Ficha limpia: el enojo de Cristina y la suerte de Lijo

Ariel Lijo, el candidato inverosímil a juez de la Corte Suprema, tuvo una mala noticia (otra más) cuando leyó el listado de los temas que el Presidente había confeccionado para las sesiones extraordinarias del Congreso. Figuraban el eventual acuerdo senatorial a él y a Manuel García-Mansilla como miembros de la Corte Suprema, pero también el proyecto de ficha limpia, por el que alguien con una doble sentencia judicial –el caso de Cristina Kirchner parece dibujado en ese proyecto– no podrá ser candidato a cargos públicos ni funcionario del Estado en cualquiera de sus dependencias.

Al revés del proyecto anterior, que también era muy bueno, esta vez la iniciativa fue redactada nada menos que por el ministro de Defensa, Luis Petri. La anterior había sido una creación de la diputada de Pro Silvia Lospennato, que naufragó cuando hubo notorias ausencias en la Cámara de Diputados el día en que se iba a tratar y, eventualmente, aprobar. La ausencia del bloque de La Libertad Avanza fue la novedad más asombrosa de esa jornada parlamentaria. “¡Acuerdo del Gobierno con Cristina Kirchner!”, gritaron desde la tribuna política. El escándalo posterior se extendió por varios días.

Javier Milei prometió, para apagar el fuego de la protesta, que habría un nuevo proyecto de ficha limpia y convocó para redactarlo al abogado Alejandro Fargosi, a quien luego abandonó en una banquina cualquiera, y puso en su lugar al ministro Petri. Petri hizo un proyecto que no solo conformó al Gobierno, sino también a varios sectores de la oposición dialoguista, Lospennato incluida. En síntesis, si ese proyecto se aprobara por las dos cámaras del Congreso Cristina Kirchner no podrá ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones del próximo octubre. Ese es un rumor que se instaló en la política desde hace tiempo. Ella calla: no confirma ni desmiente. La única diferencia con lo anterior es que ahora el proyecto es del propio Gobierno y redactado por un ministro importante; antes pertenecía a una diputada que no era del oficialismo.

Según los buenos contadores de votos, el proyecto de ficha limpia, que está en la Cámara de Diputados, no tiene asegurado por ahora ni siquiera el número del quorum (129 diputados). Al ser una ley electoral tiene el beneficio de que podría entrar en vigencia en el acto y que puede, inclusive, tener efectos retroactivos; se entiende: puede comprender a las personas que ya cuenten con una doble sentencia judicial. Pero hay, al mismo tiempo, una desventaja: es una ley electoral y, por lo tanto, su aprobación requiere del voto de la mayoría absoluta de las dos cámaras del Congreso. 129 diputados y 37 senadores, no importa cuántos legisladores estén en el recinto. El proyecto remite invariablemente, en efecto, al caso de la señora de Kirchner, que ya fue condenada por un tribunal oral a seis años de prisión –y a la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública–, sentencia confirmada luego por la Cámara de Casación, tanto en la calificación del delito como en los años de prisión. Muchos argentinos recuerdan el memorable alegato final del fiscal Diego Luciani en esa causa, la de Vialidad, que investigó la relación corrupta entre la dinastía de los Kirchner y Lázaro Báez.

En rigor, se trata ya de una sentencia firme porque la Cámara de Casación es la última instancia del fuero penal en el país. En cualquier otro lugar del planeta, la expresidenta estaría, inclusive, en prisión domiciliaria. En la Argentina, en cambio, se considera en los hechos que la Corte Suprema de Justicia, donde los abogados de Cristina anticiparon que llevarán el caso, es una instancia de apelación. No lo es; la Corte Suprema es un recurso extraordinario, que el máximo tribunal del país puede aceptar o rechazar. El caso de Cristina es más inexplicable aun porque los dos tribunales anteriores estuvieron de acuerdo. Es difícil, por lo tanto, que la Corte interceda ante esas sentencias coincidentes. “La Corte trata de respetar las decisiones de los jueces de instancias inferiores, salvo que haya discrepancias entre ellos”, dijeron funcionarios cercanos al empinado tribunal.

El peronismo, desde ya, no votará ese proyecto, porque la impunidad es un valor que los herederos de Perón rescatan más allá de las diferencias entre sus distintas facciones. La opinión de Cristina Kirchner pudo leerse en un tuit del exministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, un político incondicional de la expresidenta aun cuando era funcionario de Alberto Fernández y actuaba contra este en nombre de ella. De Pedro sostuvo, dramático y elefantiásico, que con ese proyecto de ficha limpia “el país entró a una democracia condicionada”, que se trata de la “proscripción del peronismo” y, ya en la cima de la paquidermia política, profetizó que “comienza una etapa oscura y degradante para la república”. Todo eso porque a una condenada por corrupción le impedirían ser candidata. Pero nadie podía esperar otra cosa del peronismo que, además, conduce la propia Cristina Kirchner sin que ningún peronista se haya animado a frenar su paso (o a intentarlo) hacia la máxima jefatura de la organización política de Perón.

