Fracasó la negociación entre el Gobierno y Vicentin para avanzar con un fideicomiso
PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.- El gobierno de Santa Fe decidió "cerrar" la negociación con Vicentin, luego de que –según la administración de Omar Perotti- el directorio de la empresa se negara a correrse de la conducción de la agroexportadora, una de las condiciones para avanzar con la conformación de un fideicomiso con acuerdo con la compañía.
Luego del encuentro que se realizó en el juzgado Civil y Comercial de Reconquista, el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, explicó que "lamentablemente no se llegó a un acuerdo, porque las dos condiciones que puso el Estado nacional y el gobierno de Santa Fe no fueron aceptadas".
Somaglia sostuvo que "se pidió a los directivos actuales que se apartaran de la gestión de la empresa y decidieron no hacerlo. Tampoco se logró que las acciones que pedíamos sean transferidas en fideicomiso".
"Por lo tanto, hemos decidido dejar la negociación, ponerle un punto y establecer esta línea de tolerancia", apuntó el funcionario que estuvo al frente de las negociaciones.
Desde la empresa aseguraron a la LA NACION que "las negociaciones fracasaron porque la manera en la que se busca constituir el fideicomiso representa una expropiación encubierta". "Los directivos estaban dispuestos a que se conformara un nuevo directorio representado por los accionistas, pero el gobierno no lo aceptó".
La empresa rechazó además, según confiaron voceros de la compañía, ceder las acciones para que sean administradas en un fideicomiso "sin que exista un plan" hacia futuro.
Las conversaciones con la empresa se complicaron durante los últimos días. En el gobierno de Santa Fe se mostraron tranquilos al adelantar que esperarán a ver qué decide el juez a mediados de agosto sobre el incidente que abrió a la par del concurso con la propuesta de intervención mixta que presentó el 19 de junio pasado, a través de la Inspección General de Persona Jurídica, el gobierno de Santa Fe.
Revés a la estrategia de la Casa Rosada
La de este jueves fue la segunda reunión de conciliación, que abrió el juez de Reconquista, como instancia para buscar una salida luego de que el 19 de junio pasado el gobierno de Santa Fe presentara una propuesta de intervención mixta de la empresa. Ese mismo día el magistrado dio un duro golpe a la estrategia delineada por el presidente Alberto Fernández al restituir en sus cargos a los directivos de Vicentin y relegar a veedores a los dos interventores designados por el gobierno nacional el 8 de junio pasado.
El anuncio de Fernández de expropiar la empresa desató protestas en Avellaneda, en el norte de Santa Fe, donde esta compañía de origen familiar nació hace más de 90 años, y se terminaron amplificando en varias ciudades del país con los banderazos del 21 de junio y el 9 de julio pasado.
El gobierno de Perotti planteó en la instancia de conciliación que abrió el juez –que separó esta disputa, como un incidente aparte del expediente del concurso– la necesidad de crear un fideicomiso para que administre Vicentin, algo que en la primera reunión obtuvo el acuerdo de los directivos de la agroexportadora, que acumuló un pasivo de 99.000 millones de pesos, según el expediente.
Las complicaciones surgieron cuando las negociaciones avanzaron sobre la letra chica del acuerdo general. El gobierno de Santa Fe, en sintonía con la gestión de Alberto Fernández, que monitoreaba la situación con el ex interventor Gabriel Delgado y Juan Manuel Olmos, asesor presidencial, puso como condición básica que los directivos de Vicentin se debían correr del manejo de la empresa, algo que –según fuentes de la administración de Perotti- lo reclamaban los principales acreedores.
Esta idea nunca terminó de ser aceptada por la totalidad del directorio de la firma, que pretendía tener aunque sea mínima una representación, aunque sea mínima, en la administración del fideicomiso. Fuentes del gobierno de Santa Fe señalaron además que un sector de la plana mayor de la firma exigió otra condición: un acuerdo de indemnidad judicial, que fue rechazado por el gobierno de Santa Fe.
Unas horas antes de la reunión, por pedido del fiscal Gerardo Pollicita se libró una orden de presentación con allanamiento en la sede de la agroexportadora en Avellaneda, el norte de Santa Fe, en busca de los libros societarios de Vicentin.
Fuentes de la justicia federal confirmaron a LA NACION que la medida se tomó porque "la empresa no presentó en la causa la documentación que se le requirió con respecto al año 2019", que es el periodo cuando se produce el default y deriva en la convocatoria de acreedores el 10 de febrero pasado.
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