Formosa: las medidas de Gildo Insfrán que avivaron el descontento social

Desde que comenzó la cuarentena por el coronavirus, el gobierno de Gildo Insfrán tomó una serie de medidas restrictivas que acrecentaron el descontento social de los formoseños y desencadenaron, hoy, en una manifestación masiva frente a la casa de gobierno provincial. La protesta fue reprimida por la policía.

En las conferencias de prensa diarias en las que reporta el parte sanitario, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González –mano derecha de Insfrán– insta a los formoseños a “no bajar los brazos” y “no rendirse”, tras asegurar que Formosa da “lecciones” de manejo sanitario a la Argentina y al mundo. “No bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”, dijo, ya, 362 veces. Pero, este mediodía, alrededor de 4000 formoseños se rindieron y salieron a la calle. Salieron a protestar. A pedir libertad para ir a trabajar.

En medio del revuelo, la conferencia, que suele extenderse por más de una hora y habilitar, sobre el final, preguntas de periodistas locales –previamente tamizadas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19– , hoy duró ocho minutos y no se abrió a preguntas. “Un grupo de personas de la ciudad de Formosa, disconformes con las decisiones sanitarias, recurrió a la violencia extrema para realizar sus reclamos. Nada justifica este tipo de acciones violentas. Llamamos a la reflexión e invitamos a que todos sus reclamos los realicen de manera pacifica”, se limitó a decir González.

Ayer, el consejo que dirigen Insfrán y González anunció el regreso de la ciudad de Formosa a la fase 1 de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), tras reportar 17 nuevos casos positivos de coronavirus, y restringió por completo la circulación en la capital. La medida fue la gota que rebalsó el vaso, tras múltiples denuncias al gobierno formoseño por violación de derechos humanos y restricción de libertades.

Más de 8800 formoseños varados, durante ocho meses

Los cuestionamientos empezaron a tomar temperatura a fines del año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia debió intervenir para que el gobierno de Formosa dejara ingresar a la provincia a los más de 8800 formoseños que permanecieron varados por ocho meses, sin poder regresar a sus casas. En 280 días, las autoridades habían dejado pasar a 6721 personas.

El 25 de noviembre de 2020, luego de la habilitación del “proceso de ingreso masivo de personas” a Formosa, comenzó a quedar en evidencia la situación vivida en los centros de “alojamiento preventivo” gubernamentales, en los que se aislaban tanto a los recién llegados a la provincia como a los contagiados por Covid-19 o sospechosos de estarlo.

Si bien ya no se ven, en la frontera entre Chaco y Formosa, los más de 50 varados que supieron dormir al intemperie, durante meses, a la espera de cruzar el río Bermejo, cada día se suma alguna familia a la banquina de la ruta nacional 11, a quien la policía formoseña mantiene demorada por horas o días hasta habilitar –o denegar– su ingreso.

Violación de derechos en los centros de aislamiento

Tras acumularse innumerables denuncias por condiciones de insalubridad, falta de higiene, maltratos y violación de los derechos humanos en los centros, a fines de enero se presentaron dos medidas cautelares presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –una, elevada por las organizaciones Bases Republicanas y Cadal; la otra, por los legisladores radicales Luis Naidenoff y Mario Negri–.

Las acusaciones escalaron en una intimación de la organización Amnistía Internacional al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien no tuvo más opción que viajar a la provincia que lidera Insfrán. Amnistía informó haber recibido numerosas denuncias por “las graves condiciones en las cuales las personas son alojadas en los Centros de Atención Sanitaria (CAS)” de la provincia de Formosa, entre ellas “personas que sufrieron el aislamiento de manera compulsiva –durante, incluso, hasta 30 días–, la falta de acceso a los resultados de sus testeos de Covid-19, la custodia por personal policial las 24 horas, la presencia de personal de salud esporádica, el hacinamiento, la falta de higiene, la falta de ventilación, la provisión escasa de alimentación, la utilización de rejas y cierre de aberturas”, entre otras.

Pese a las denuncias que se hicieron públicas y fueron respaldadas imágenes y videos, Pietragalla Corti afirmó, luego de su visita de fines de enero, que “no existen violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Formosa”. Dijo, además, que “no hay centros clandestinos de detención en la provincia” y que “decir eso sería un chiste”. Aún así, continuaron exhibiéndose casos de personas encerradas bajo llave, hacinadas, sin asistencia sanitaria ni evidencia de estar contagiadas. Fue entonces que, un mes después, a fines de febrero, la Corte exhortó a Insfrán a garantizar los derechos humanos en los centros de aislamiento.

La Corte Suprema pidió informes al gobernador, y remarcó “la necesidad de llevar a cabo el control y prevención de la propagación del virus Covid-19 con arreglo a los estándares constitucionales y convencionales concernientes a los derechos humanos”. En paralelo, el gobierno de Formosa había adelantado una suerte de “flexibilización” de su régimen sanitario, permitiendo a las personas mayores de 60 años o a las familias con menores que realizaran cuarentena en sus domicilios, en vez de ser trasladados por la policía a los centros provinciales. Sin embargo, la medida no siempre se cumplió.

Durante la visita de LA NACION a la frontera entre Chaco y Formosa, este medio dialogó con Irma López, una mujer de 64 años que se encontraba en la localidad chaqueña de Puerto Eva Perón y había sido advertida que, en su regreso a Formosa, no iba a poder aislarse en su domicilio. “Me dieron fecha de paso para el 14 de marzo. Yo pedí hacer la cuarentena en mi casa, porque soy mayor de 60 y tengo lugar para estar sola, pero nadie me responde si tendré que ir a un centro de aislamiento. Me dijeron que probablemente sea así”, indicó, entonces, la mujer.