La sorpresa sucedió ayer cuando Miguel Ángel Pichetto, jefe de un bloque excesivamente policromo, anunció que no iría a la reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien convocó a los líderes parlamentarios de la oposición dialoguista en Diputados para empezar a hablar de los temas enviados por el Presidente a las sesiones extraordinarias del Congreso. Pichetto suele ser un predicador del diálogo, pero esta vez puso una condición innecesaria: que la reunión se haga en el Congreso y no en el despacho de Francos en la Casa de Gobierno. Nunca importó dónde se habla la política, sino que se hable de ella. Seguramente, algunos miembros de su bloque no están interesados en aprobarle nada a Milei, mucho menos el proyecto de ficha limpia. No obstante, en el bloque de Pichetto están también diputados como Margarita Stolbizer, que tiene un largo historial en su lucha contra la corrupción del kirchnerismo. Sin embargo, otros diputados de ese bloque se manifestaron fastidiados porque el Gobierno no envió el presupuesto de este año a las sesiones extraordinarias.

Es cierto que el presupuesto debió estar en esas reuniones (su aprobación por parte del Congreso es un mandato de la Constitución), pero también lo es que el proyecto de ficha limpia es fundamental para la salud institucional de la república. Francos se reunió ayer, al final, con el presidente del bloque de Pro, Cristian Ritondo; con el jefe del bloque de radicalismo, Rodrigo de Loredo, y con el jefe de la bancada del MID, Oscar Zago, que fue el primer presidente del bloque de La Libertad Avanza. Nunca se supo a ciencia cierta por qué Milei lo hizo a un costado.

No obstante, puede ser que no todo esté perdido. Existe el temor en muchos diputados no peronistas de que su ausencia en la sesión que tratará el proyecto de ficha limpia será más noticia que su presencia. Ya sucedió cuando fracasó la reunión por el proyecto de Lospennato. “Las fotos del día siguiente serán las de los ausentes, no las de los presentes”, se escuchó decir a un diputado de Pro que canceló un viaje al exterior para asistir a un seminario sobre Inteligencia Artificial. Hasta el jefe de ese bloque, Ritondo, estaba entusiasmado con el viaje del diputado por un tema de mucha actualidad, pero el mismo diputado lo desalentó: “Si no estoy el día en que se vote lo de ficha limpia, luego no podré caminar por la calle”, le dijo mientras cancelaba el viaje. ¿Cuántos diputados no peronistas harán lo mismo que ese viajero frustrado? Tal vez, muchos. Es la esperanza de quienes esperan que el proyecto se apruebe en Diputados.

Luego, la batalla se trasladará al Senado, donde la relación de fuerzas es más débil aún para los no peronistas. La mamarrachesca actuación del exsenador entrerriano Edgardo Kueider, peronista pero dialoguista con el mileísmo, pescado en la frontera con Paraguay con una mochila con 200.000 dólares y una secretaria, le abrió las puertas a una camporista, Stefanía Cora, quien lo reemplazará como senadora nacional por este año. Kueider habría concluido su mandato el próximo 10 de diciembre; Cora lo concluirá. El peronismo quedó con 34 senadores; le faltan apenas tres para el quorum y para la mayoría absoluta propia, que podría conseguirla con amigos, además de los enojados o resentidos con el mileísmo. Nunca faltan.

Aquel tuit de Wado de Pedro anticipó también que el cristinismo se alejó más todavía del acuerdo a Lijo. ¿Cómo podría la expresidenta apoyar a un candidato del Gobierno a juez de la Corte Suprema cuando esos mismos gobernantes envían al Congreso una ley para expulsarla a ella de la competencia política? A su vez, el presidente del bloque peronista, José Mayans, aseguró que nunca hubo hasta ahora una negociación con el Gobierno por el acuerdo a los jueces de la Corte Suprema. El Gobierno le había entregado antes un regalo a la expresidenta: sacó a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras) como querellante en los juicios por corrupción de Cristina Kirchner. Los querellantes pueden apelar las decisiones arbitrarias de los jueces; ahora la apelación quedó todo solo en manos de los fiscales, buenos o malos.

El acuerdo de los dos jueces, pero sobre todo el de Lijo, que es el más cuestionado, necesitará probablemente de 48 votos de los senadores, que son los dos tercios del cuerpo. Si bien la Constitución señala que los dos tercios deben ser de los senadores presentes en el recinto, sucederá lo mismo que con la ficha limpia. La foto del día siguiente, como dijo aquel diputado, será las de los senadores ausentes, no las de los presentes. Por lo tanto, el Gobierno debe prever que tendrá que contar los dos tercios de todos los senadores, los 48. Cristina Kirchner puede controlar el tercio restante, que son 25 senadores (el tercio más uno); si ella demostrara que puede liderar a ese grupo de senadores, los 48 de los dos tercios serían un número imposible. Para peor, tampoco la vicepresidenta, Victoria Villarruel, presidenta natural del Senado, está dispuesta a hacer nada por Lijo, a quien cuestionó desde el primer instante. Cerca suyo dicen que trabajaría personalmente los dos tercios si los dos jueces tuvieran la envergadura intelectual y moral del otro propuesto, Manuel García-Mansilla. La única objeción que se le hizo a García-Mansilla fue que tiene ideas conservadoras. Pero ese académico es el primero en saber que los jueces no crean las leyes; simplemente, las hacen cumplir.

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