Fogonazo inflacionario: los precios se desbordan en el conurbano y presionan sobre las familias en los barrios populares

La inflación avanza. Según datos oficiales, durante todo 2023 el alza en los precios se mantuvo, sin excepción, por encima de los 6 puntos mensuales siendo agosto y septiembre los capítulos más dramáticos del año con una inflación por encima del 12% en ambos casos. Pero ahora, con la desregulación de la economía y los precios liberados, la problemática muestra su cara más voraz, de la manera más regresiva, en el distrito más populoso del país.

“El arroz antes era un refugio”, remarca Isaac Rudnik, en la puerta de un almacén de José León Suarez, en el partido de San Martín. Dirige un instituto que desde hace varios años le sigue la pista a la variación de los precios en la canasta básica. Lo hace mes a mes, en distintos puntos del país, en lo que puertas adentro denominan los “almacenes de cercanía”. Son los pequeños comercios en los barrios populares, donde no desembarcan las grandes cadenas con sus ofertas, los posnets para realizar los pagos con la Tarjeta Alimentar son discontinuos, y las políticas de congelamiento de precios de las anteriores administraciones nunca llegaron.

En línea con las consultoras privadas, Rudnik calculaba que diciembre dejaría un registro en torno al 25%. Sospechó de alguna falla técnica cuando las cuadrillas de vecinos rastrillaron el conurbano –recorren 850 comercios– y los datos relevados reflejaron una inflación del 48% en la Canasta Básica Alimenticia (CBA). Atinó entonces a cotejar la información con la de Mar del Plata y la ciudad de La Plata, dos puntos siempre en sintonía con el conurbano: estaban apenas unos puntos por debajo.

“Los alimentos son el motor de la inflación”, explica con calma, acostumbrado a que los informes del Instituto que comanda -que tiene a los almacenes de cercanía como único objeto de medición- enseñen cifras superiores a las del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), que examina un compendio mucho más amplio.

Además de revelar ese dato inquietante, el último trabajo del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), publicado esta semana, pasa revista por algunos de los números que dejaron las últimas tres gestiones. Por caso, la inflación de ambas canastas –la total y la alimenticia– en los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández, superó el 1000%. El trabajo precisa también algunos otros datos correspondientes al último año. La leche, por ejemplo, sufrió una variación interanual de más del 500% y el arroz, el antiguo refugio de las familias según Rudnik, una inflación del 733%.

Todos números que acorralan a las familias en los barrios populares que, frente al asedio inflacionario, se reagrupan, reparten gastos entre sus miembros, y planifican excursiones a las afueras del vecindario para eludir los comercios de “cercanía”.

“Estuve alquilando bastante tiempo, pero llegó un momento en que no me dio más el bolsillo y tuve que volver de nuevo a lo de mis viejos”, explica Lorena Franco, vecina de José León Suarez, uno de los 20 distritos del conurbano relevados por el Isepci. Se mudó hace dos meses, luego de la devaluación que dispuso el exministro de Economía Sergio Massa tras las PASO. Su familia la recibió con los brazos abiertos: distribuyen las cargas y tienen mayor margen de planificación. “A mí me toca internet. Mamá paga la luz”, ilustra.

“Si no vas al mayorista no podés. Nosotros somos 7″, remarca Eugenia Báez, vecina del barrio Lanzone. “Vamos al mayorista y compramos por pack. No hay otra forma. Cuando se cobra ponemos un poco cada uno y vamos. Cuando no se llega, tenés que comprar acá [en los almacenes del barrio]”. Báez recuerda que por el último pack de pañales para su hijo pagó $4500. Asegura que ahora, en el barrio, ese mismo pack, supera los 12 mil pesos.

Rudnik apunta que la estrategia de recurrir al mayorista es empleada por unas pocas familias. “Muchos cobran semanalmente. Van con el día a día, y no tienen mucha posibilidad de bancarse ni planificar”, remarca.

La canasta básica total, que añade otros productos elementales a la alimenticia -y traza la línea que determina la pobreza- sufrió un incremento similar (45%), confirmando que el refuerzo del 50% en la Tarjeta Alimentar, anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, hace apenas tres semanas, ya fue absorbido por el último mes del año. Para remate, ese auxilio todavía no se materializó: se cobrará recién el 10 de enero.

Del otro lado del mostrador

“En diciembre dimos vuelta el negocio”, grafica el comerciante Oscar Spadiliero, que explica la metáfora: “Tuve que remarcar todo. Todo el tiempo”. Es uno de los pocos comerciantes en José León Suarez que, sin temor a una inspección, se presta a conversar con este medio. Comparte, por caso, que una gaseosa –muy popular en el conurbano– pasó de 680 a 1000 pesos en tan solo 15 días. “Tratamos de ajustar y vender lo más barato que se pueda. Pero tengo que remarcar. Estoy haciendo 120 mil pesos por mes”, precisa.

Sin plata ni lugar para hacerse de stock, estos comercios están atados a los vaivenes en los precios de las grandes bocas de abastecimiento que rodean a los barrios. Ante el temor de sufrir alguna pérdida al momento de reponer la mercadería, retocan – sin control”, subraya Rudnik–, el valor de los productos que terminan su recorrido en los almacenes de los barrios populares.

Desde 2011 que el Isepci visita el negocio de Spadieri, que vio su luz en 1988. Luz que, meses más tarde, se vería ensombrecida por la hiperinflación del gobierno de Ricardo Alfonsín. “Es distinto. En ese entonces –recuerda– tenía que esconder la mercadería. La gente tenía con qué [comprar] y se volcaba en los comercios para no perder poder adquisitivo”. El comerciante asegura que desde hace dos meses recauda 50 mil pesos menos por día y que dejó de vender verdura. “Pedían solamente un morrón. Terminaba tirando los cajones. Ahora solo tengo papa y cebolla”, cuenta. “La gente, hoy, no tiene con qué”, distingue.

No es el primer salto brusco registrado por el Isepci en los últimos 12 meses. La medición de la inflación de agosto, luego del ajuste de Massa, fue del 27%. Al mes siguiente, sobrevino una fuerte desaceleración: apenas un 2,7%. La remisión a este antecedente despierta un frágil optimismo: la idea de que la escalada de precios perdería su vértigo al no encontrar eco en la otra punta –el salario–. “Probablemente, en los meses siguientes se produzcan subas de menor magnitud”, apunta el informe. “Pero sobre un piso de valores que no bajarán, mientras tanto los salarios y las jubilaciones mínimas, las asignaciones sociales, las remuneraciones de los empleos informales, reciben aumentos –si los reciben– siempre de menor cuantía”, continúa.

De confirmarse ese diagnóstico, se abre la incógnita respecto de si la desaceleración, esperada con ansias en los barrios, de suceder, podrá mutar en un derrumbe generalizado de los precios, tal como parece proyectar el gobierno.

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