Fisuras en el dique opositor del Consejo de la Magistratura

El año de la peste amenaza con despedirse en medio de un escándalo institucional. El paso más largo que dio este año el kirchnerismo en su intento de colonizar el Poder Judicial fue revisar los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Los tres recurrieron a la Corte Suprema, que no objetó el modo en que estaban designados. Sin embargo, cuatro ministros del máximo tribunal establecieron que ellos, y todos los magistrados que estuvieran en una situación similar, permanecerían en su posición sólo hasta el momento en que sus cargos sean concursados. Esta decisión instaló un clima de inestabilidad en la Justicia. Instaló a ese trio, que interviene en causas de gran sensibilidad política, en un limbo muy precario. Y abrió la posibilidad de una avanzada oficialista sobre los tribunales, aprovechando la infinidad de concursos a los que obliga el fallo.

La oposición al Gobierno en el Consejo de la Magistratura se ofreció como un dique frente a esa hipotética oleada. Para designar o trasladar jueces se necesita una mayoría de dos tercios de los consejeros. Es decir, 9 votos. El kirchnerismo sólo tiene 7. Quiere decir que, con 6 votos enfrente, esa mayoría especial le resulta inalcanzable. Así se lo hicieron saber, después de la sentencia de la Corte, los integrantes de ese bloque al representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz. Esa contención se acaba de quebrar. Ricardo Recondo y Juan Manuel Culotta, delegados de los jueces en el Consejo, informaron a los miembros de la oposición, con los que parecían abroquelados, que preferían acordar las designaciones judiciales con el oficialismo. De esta manera, la bancada que lidera Ustarroz pasó a tener los 9 votos necesarios para confeccionar, a partir de los concursos, las ternas que se le proponen al Presidente para que nomine un candidato ante el Senado. El kirchnerismo obtuvo así una victoria crucial. Y también inesperada: los principales líderes de Juntos por el Cambio juraban, hace apenas un mes, que el bloqueo para la formación de ternas era inquebrantable.

Los jueces Recondo y Culotta aducen que ellos representan a colegas que no toleran que el Poder Judicial esté paralizado por razones políticas. Paz Rodríguez Niell publicó ayer en LA NACION declaraciones de ambos. Culotta arguyó que a él no se le puede pedir que actúe con criterios políticos. Recondo explicó algo más: que su acuerdo con el kirchnerismo no tiene vinculación alguna con que el pliego de su esposa, la jueza Silvia Mora, espere para estos días un nuevo acuerdo del Senado, autorizando a ejercer la magistratura más allá de los 75 años.

Una versión reciente insistía con que quien cruzó de orilla para parlamentar fue sólo Culotta. Poco creíble: para que Ustarroz consiga los dos tercios era imprescindible también la transigencia de Recondo. Además, por personalidad y por experiencia, nadie supone que el segundo obedezca a las iniciativas del primero. La situación de estos funcionarios judiciales desnuda una peculiaridad de la arquitectura del Consejo: los incentivos de un consejero juez son distintos de los que dominan a los consejeros políticos. Aun así, es una incógnita si los militantes de Compromiso Judicial, la agrupación de Culotta y, sobre todo, los de la Lista Bordó, de Recondo, estarán contentos con este entendimiento, con tantas consecuencias institucionales.

Al desmarcarse, Recondo y Culotta dejaron a los otros 4 opositores frente a un dilema clásico. Ya que el kirchnerismo consiguió la mayoría necesaria, ¿no conviene sumarse el dúo dialoguista para sacar alguna ventaja del acuerdo? De paso quedaría asegurada "la unidad del bloque", un activo político de valor desconocido. Hasta ayer prevalecía esta estrategia. A pesar de que el pacto significa, en lo inmediato, la posibilidad de que el Gobierno conquiste la Cámara Federal Penal porteña, una de las colinas más preciadas en la guerra judicial. La convalidación del concurso para ese tribunal permitirá que Roberto Boico se convierta en camarista. Esa designación es, desde el punto de vista técnico, inobjetable. A Boico le sobran antecedentes académicos y atravesó airoso todas las instancias del concurso. Su pasivo, para la perspectiva opositora, es haber sido abogado de Cristina Kirchner. ¿Se puede discriminar a alguien por sus clientes? Es obvio que no. Pero la disputa política alrededor de los tribunales es tan dramática que esa aura simbólica había endurecido, hasta hace horas, a Juntos por el Cambio.

Distinto es el caso de Eduardo Farah, que fue trasladado de la Cámara Federal a un Tribunal Oral de San Martín. Farah pretende volver a su antiguo cargo. Si se lee con detenimiento el fallo de la Corte sobre traspasos, debería conseguir de nuevo la aprobación del Consejo. El juez trasladado tiene que quedar en su lugar hasta que su cargo sea cubierto por concurso. El regreso a la Cámara no sería, para usar la desaconsejable palabra que empleó el consejero Diego Molea, un "reintegro". Sería otro traslado.

Farah no es comparable con Boico. Con él regresa a la Cámara un ahijado de Javier Fernández, el gestor judicial a quien Antonio Stiuso identificó como uno de sus hombres. Además de esa subordinación, Fernández reveló otra hace pocos días:"Mi jefa es Cristina Kirchner", proclama. Stiuso y la vicepresidenta ya comparten, por lo menos, a Fernández. No sólo en Juntos por el Cambio son flexibles. Más allá de estas curiosidades, la reinstalación de Farah en Comodoro Py significa una gran defección de Alberto Fernández. Por lo menos del Alberto Fernández que había prometido prescindir de operadores judiciales y desconectar a la Justicia del aparato de Inteligencia.

