Formosa: pese a las denuncias y críticas, los centros de aislamiento de Gildo Insfrán siguen activos

Hoy, la Corte Suprema se volvió a pronunciar para advertir al gobierno de Gildo Insfrán sobre una posible violación de derechos humanos en los centros de aislamiento dispuestos por Formosa, e hizo un pedido de informe detallado, antes de resolver la causa abierta por las denuncias sobre el manejo de la cuarentena. El fallo de la Corte responde a un hábeas corpus presentado por el senador radical Luis Naidenoff, que sostiene que en los centros gubernamentales se vulneran los derechos humanos, al no existir garantía de salubridad, ambiente sano, salud física, privacidad, intimidad, libre circulación y trato digno.

Se trata del segundo revés para la gestión de Insfrán en el máximo tribunal. El 25 de noviembre de 2020, a más de ocho meses de iniciada la pandemia por coronavirus, el gobierno formoseño habilitó el "proceso de ingreso masivo de personas" a la provincia. Fue una orden de la Corte, tras la presión de más de 8800 formoseños que querían volver a sus casas y ante el impedimento de hacerlo por parte del gobierno provincial.

Convencidos de que "en la Argentina no hay ejemplos" como el de Formosa, en lo que respecta al manejo de la pandemia, y que "habría que buscar en el mundo quienes hayan podido controlar así el brote" –según palabras textuales del ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge González–, la gestión de Insfrán, hasta fines del año pasado, dejaba entrar a los formoseños a cuenta gotas, para evitar la propagación del Covid-19 y velar por "el derecho a la vida".

Las restricciones aún persisten, pero con un protocolo "más flexible". Ya no se ven, en las banquinas de la ruta 11 –del lado de Chaco–, a las más de 50 familias que supieron acampar, durante meses, a la espera de una habilitación para cruzar el río Bermejo.

A Formosa se entra, sí, pero en la fecha y hora que disponga el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, con un hisopado negativo previo a ingresar; otro, una vez adentro, y ante la condición innegociable de que "la persona autorizada acepta cumplir una cuarentena obligatoria en un Centro de Alojamiento Preventivo, de acuerdo a los criterios y directivas de las autoridades competentes, suscribiendo a su arribo el consentimiento informado correspondiente", según se detalla en la página web del gobierno provincial.

Los datos oficiales indican que Formosa es la última provincia a la que ingresó el virus, a mediados de junio, y la que mejor índice de contagios tiene, a nivel país –1175 contagiados y 20 muertos, a la fecha–. Pero los resultados llegan acompañados de la privación de libertades, avasallamientos, decisiones arbitrarias y múltiples denuncias al gobierno de Insfrán por maltrato y violación de derechos humanos, en particular, en los centros de aislamiento.

A la presentación de Naidenoff, se suma un pedido anterior de la organización Amnistía Internacional a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragalla Corti, para que se "condenen las violaciones a los derechos humanos por las graves condiciones en las cuales las personas son alojadas". También, denuncias penales ante la Justicia Federal formoseña y una apelación de Juntos por el Cambio (JxC) ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, entre otras acciones. Todas, con foco en el sistema de cuarentena que diseñó la mesa chica de Insfrán.

"No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa, decir eso sería un chiste. No se violan sistemáticamente los derechos humanos en Formosa y no hay delitos de lesa humanidad en la provincia de Formosa", afirmó Pietragalla Corti después de haber sido enviado a Formosa durante dos días, a fines de enero, para relevar el manejo de los centros de aislamiento, tras la ebullición de denuncias. Una semana después, un grupo de diputados de JxC desembarcó en la provincia norteña para afirmar lo contrario.

Testimonios de formoseños aislados

En ese entonces, tras detallar historias de los formoseños aislados en aquellos centros, la diputada nacional por la Coalición Cívica Mónica Frade afirmó, en diálogo con LA NACION: "No son hechos aislados, es una metodología. En 48 horas de escuchar testimonios desgarradores, confirmo que es una metodología de gobierno".

