Fiscales y jueces respaldaron a José María Campagnoli en el jury
La fiscal adjunta Mirna Goransky aseguró que el proceso "es injusto y arbitrario"
Una fiscal de la Nación denunció hoy ante el jury al que está siendo sometido su colega José María Campagnoli que el proceso de enjuiciamiento "es injusto y arbitrario" y disparó un tiro por elevación a la procuradora Alejandra Gils Carbó.
Se trata de la fiscal adjunta Mirna Goransky, de licencia actualmente, quien fue la que convenció a Campagnoli para llevarlo a la flamante fiscalía descentralizada de Saavedra y trabajó a pedido del ex procurador Esteban Righi como acusadora en los juicios de derechos humanos de la ESMA.
Pero además el jury recibió por escrito las declaraciones de respaldo del fiscal Guillermo Marijuan, a cargo de la causa de lavado de dinero que salpica al empresario Lázaro Báez, y de las juezas Wilma López y María Gabriela Lanz, esta última que intervenía en la denuncia por coacción radicada por el financistaFederico Elaskar y que le permitió a Campagnoli, supuestamente, inmiscuirse en una causa contraBáezque no era de su competencia.
También declararon el fiscal de juicio Oscar Ciruzzi y el ex fiscal general de la Procuración Maximiliano Rusconi. Y como un claro mensaje hacia Campagnoli y a Gils Carbó, en la sala de audiencias estuvieron presentes como oyentes varios jueces del Palacio de Tribunales: integrantes de la Cámara del Crimen como Juan Cicciaro, Julio Lucini y Alberto Seijas, y el juez de instrucción Alberto Baños.
Hoy fue el último día de testigos porque el martes próximo, tras leer esas declaraciones escritas, tendrán lugar los alegatos en donde se descuenta que la parte acusadora insistirá en pedir la remoción de Campagnoli por presunto mal desempeño.
Se lo acusa de apropiarse de una investigación que no le correspondía y de sublevarse contra Gils Carbó. Esa supuesta sublevación se habría concretado a través de un escrito que Campagnoli le envió a Gils Carbó cuando, justificada en una reestructuración, se le anunciaba al fiscal que se le quitaba la competencia de la fiscalía de instrucción 10, donde estaba radicada la causa iniciada por Elaskar sobre presunta coacción y desde la cual se habría investigado a empresas vinculadas con Báez.
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