¿Qué voluntad de cooperación puede tener Horacio Rodríguez Larreta frente a un Presidente que le arrebata fondos sin siquiera anticiparlo? La discusión con Larreta sigue abierta

Los representantes de Juntos por el Cambio, es decir, el diputado del Pro, Pablo Tonelli; la senadora Silvia Giacoppo, protegida de Gerardo Morales, un radical incondicional con la Casa Rosada; y los abogados Diego Marías y Carlos Matterson, se plegarían a Recondo y Culotta. Mantener la resistencia a la política judicial del kirchnerismo, aunque esa bandera se haya vuelto sólo testimonial, carecía para ellos de sentido, por lo menos hasta ayer.

El mal menor

Esta pragmática opción por el "mal menor" instala un enigma sobre el tono apocalíptico del discurso institucional de buena parte de la oposición. Elisa Carrió pidió el juicio político de Cristina Kirchner sin hacer cuentas sobre los votos que se necesitan para volverlo realidad. Mauricio Macri, en la última reunión interna, alertó sobre la posibilidad de un fraude electoral en las elecciones bonaerenses, una vez que Alejo Ramos Padilla ocupe el juzgado electoral de La Plata. Todos presentaron el pronunciamiento de la señora de Kirchner sobre la Corte como una proclama bolivariana. Fueron, por momentos, más dramáticos que algunos de los ministros descalificados. Según relató Luciana Geuna el lunes en el programa Verdad y Consecuencia, Ricardo Lorenzetti almorzó con Alberto Fernández al día siguiente de esa declaración. Los voceros de Lorenzetti niegan la versión. El Presidente, no.

Esas alarmas extremistas de Juntos por el Cambio, con las que los líderes se inclinan ante los banderazos, desentonan con la foto conciliadora que se está por componer en la sala de máquinas del sistema judicial, que es el Consejo de la Magistratura. Esa victoria simbólica es el servicio que más debe agradecer la señora de Kirchner a su representante, el consejero Ustarroz.

La amigable composición que encabezaron Recondo y Culotta, y que estarían por seguir los representantes de Juntos por el Cambio, entraña otro riesgo: que se someta a escrutinio la influencia de los padrinazgos y los intercambios facciosos en las designaciones judiciales. Sobre todo en aquellos juzgados que están a resguardo de la opinión pública porque carecen de vibración política.

La aproximación de la oposición al oficialismo en una materia como la judicial, en la que se los creía irreconciliables, alienta las expectativas de un jugador que mira la escena con más interés del que demuestra: Martín Guzmán. El ministro de Economía aspira a que su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sea convalidado por la oposición. Si no lo pretendiera, también debería lograrlo. El Fondo reclama que, como las promesas del Gobierno involucran políticas que exceden el actual período presidencial, Juntos por el Cambio imprima también sus huellas digitales sobre el contrato. Lo que está a punto de ocurrir en el Consejo con las designaciones judiciales es muy alentador para Guzmán. Él tiene derecho a pensar que, quien puede lo más puede lo menos.

Alrededor del congelamiento de tarifas se abren mil negocios. Por ejemplo, las negociaciones de José Luis Manzano y Daniel Vila por Edenor. ¿Sergio Massa juega algún papel en las tratativas?

La política no suele ser tan mecánica. El espíritu de polarización que anima a Cristina Kirchner conspira contra las necesidades de la política económica. Aunque no se la puede responsabilizar en exclusiva. ¿Qué voluntad de cooperación puede tener Horacio Rodríguez Larreta frente a un Presidente que le arrebata fondos sin siquiera anticiparlo? La discusión con Larreta sigue abierta. No tanto porque el oficialismo quiera desatar la guerra atómica quedándose con los recursos del juego. El PJ porteño, alentado por La Cámpora, exige que Larreta coparticipe sus recursos con las comunas. Ese partido controla dos: la 4, con Ignacio Álvarez, hermano del crucial "Patucho"; y la 8, con Miguel Mope, discípulo del ecuménico Juan Manuel Olmos.

La oposición todavía no analizó la posibilidad de un acuerdo económico. Para una negociación, adelantan en Juntos por el Cambio, hace falta una propuesta con números precisos. El problema principal es, como siempre, el ajuste en las tarifas de servicios públicos. Alrededor del congelamiento se abren mil negocios. Por ejemplo, las negociaciones de José Luis Manzano y Daniel Vila por Edenor. ¿Sergio Massa juega algún papel en las tratativas? Es posible: en el último presupuesto él incluyó la posibilidad de una negociación política de las deudas de las distribuidoras con Cammesa. Entre Edenor y Edesur acumulan más del 25% del pasivo de todas las distribuidoras del país. En el mercado circula otra pregunta: ¿Marcelo Mindlin ha estado comprando obligaciones negociables de Edenor? Suspicacias financieras, tantas veces infundadas.

La eventualidad de un acuerdo político para la renegociación de la deuda con el Fondo suena impensable. Aun cuando entre Gobierno y oposición pueda haber más coincidencias que conflictos, a pesar de la retórica. Mucho menos imaginable parecía un entendimiento para designar jueces. Tiene razón Fernando Henrique Cardoso: "Cuando esperamos lo inevitable, aparece lo inesperado".

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