los municipios permitiría contener el recrudecimiento de los crímenes violentos y del narcomenudeo en el territorio. Desde hace meses perciben que la droga circula cada vez más en las villas del conurbano. Y, según coinciden referentes del espacio, los intendentes tienen “las manos atadas” para frenar a los narcos. En los distritos opositores relatan que solo pueden invertir fondos para colocar cámaras de seguridad, mejorar la iluminación o fortalecer las guardias urbanas, que realizan tareas preventivas, pero no portan armas. De esta forma, describen, no tienen “capacidad de respuesta” para reaccionar y prevenir el delito. “Para empezar a solucionar la problemática de la inseguridad, la policía local tiene que depender del intendente, que es el que conoce el terreno”, remarca Grindetti, quien se mostró esta semana junto a Patricia Bullrich durante una visita a Monte Chingolo.

Con duras críticas a la gestión de Berni, alcaldes de Pro solicitan a Kicillof que exhiba un plan estructural “serio y consistente” para combatir la inseguridad y el narcotráfico. Por eso, sugieren conformar mesas integradas por representantes del gobierno nacional, provincial y municipal para coordinar medidas de prevención y hacer un seguimiento del mapa del delito.

Según Garro, la venta de drogas aumentó durante los últimos meses en los asentamientos más humildes de La Plata, capital provincial, como Melchor Romero, La Bajada o Los Hornos. “Los búnkeres volvieron a establecerse. Eso es una señal de que el narco avanza”, apuntan fuentes de La Plata. El narcomenudeo, sostienen desde Pro, también creció en la “zona roja” de la capital provincial.

Además, intendentes opositores reclaman una mayor articulación entre la Nación y la provincia. Se quejan de que son “víctimas” de las disputas internas en la cúpula del Frente de Todos y de la supuesta falta de diálogo entre Berni y Aníbal Fernández. “Nos prometieron que iban a enviar fuerzas federales, pero no mandaron nada”, enfatiza Garro. En el entorno de Berni niegan que haya habido cambios en el despliegue de efectivos federales durante los últimos meses.

En el municipio de Tres de Febrero también vociferan críticas contra el oficialismo. Diego Valenzuela (Pro) reclama Kicillof impulse una descentralización de las competencias en materia de seguridad para que haya una mayor participación del intendente. “La mayor preocupación institucional es la falta de coordinación entre Berni y Fernández”, reprocha Valenzuela. La tragedia de la cocaína adulterada tuvo su origen en los búnkeres de Puerta 8, un asentamiento ubicado en Tres de Febrero.

En sintonía con el planteo de los intendentes de Pro, un grupo de legisladores bonaerense de Juntos presentaron un proyecto de ley para crear en todos los municipios de la provincia “mesas de coordinación local de seguridad pública”. El objetivo de la iniciativa es darles una mayor injerencia a los intendentes en la planificación de las medidas para combatir el delito.

El proyecto es impulsado por Fabián Perechodnik, vice de la Cámara de Diputados de la provincia; y los senadores Juan Pablo Allan y Florencia Barcia, entre otros. “Hoy, los intendentes no tienen ningún mecanismo institucional para aportar, participar e incidir en la lucha contra la inseguridad en sus distritos”, señala Perechodnik a LA NACION. Para el exfuncionario de Vidal, la iniciativa apunta a “generar instrumentos de diálogo y coordinación entre el gobierno provincial y cada municipio”. El objetivo es darle un criterio “institucional” a la conformación de las mesas, para evitar que el cambio de vientos políticos altere la coordinación entre el gobernador y el intendente.

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