Buscan habilitar los aportes privados para las campañas en la Capital
La administración de Horacio Rodríguez Larreta trabaja para volver impulsar el proyecto de financiamiento de los partidos políticos en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Con el aval de la Casa Rosada, el oficialismo porteño tiene previsto incluir la propuesta, cuyo eje central es legalizar el aporte de empresas privadas a las campañas, en su agenda legislativa de este año, aunque no afectaría la campaña de las próximas elecciones .
En la bancada de Pro no tienen apuro por llevar la iniciativa al recinto. Prevén un extenso debate en comisión con especialistas sobre el tema. Para aprobar el proyecto necesitan tener una mayoría de 40 votos. Será una misión muy compleja, sobre todo en un año electoral. Si se lograra la sanción en la Legislatura, los cambios recién se aplicarían en el territorio porteño en 2021. Según un integrante de peso del elenco oficialista, el avance del proyecto dependerá en parte de la línea que bajará el PJ nacional cuando se discuta la ley de financiamiento político en las cámaras del Congreso.
El financiamiento de los partidos en la ciudad había sido incluido en el paquete de reforma política que Larreta envió a la Legislatura Porteña el año pasado. Ante la imposibilidad de llegar a un consenso con la oposición, el Pro decidió postergar el tema y avanzar solamente con el Código Electoral, que aprobó con el apoyo de algunos aliados, el kirchnerismo y el peronismo.
Los legisladores oficialistas Diego Marías, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, y Natalia Fidel, de Reforma Política, trabajaron codo a codo en el borrador de un nuevo proyecto que llegó hasta el despacho del ministro de Gobierno, Bruno Screnci. El jefe de gobierno porteño; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; y el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, los autorizaron a avanzar. El oficialismo porteño tiene previsto incluir la iniciativa en la agenda legislativa de este año.
Parte del texto de Fidel y Marías se extrajo del proyecto de financiamiento político que Larreta presentó el año pasado junto al Código Electoral, pero incorpora una serie de modificaciones con el objetivo de alcanzar consensos con el resto de los bloques, según informaron a LA NACION fuentes legislativas. El tema que divide aguas sigue siendo la habilitación de las contribuciones de empresas.
Aportes de empresas y límites
El texto propone un modelo de financiamiento "mixto" -público y privado-. Establece que el 50% de los aportes públicos que fija la ley deben repartirse en forma igualitaria entre todas las fuerzas que compiten en la elección, mientras que el 50% restante se distribuye de forma proporcional a los votos que obtuvo cada partido en el último comicio.
En línea con la propuesta que impulsó Cambiemos en el Congreso nacional después del caso por los aportantes truchos, el oficialismo porteño pretende bancarizar las contribuciones (solo por transferencias o tarjetas). Con esta medida buscan que se pueda identificar a las personas o empresas que destinan fondos para la campaña.
El texto fija, además, un límite general a la cantidad de dinero privado que pueden recibir los partidos -diferencia entre el tope máximo de gasto y el monto de financiamiento público directo que le corresponde- y límites individuales de lo que puede aportar cada persona o empresa -no superar el 5% de lo que presente en su declaración jurada de ganancias-. También hay un tope a los fondos provenientes de empresas. Durante el debate explorarán la posibilidad de incorporar a los sindicatos, un intento de pescar votos dentro de la bancada kirchnerista.
La postura de los bloques
La Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió , está en contra de permitir que las empresas financien las campañas. Esa es su "doctrina histórica". "Esto permite mantener la independencia para defender al pueblo", advirtió Carrió en diciembre pasado, cuando se especulaba que el proyecto se trataría en extraordinarias en el Congreso. En la CC dijeron a este medio que mantendrán esa postura.
En el kirchnerismo porteño también rechazan la posibilidad de legalizar los aportes de personas jurídicas. En cambio, Evolución, la fuerza que lidera Martín Lousteau , está a favor de un esquema "mixto" que "solucione muchas inconsistencias del sistema". Coinciden en la necesidad de blanquear las contribuciones privadas, pero piden garantizar un incremento del financiamiento público para que exista una mayor igualdad de oportunidades para competir. "Hay que blanquear los aportes privados con un sistema bien transparente, regulado y controlado. Y, por supuesto, que sean limitados", explicó el legislador radical Juan Nosiglia (Evolución) ante la consulta de LA NACION.
En la bancada peronista que conduce María Rosa Muiñoz aún no definieron una postura. Pero sería difícil que se diferencie del bloque de Unidad Ciudadana.
Entre otras cosas, el proyecto oficial también estipula la creación de un registro de proveedores, una herramienta para que las autoridades electorales puedan controlar a las empresas que contratan los partidos para distintos servicios, y un sistema online para verificar los gastos durante la campaña. Los apoderados ya rechazan esa idea.
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