Fracasó otra vez el proyecto para limitar el poder de los gremios a pesar del apoyo libertario a la iniciativa de Pro y la UCR

El Gobierno logró cumplir con el pedido de Pro de acompañar el proyecto para limitar el poder de los gremios sin quebrar el acuerdo implícito que mantiene con la Confereración General del Trabajo (CGT). A través de una acrobacia política, los libertarios firmaron la iniciativa común impulsada por el macrismo, la UCR, los radicales de Democracia y la Coalición Cívica (CC) con la certeza de que no contaría con los avales suficientes para materializarse en un dictamen.

“La inmensa mayoría pretende que le pongamos un límite a la representación de los sindicatos. No alcanzaron los números en esta oportunidad, pero ya los vamos a conseguir”, se lamentó el radical Martín Tetaz, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, que hilvanó tres postergaciones y dos reuniones informativas para tratar de consensuar los 36 proyectos en análisis. Al proyecto común le faltó solo una firma para convertirse en dictamen: necesitaban de la mitad más uno de los integrantes de la comisión.

Para mantener su alineación con los gremios, el oficialismo contó con la ayuda de Miguel Ángel Pichetto, el jefe de Encuentro Federal, quien junto a su colega de bancada, el sindicalista petrolero Jorge “Loma” Ávila, se rehusaron a plasmar su firma en un dictamen. Con su prescindencia, frustraron las chances de sus exaliados en Juntos por el Cambio de avanzar con un despacho que pudiese discutirse en el recinto de Diputados. La misma discusión se dio durante el tratamiento de la Ley Bases: el radicalismo impulsó en aquel momento una ambiciosa reforma laboral que iba contra el poder de los gremios, pero que tuvo que limitarse después de que el exsenador se encargara de desarticular sus apoyos.

Esta tarde, tras anticipar su rechazo, Pichetto pidió “un debate parlamentario más amplio” con la presencia de los representantes de las asociaciones sindicales. En referencia con la pertinencia de los libertarios de librar una batalla con los gremios, el diputado señaló: “Hay que ser realistas de los límites que el Gobierno tiene”.

A través de un texto común, la UCR, Pro, la Coalición Cívica (CC) y Demcracia pretenden modificar la Ley 23.551, que regula a las asociaciones sindicales. Su principal objetivo se centra en garantizar la democratización, la transparencia y la rendición de cuentas en los sindicatos, así como una modernización de sus funciones. Impulsa la alternancia de su dirigencia y promueve la equidad de género en sus órganos directivos. Además, busca desarticular los dos principales sostenes de los gremios: elimina la obligatoriedad de las “contribuciones solidarias” para los no afiliados, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad que es pactada en los convenios colectivos, y dispone el derecho de opción de las obras sociales. Estas reformas son fuertemente resistidas por la CGT y las dos vertientes de la CTA, que ven amenazado como nunca antes su poder de caja y representación.

Hasta ahora, el oficialismo en Diputados se negaba a quebrar la buena sintonía con los gremios y avanzar en contra de la CGT. Sin embargo, escenificaron un viraje por la presión del bloque macrista, que exigió al Gobierno impulsar esta reforma, entre otras, para sostener su alianza parlamentaria.

“El Poder Ejecutivo bajó línea de acompañar como un gesto en favor de Pro, que viene acompañando bien”, señaló un referente de La Libertad Avanza (LLA). No obstante, no hubo caras largas en el oficialismo tras el fracaso del dictamen. Todo lo contrario: se lo vio al jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, paseando su euforia por los pasillos del Palacio Legislativo.

Los referentes de Unión por la Patria (UP) y la izquierda rechazaron la iniciativa. Entre otros, sus principales argumentos a favor de las asociaciones sindicales se fundaron en la inconstitucionalidad de algunas de las reformas, en el “rol social” de los sindicatos, en la autonomía de los gremios y en la presunción de que los proyectos en discusión tienen un “profundo sesgo antisindical”.