Frade se refirió al caso de Zunilda Gómez, una mujer de 33 años que perdió su embarazo tras permanecer 22 días aislada, bajo llave, junto a sus hijos de entre cuatro y 12 años. "Se fue a hacer un control médico, la hisoparon y dio negativo, pero su marido positivo. Los llevaron al Estadio Cincuentenario, el lugar que recorrió [el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio] Pietragalla y no vio nada, y los dejaron en una habitación bajo llave", contó la diputada, luego de reunirse con la joven formoseña.

"Al cabo de unos días, empezó con pérdidas, que derivaron en una hemorragia imposible de frenar. La atendió la policía, ya que en los centros no hay personal de salud, y la llevaron a un hospital, dejando a los hijos solos en la habitación, porque al marido lo habían trasladado a otro centro", continuó Frade.

"Luego del raspado, la dejaron nueve días más encerrada, sin control médico", agregó la diputada de Juntos por el Cambio, y sentenció: "Si esto no es una detención ilegal, que me digan qué es una detención ilegal".

Otro de los testimonios dados a conocer fue el de Sonia Isabel Medina, quien estuvo más de 20 días encerrada, y dio cuenta de la falta de atención sanitaria y de la primacía de figuras policiales para asistir a las personas aisladas. "Fui a hisoparme el 5 de enero, voluntariamente, pensando que en 72 horas me iban a dar el resultado e iba a volver a mi casa, pero resulta que tenía que hacer el aislamiento por 14 días. A los 14 días, supuestamente salió un positivo, del cual nunca vimos los resultados, y tuvimos que hacer siete días más de aislamiento, con tres hisopados negativos", contó la mujer, en un video publicado por el diputado Waldo Wolff.

"Los médicos venían a la mañana o por la siesta, pero nunca estuvieron con nosotros. No teníamos enfermeros, ni médicos. Solo personal policial, a cargo de nuestra escuela, que se comunicaba con nosotros a través de un grupo de WhatsApp", continuó Medina. "Por el grupo teníamos que avisar que íbamos al baño, para no cruzarnos con el resto de las personas", agregó. Según la formoseña, ninguno de los integrantes de su familia tuvo acceso a los resultados de los hisopados, durante los 21 días que estuvieron aislados.

Durante los últimos meses, se hicieron públicos estos y otros tantos testimonios de formoseños que fueron trasladados por la policía de Formosa a los centros de alojamiento, que, en su mayoría, se encuentran en la capital de la provincia. A pesar de que el gobierno de Insfrán "flexibilizó" su régimen y, a principios de febrero, afirmó que permitirá realizar cuarentena en sus casas a las familias con menores y a las personas mayores de 60 años, la letra chica del protocolo todavía da sorpresas.

Tal es el caso reciente de Carlos Ojeda, un hombre no vidente de 82 años que fue encerrado en un hospital junto a su nieta, por diez días, bajo llave, ya que la Provincia no le permitió acceder a la cuarentena domiciliaria por vivir en condiciones precarias.

Irma López, de 64 años, fue advertida que, al igual que Ojeda, no podría aislarse en su domicilio, en línea con la contradicción oficial. Durante la visita de LA NACION a la frontera entre Chaco y Formosa, López dialogó con este medio y dijo: "Me dieron fecha de paso para el 14 de marzo. Yo pedí hacer la cuarentena en mi casa, porque soy mayor de 60 y tengo lugar para estar sola, pero nadie me responde si tendré que ir a un centro de aislamiento. Me dijeron que probablemente sea así".

"Cuando vuelva, me va a esperar un vehículo policial del otro lado del puente para trasladarme adonde dispongan. Si tengo que ir a un centro, lo haré", se resignó la mujer, quien, después de un año sin poder salir de Formosa, había viajado a la localidad chaqueña de Puerto Eva Perón a visitar a sus padres.

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