¿Fraude o picardías? Cuáles son las irregularidades más comunes el día de la votación y los distritos menos transparentes

Dicen los preocupados por la transparencia electoral que, al contrario de lo que se supone, el momento más riesgoso de una jornada de votación es la mañana. Cuando, antes de las 8, el presidente de mesa está frente a las urnas vacías y debe lacrarlas. “Los fiscales tienen que insistir para que los dejen entrar ahí -advierte Claudio Bargach, coordinador de la ONG Red Ser Fiscal-. No siempre se puede, porque algunos se resisten y en general hay que convencer al jefe de Escuela, que suele ser un puntero. Pero es importantísimo estar para constatar que no hayan puesto boletas adentro”.

Como no sería en todo caso una práctica generalizada, la palabra fraude suena excesiva: hasta los más críticos tratan de evitarla. La Argentina tiene un sistema de carga de datos seguro, coinciden los especialistas, y en el peor de los escenarios estará expuesta a picardías en determinados distritos. Microfaudes que, si la diferencia es exigua, como le pasó en las últimas primarias a Cynthia Hotton, podrían resultar determinantes.

Luego de detectar que sus candidatos en el nivel provincial y municipal, menos conocidos que ella, la superaban abrumadoramente en votos, la candidata de la lista Frente Más Valores sospechó que había un error o una travesura. Recurrió entonces a la Justicia, recuperó unos 11.000 sufragios y consiguió pasar el umbral para competir el 14 de noviembre. Según datos de la Dirección Nacional Electoral, en las primarias del 12 de septiembre, y sobre un universo de unas 100.000 mesas en todo el país, sólo 2079 quedaron observadas por razones diversas: “Telegrama sin cumplimentar”, “Orden hojas”, “Imagen mal escaneada”, “Girado”, “No es un telegrama”. El escrutinio fue auscultado por 48 fiscales informáticos presentes en la sede de Feijoo, Barracas, y otros seis en Monte Grande, además de 9 observadores: dos del Cippec, dos de Idemoe, dos de Transparencia Electoral, dos de la Defensoría del Pueblo y uno de la Universidad de la Plata.

Cualquier engaño o trampa se da en todo caso en el transcurso del día, antes de la carga. “Si no tenés fiscales, perdiste”, insiste Bargach. Durante las últimas primarias, en San Francisco Solano, partido de Almirante Brown, una fiscal de Juntos se encontró con una situación infrecuente: una mujer que acababa de salir del cuarto oscuro decía que había perdido el sobre. Era un descuido extraño. Frenaron la votación, entraron con las fuerzas de seguridad y el sobre apareció ahí, en el piso. “Era obvio y conseguimos frenarlo”, concluyeron en la oposición. El voto en cadena empieza siempre así: el primer sufragio se pierde, pero el voluntario se guarda el sobre firmado y se lo pasa a quien lo sucede en la fila.

Evitar este tipo de ardides no resulta tan sencillo porque no siempre se consiguen fiscales. Influye mucho, por ejemplo, el estado de ánimo. Algunas ONG que trabajan desde hace tiempo en elecciones recuerdan que en las generales de 2011, cuando Cristina Kirchner arrasó con el 54% de los votos, la oposición fiscalizó poco porque parte de su militancia había quedado anímicamente devastada desde las primarias: la presidenta se había impuesto por 52,24%, muy lejos de los segundos, Ricardo Alfonsín (12,20%) y Eduardo Duhalde (12,12%). En 2015, en Tucumán, muchos fiscales abandonaron antes del final al radical José Cano, que terminó con un 80% de los que había reclutado.

Juntos por el Cambio terminará esta semana de hacer el análisis de lo que en estas evaluaciones se llama “mesas críticas”: aquellas en las que se perdió por una diferencia que no es homogénea con el resto de la escuela y que, por lo tanto, hace dudar. Los macristas dicen que en las primarias de 2019 las mesas críticas llegaron a 12.000 y que, gracias a la fiscalización, pudieron bajarlas en las elecciones generales a unas 2000.

Cualquier partido que quisiera resguardarse seriamente debería tener, como mínimo, un fiscal por mesa. Es decir, unos 100.000, a los que se les debería agregar otros 20.000 fiscales generales. Sin embargo, como esa tarea de control les impediría a todos ellos votar -salvo que lo hicieran en las mismas escuelas que controlan-, debería haber varios más para cubrir segundos turnos. La conclusión es que deberían ser entre 200.000 y 250.000. La capacidad del viejo estadio Maracaná rebosante de fiscales.