“Cuando vuelva, me va a esperar un vehículo policial del otro lado del puente para trasladarme adonde dispongan. Si tengo que ir a un centro, lo haré”, agregó López, que había viajado a Chaco a visitar a sus padres, tras un año sin poder cruzar el puente que divide ambas provincias.

Clorinda, bloqueada desde el 31 de agosto

Otro reclamo que se mantiene activo entre los formoseños es el pedido de apertura de la localidad de Clorinda –limítrofe con Paraguay y cercana a Asunción–, que lleva 187 días cerrada, por orden de Insfrán. Las manifestaciones en repudio de la medida se mantienen constantes desde el año pasado, pero los clorindenses siguen sin conseguir un revés oficial. Una semana atrás, encabezaron un acto multitudinario junto a una comitiva de diputados de Juntos por el Cambio, que viajó por segunda vez a Formosa para reafirmar su rechazo al manejo sanitario.

“Venimos levantando la voz desde el 31 de agosto, por nuestros derechos, para que nos escuchen y desbloqueen la ciudad. Era por 15 días, y llevamos más de 180. Nos solemos vestir a rayas en representación de cómo nos sentimos los clorindenses, presos en nuestra propia ciudad y nuestra propia provincia”, dijo entonces Miriam Filipini a LA NACION, una vecina que fue detenida por participar de los reclamos por la privación de libertad, disfrazada de presa.

“Es lastimoso, triste y angustiante todo lo que estamos pasando los clorindenses y los formoseños en general”, agregó, tras detallar que muchos habitantes de Clorinda no han podido continuar sus tratamientos médicos, al verse imposibilitados de viajar a la capital de Formosa. “Murió más gente por el abandono de sus tratamientos oncológicos y cardíacos, que por coronavirus. Esta semana le tocó a un amigo mío”, se lamentó Filipini.

Reclamo por vivienda

Además de las críticas al manejo sanitario, hace tres semanas que Formosa es foco de reclamo por una vivienda digna. En distintos accesos a la capital, se gestaron acampes de familias que reclaman por una solución habitacional. En su mayoría mujeres solteras, con hijos, han cortado las rutas para pedir al gobierno de Insfrán la entrega de módulos habitacionales, en el marco de un programa que comenzó hace siete años y quedó truncado.

“Nos agarraron cuatro lluvias y nadie nos da soluciones. Presentamos los papeles que corresponden para que nos den la asignación de nuestras casas. Tenemos hijos discapacitados y estamos acá hace tres semanas. Nadie viene a darnos unas solución”, dijo hoy LA NACION una de las manifestantes que permanece, hace días, en la salida norte de la ciudad de Formosa.

El gobierno habría prometido a las familias la entrega de lotes de 10x20 y 10x30 metros, con agua, luz, una habitación construida y un baño; pero la vivienda nunca llegó y, desde 2017, no se adjudican casas. Serían más de 400 construcciones abandonadas, según indicó a LA NACION el concejal radical Fabián Olivera, quien dijo, además, que “hacía rato que en Formosa no existían tantos cortes, con tanta gente en la calle”.

Para atenuar el impacto de las protestas, el Estado formoseño aceleró la entrega de algunos módulos, días atrás, pero, lejos de que eso brindara calma, el reclamo se intensificó, porque las familias fueron trasladadas a viviendas sin puertas, ventanas, ni desagües. Eso empeoró el enojo de la gente.

Dalma Cabañas, de 33 años, es una de las personas que, recientemente, se mudó con su familia al barrio apodado como “módulo 110”, al noroeste de la capital formoseña, desde el barrio informal Sagrado Corazón, ubicado al sur, próximo al aeropuerto. “Queríamos salir del desastre en el que vivíamos y nos trajeron a un lugar casi igual”, dijo la mujer a LA NACION, tras detallar: “Al módulo le falta una ventana, el patio está inundado, la cámara escéptica no tiene tapa y hay agua solo cada tanto”.

Restricciones a la libertad de prensa

A las limitaciones a la circulación y las libertades individuales se suman barreras a la cobertura periodística. Los medios locales denuncian que no pueden moverse en la provincia con libertad, ni han podido acceder a la frontera entre Chaco y Formosa para dar cuenta de las restricciones de ingreso. En caso de querer ahondar en detalles acerca de las medidas sanitarias, los periodistas deben enviar preguntas por escrito al Consejo Integral de Atención de la Emergencia del Covid-19, que el mismo elige o no responder, durante sus conferencias diarias.

LA NACION intentó ingresar a Formosa a principios de febrero, pero su acceso fue denegado, tras múltiples intentos de comunicación con González y otros funcionarios y referentes del consejo sanitario. Incluso, habiendo advertido la limitación a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Los ingresos son con protocolo”, “los protocolos están en la página web”, fueron las únicas respuestas, que exigían a los periodistas a realizar una cuarentena obligatoria en los centros de aislamiento, pese al decreto nacional que permite la libre circulación de los trabajadores esenciales y los exime de dicha medida, en el marco de la pandemia. El reclamo de LA NACION continúa y, recientemente, la Justicia federal con competencia en Formosa rechazó un habeas corpus presentado para solicitar el ingreso formal a la provincia.

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