“No acompañamos la posicion de varios legisladores porque se vulnera el principio de autonomía sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, dijo Sergio Palazzo, de UP. El secretario general del sindicato de La Bancaria también defendió el financiamiento de los gremios: “El sistema sindical argentino es distinto al resto, defiende al afiliado como al no afiliado y por eso existe la cuota de solidaridad”, explicó.

Qué propone la reforma:

• Garantiza la democracia interna mediante la comunicación fluida entre órganos y afiliados, participación efectiva de todos los afiliados, elección directa de cargos y alternancia en el poder. Se introduce la representación proporcional de las minorías en órganos deliberativos y directivos, siguiendo el sistema D’Hondt.
• Limita el financiamiento de las asociaciones sindicales al impedir que reciban recursos de empleadores ni de organismos públicos o extranjeros. Además, define que todo descuento salarial para el sindicato debe contar con la autorización expresa del trabajador, la cual puede ser revocada en cualquier momento. El gremio no podrá “establecer, exigir ni imponer, aportes a los trabajadores de manera obligatoria”.
• La propuesta reafirma que el empleador solo estará obligado a actuar como “agente de retención” de las cuotas sindicales si cuenta con el consentimiento expreso del trabajador.
• Los beneficiarios podrán ejercer la opción de elegir libremente su obra social, después de permanecer tres meses en la obra social que le corresponde por rama de actividad. El trámite de traspaso se deberá realizar de forma presencial en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) -algo que desalienta el trámite-. Tras concluir el cambio, deberá permanecer tres meses, como mínimo, en la nueva obra social elegida para volver a ejercer el derecho de opción.
• Los trabajadores deberán consentir su afiliación al sindicato. La desafiliación podrá hacerse mediante una notificación simple, por telegrama, y tendrá efecto inmediato.
• Los órganos directivos de los sindicatos deberán estar conformados por un mínimo de cinco miembros elegidos democráticamente, con mandatos de hasta cuatro años y reelección limitada a un solo período consecutivo. Para volver a ocupar la jefatura deberán esperar un plazo de cuatro años. Actualmente, los mandatos tienen la misma duración, pero pueden ser reelectos indefinidamente. Para poder integrar estos órganos, el proyecto define que regirá la “legislación vigente para candidatos a cargos públicos electivos nacionales”. Es decir que, de aprobarse la iniciativa de “ficha limpia” no podrán ser aspirantes a estos roles quienes tengan condena confirmada por corrupción en segunda instancia. Define que es requisito presentar una declaración jurada patrimonial integral para ocupar un cargo en los gremios.
• Se garantiza la participación femenina proporcional al número de mujeres afiliadas en los cargos representativos y directivos de las asociaciones sindicales. La ley vigente fija un piso del 30% de cupo de género.
• Se establece la necesidad de remitir a la autoridad administrativa los estatutos, los cambios en órganos directivos, balances, nóminas de afiliados, entre otros. Se promueve la implementación de programas de integridad y transparencia, con el objetivo de un uso eficiente de recursos. El patrimonio sindical deberá publicarse de manera actualizada.
• Se contempla un plazo de un año, después de promulgada la iniciativa, para que las asociaciones sindicales adecuen sus estatutos.

Actualización de sentencias judiciales

La Comisión de Legislación Laboral sí pudo dictaminar los proyectos que reforman la manera en que se actualizan los montos de las sentencias judiciales. El de mayoría, firmado por Pro, la UCR, Democracia, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica obtuvo 15 firmas. Apunta a modificar la fórmula de actualización de los montos indemnizatorios frente al retraso de los juicios laborales.

El de minoría, con 14 firmas, fue acompañado por Encuentro federal, el kirchnerismo y la izquierda.

Verónica Razzini, de Pro, quien impulsó la iniciativa comentó a LA NACION: “Me siento conforme porque este proyecto cuida a las pymes y evita la quiebra de cientos de firmas, pero además protege al trabajador. Es una iniciativa con la que ganamos todos”.

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