En realidad, la transparencia debería empezar a medirse varios meses antes del día de la votación. Y hay, también ahí, distritos más propensos que otros. La ONG Transparencia Electoral, que dirige el politólogo Leandro Querido, acaba de publicar un mapa con un indicador elaborado a partir de un trabajo de campo en las legislativas de 2017 y las presidenciales de 2019. Hablaron con los apoderados de los partidos, con los medios, con los especialistas, con los opositores, y confeccionaron una Argentina que se divide en tres colores. En verde, en la categoría de “alta integridad electoral”, aparecen Mendoza, Chubut, Río Negro, Capital Federal, Chaco, Neuquén y Tierra del Fuego. En naranja, “integridad moderada”, están Buenos Aires, Salta, La Pampa, Jujuy, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. Y el colorado muestra a las de “baja integridad”: Catamarca, Misiones, Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Formosa y Santa Cruz.

Un anexo analítico cualitativo justifica la clasificación. Santa Cruz, por ejemplo, está última en el ranking. “La percepción negativa de esta provincia puede referir al uso de la ley de lemas, legislación controversial vigente desde 1988″, afirma, y agrega que ese sistema favorece a los oficialismos. Entre las denuncias recabadas en el monitoreo de medios provinciales, compendia cinco: uso de recursos públicos a favor del oficialismo, propaganda electoral en violación de la normativa, irregularidades en el escrutinio, falta de materiales electorales y robo de boletas, una constante preocupante a nivel nacional.

En general, las prácticas detectadas son similares. Dice, por ejemplo, sobre Tucumán: “Esta es una de las 3 provincias donde se identificó la mayor variedad de categorías por denuncias reportadas en medios, es decir, donde las irregularidades abarcan una variedad de aspectos del proceso electoral. Al menos 10 categorías fueron identificadas, entre las que se encuentran denuncias vinculadas al instrumento de votación (boletas apócrifas y robo de boletas), a las condiciones de la campaña electoral (propaganda en violación de normativa e irrespeto a la veda electoral), y a otras características sistémicas, como irregularidades en el padrón, falta de materiales electorales, compra de votos y abuso de recursos públicos a favor del oficialismo. Quizás la categoría más preocupante agrupa a las denuncias sobre violencia durante el proceso electoral”.

La ONG publica fotos de supuestas irregularidades durante las últimas primarias. Muestra, por ejemplo, casos de acarreo de votantes en la escuela N°5 de la ciudad de Santiago del Estero, con dos imágenes: un Renault Kangoo con la calcomanía del massista Pablo Mirolo, intendente de La Banda y candidato a diputado nacional, y un Volkswagen Gol con la leyenda del Frente Cívico, que encabeza el gobernador Gerardo Zamora. Son modalidades que se dan con mayor frecuencia en el interior. El informe recuerda que hay tres provincias en las que el oficialismo gana indefectiblemente desde 1983: Formosa, San Luis y La Pampa.

¿Qué debería hacer un fiscal el día del comicio, entonces? Los especialistas dan algunos consejos.

1) Entrar en el recinto en el momento en que el presidente de mesa recibe el material y lacra las urnas.

2) Si al comenzar la votación no hay autoridad de mesa, prestarle atención al que vota primero y debe reemplazarlo: tiene que tener más de 18 años, saber leer y escribir, no estar afiliado y ser elegido de manera aleatoria.

3) Cuidar que no se roben boletas.

4) Todos los votantes tienen que hacerlo con el último DNI expedido. Si no se está seguro, hay que pedirle las huellas digitales y consignarlas en un registro.

5) Que no falten ni se pierdan sobres.

6) Cuando se hace el cierre, pedir certificado de escrutinio firmado por el presidente para eventuales reclamos, que deberán hacerse en un plazo de 48 horas. Es lo que tuvo Cynthia Hotton y lo que le valió entrar.

7) Hay que seguir la trazabilidad del escrutinio electrónico y de las urnas.

¿Cuánto de todo esto podría solucionarse mediante la aplicación del sistema de boleta única? Alan Cutterbuck, presidente de la Fundación RAP, dice que bastante. “En ese caso se necesitarían fiscales, pero no tantos. No se podría hacer voto cadena y sería imposible el robo de boletas”, afirma, y agrega que esas boletas impresas tienen además un costo económico descomunal: 3000 millones de pesos entre primarias y generales. De todos modos, la experiencia argentina indica que, dado lo que está en juego, la plata es lo de menos.

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