Formosa: un informe exhibió más de 50 ataques a la libre expresión

En el marco de las reiteradas denuncias a Gildo Insfrán por violación de derechos humanos, restricción de libertades individuales y barreras a la prensa, asociadas a la gestión sanitaria del gobierno de Formosa, la Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) presentó un informe en el que enumera más de 50 casos de censura y ataques al periodismo en la provincia. Es un racconto de hechos sucedidos entre 2012 y 2021, un tercio de los cuales se acumulan exclusivamente a los primeros meses de este año.

“Está claro que el recrudecimiento del clima de hostilidad hacia la prensa llegó a niveles altísimos y que requiere de la atención de todos los organismos de defensa de derechos humanos, de intervención judicial y de la máxima responsabilidad política, a fin de garantizar las condiciones necesarias para la subsistencia de la convivencia democrática y el respeto las garantías constitucionales en la provincia de Formosa, como parte integrante del sistema republicano, democrático y federal vigente en nuestro país”, dice el documento, que se pretende elevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismos judiciales, organizaciones periodísticas y a la sociedad en su conjunto.

Según declara la organización no gubernamental –liderada por la extitular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) Silvana Giudici–, los obstáculos hacia el periodismo “se suceden con regularidad” en la provincia de Formosa, pero se vieron potenciados con la pandemia del coronavirus.

“La crítica situación se vio agravada con el inicio de confinamiento social dispuesto por el decreto 297 de marzo de 2020, que dispuso el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) a nivel nacional, se recibieron denuncias de restricciones a la circulación, ciudadanos varados por meses, a la vera de la ruta de ingreso a la provincia, además de limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión e impedimento a los trabajadores de prensa para circular por el interior de la provincia”, sostiene el informe. Y remarca, previo a nombrar la restricción de ingreso a los periodistas de LA NACION, ocurrida los primeros días de febrero: “Ya en el mes de enero de 2021 y hasta la actualidad, los periodistas vieron definitivamente prohibido el ingreso a la provincia y negada su libertad de circulación para el ejercicio de la labor periodística en todas las localidades provinciales”.

En el escrito no solo se mencionan los intentos de este y otros medios por ingresar a la provincia de Formosa y circular con libertad en el territorio que controla Insfrán, sino que también se hace referencia a las limitaciones impuestas sobre los periodistas locales. “Las autoridades provinciales prohibieron las conferencias de prensa y la posibilidad de preguntas de parte de los periodistas imponiendo la obligación de formularlas por mail”, afirman en la fundación, tras indicar que “el ministro de Gobierno, Jorge González, estableció que a partir del 25 de enero de 2021 los periodistas no podrán formular preguntas respecto de las medidas sanitarias o condiciones de los centros de aislamiento en los que fueron alojados ciudadanos que fueron reingresando en la provincia”.

El documento expone 35 casos –nucleados entre 2012 y 2019– de ataques, agresiones físicas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación, amenazas, encarcelamientos y restricciones de acceso a la información. Entre los primeros casos reportados, se denuncia una presunta amenaza de muerte al periodista radial Carlos Varela, luego de que exhibiera contrataciones irregulares del gobierno provincial en el programa Periodismo para Todos, conducido por Jorge Lanata. También, la censura a aquel programa televisivo y el cierre de una emisora de aire.

Otras 16 denuncias se aglomeran entre enero y marzo del corriente año, en un contexto de “pasos fronterizos cerrados”, “ciudadanos varados a la vera de la ruta”, “presión a periodistas”, “denuncias de maltrato policial”, “ciudades sitiadas”, “confinamientos en pésimas condiciones sanitarias” y “tensión social”, según indica el informe. Entre los hechos del 2021 enumerados por Fundación LED, se encuentra la detención de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz por participar de una marcha en contra del gobierno local; la prohibición de acceso a los periodistas de LA NACION y los fallos judiciales en su contra; la detención de periodistas durante la manifestación del llamado “viernes negro” y las denuncias elevadas por la oposición.

La organización que vela por la libertad de expresión advierte, también, que el 10 de febrero presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación “para garantizar el ingreso y la labor de los periodistas en la provincia de Formosa”, sobre el cual aguarda respuesta. En el procedimiento judicial, se solicita que “se garantice el derecho de la población a la libertad de expresión mediante el correcto acceso a la información garantizado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que a ella se integran”.

En palabras de los responsables de Fundación LED, “es innegable la importancia que el ejercicio de la libertad de expresión tiene para una República democrática”. En ese sentido, afirmaron: “Tal como expresa la declaración de libertad de expresión de la CIDH, la libertad de expresión no tiene fronteras. La Constitución Nacional garantiza a todos los ciudadanos la libertad de circulación en todo el territorio argentino, así́ como la libertad de expresión sin censura previa ni restricciones de ningún tipo, como establece el art. 14, 32 y 75″.

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