Francos habló de la interna con Santiago Caputo por el acceso a la información pública
El ministro coordinador se diferenció del asesor presidencial y aseguró que la decisión de modificar el decreto es “del Presidente y de nadie más”
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LA NACION
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó este viernes calmar las aguas alrededor de sus diferencias con el asesor estrella del presidente Javier Milei, Santiago Caputo, sobre si modificar o no el decreto sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, que tuvo el fuerte rechazo de la oposición en el Congreso.
Aunque aseguró que “no hay disputa entre funcionarios del Gobierno” al respecto, también remarcó su rol institucional sobre el del asesor contratado en una entrevista con LN+. “Muchas veces el Presidente ha dicho que esto es el triángulo de hierro [por Karina Milei y Santiago Caputo], pero él me designó a mí porque tiene la confianza de que puedo ejercer el rol de jefe de Gabinete”, dijo Francos.
Las idas y vueltas continúan alrededor de la Ley de Acceso a la Información Pública. El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó por la mañana que no modificarán el decreto a pesar de que, solo unos días antes, Francos había afirmado en su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados que se encontraba abierto a cambios.
La posición que mostró el vocero del líder de La Libertad Avanza (LLA) se alinea con la de Caputo, que buscaba que no haya cambios en la nueva normativa. Esa postura también la compartía Milei, quien se molestó ante reiteradas preguntas sobre sus perros. “Esto de las internas, peleas, discusiones entre funcionarios de alto rango, como Guillermo Francos, Santiago Caputo o cualquier persona cercana a Milei es falso. Nosotros siempre estamos dispuestos, bajo cualquier circunstancia, a modificar algo; no va a ser este el caso”, sostuvo Adorni en conferencia de prensa.
Aun así, este viernes el ministro coordinador subrayó su posición: “No hay ninguna posibilidad de que el decreto esté en contra de la Constitución Nacional y la ley. Lo que hace es reglamentarla y, tal vez, ponerle un poco de límites a los abusos que se han hecho durante mucho tiempo de la ley. En ese momento dije que si alguien tiene algo que objetar sobre el decreto, nos lo puede plantear y lo podemos analizar. Y si hay algo que se contrapone con las normas constitucionales y la ley, por supuesto le voy a decir al Presidente que puede haber una mala interpretación de lo que quisimos decir y, si se puede modificar, se modifica. Pero eso es una decisión del Presidente, no es función de nadie más”.
Ante la diferenciación del periodista Eduardo Feinmann sobre el rol constitucional de Francos con el de Caputo, que se encuentra contratado, el jefe de Gabinete justificó su lugar estipulado en la Constitución. “Yo cumplo un rol institucional que está establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Santiago Caputo, que es la otra persona que mencionó el vocero presidencial, es un asesor de confianza del Presidente y, como tal, el Presidente lo escucha. Muchas veces el Presidente ha dicho que esto es el triángulo de hierro, pero él me designó a mí porque tiene la confianza de que puedo ejercer el rol de jefe de Gabinete. En ese papel es que hice ese comentario en la Cámara de Diputados”, explicó.
Específicamente sobre el acceso a la información, Francos reiteró la posibilidad de la oposición de plantear cambios. “Si el Congreso cree que el decreto no se ajusta a la ley o Constitución Nacional, puede plantear su derogación. Y si alguien tiene un planteo por esto, puede ir a la Justicia y solicitar un amparo judicial. Lo que se ha hecho es reglamentar una ley para evitar los abusos que nosotros entendemos que se han cometido en muchos casos. Creo que no ha habido ningún gobierno que haya dado respuesta a todos los requerimientos de acceso a la información pública como lo ha hecho este”, concluyó.
El rol de Caputo
Los cuestionamientos alrededor de la función de Santiago Caputo existen desde que inició la gestión y el asesor presidencial mostró sus fuertes influencias en la toma de decisiones de la gestión libertaria. Una de las principales quejas de parte de los opositores se relaciona con su contrato, que actualmente figura como monotributista. Al no ser funcionario del Estado, no debe responder ni está sujeto al régimen de funcionario público.
En el Congreso, se nombró más de una vez esta situación, que varios consideran un conflicto. El senador y presidente radical Martín Lousteau fue uno de los que cuestionó dicho rol luego de que el catedrático Manuel García-Mansilla afirmara, en la defensa de su candidatura a la Corte Suprema de la Nación frente al Senado, que el que le dio el cargo fue Santiago Caputo. “El cargo no se lo ofreció el Presidente, sino un monotributista que no tiene vinculación directa con el Gobierno ni es funcionario público”, exclamó.
Dichas dudas llegaron a la Cámara de Diputados, dirigidas directamente a Francos, quien dio una respuesta acotada: “Me remito a la respuesta 1708 del informe por escrito”. El informe estipula que Caputo está contratado como consultor II para la Secretaría General y que sus actividades se relacionan con liderar proyectos, planificar y ejecutar actividades, armar propuestas estratégicas, planes de trabajo, entre otros. Tras las declaraciones de esta semana alrededor de la Ley de Acceso a la Información Pública, la diferenciación entre las funciones de Caputo y Francos parece acrecentarse cada vez más.
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