El fiscal Di Masi avanza con la investigación contra Giorgi por el reparto de subsidios
Formuló el requerimiento e impulsó la acción penal tras la presentación de la diputada Elisa Carrió; una investigación de LA NACION dejó al descubierto las maniobras
El fiscal federal Gerardo Di Masi formuló el requerimiento de instrucción e impulsó la acción penal de una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió por el reparto de subsidios del Ministerio de Industria a empresas en las que figuran como directivos funcionarios o allegados a esa cartera, que reveló LA NACION.
Di Masi impulsó la investigación aunque todavía no imputó a nadie en concreto. "En razón del estado embrionario de las presentes actuaciones no es posible por el momento dirigir imputación alguna contra persona o personas determinadas", sostuvo el fiscal en el dictamen que le entregó al juez federal Sebastián Casanello.
Tras la investigación de LA NACION, Carrió denunció días atrás a la ministra de Industria, Débora Giorgi , por supuestas "negociaciones incompatibles con la función pública".
Funcionarios de Industria reparten subsidios a sus propias empresas
El juez Casanello ordenó varias medidas de prueba en la causa y envió un oficio al Ministerio de Industria para requerir la "nómina de funcionarios, asesores y o colaboradores de la Subsecretaría de Coordinación" de esa cartera, al hacer lugar a lo pedido por la fiscalía en el dictamen entregado el 14 de octubre último.
Di Massi aludió a la denuncia que realizó Carrió a raíz de la investigación de LA NACION."Funcionarios de Industria reparten subsidios a sus propias empresas" y "el Ministerio niega los nexos, aunque sobran las evidencias", apuntó.
"En dichas notas periodísticas se hizo saber que diversos asesores o agentes vinculados a funcionarios del Ministerio de Industria, a cargo de la ministra Giorgi, quienes a su vez detentarían cargos de profesores y o autoridades de la Universidad de Buenos Aires, habrían habilitado el pago de subsidios millonarios por la fabricación de bienes de capital, cuando al mismo tiempo, los beneficiarios serían dueños de un conglomerado de empresas destinatarias de esos fondos", recordó el fiscal en el dictamen, al que accedió este medio.
"En ese sentido, se habría verificado que en la Subsecretaría de Coordinación, a cargo del contador Ricardo Roy, área desde donde se debe aprobar a qué empresa se le otorga el pago de subsidio mencionado, se cuenta con la intervención de asesores y o gestores, sin cargo específico, que al mismo tiempo conformarían directorios de empresas que, en definitiva, resultan las verdaderas beneficiarias de tales contribuciones, obteniendo un descuento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) , cuyo reintegro pasa del 14% al 12,5% en perjuicio del erario público", resumió el fiscal en alusión a las notas de LA NACION.
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