Ficha limpia: debaten si el proyecto dictaminado en Diputados podría bloquear una candidatura de Cristina Kirchner

La superficie de impacto que tiene el dictamen de mayoría que obtuvo el proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados es acotada y su alcance jurídico, aseguran quienes lo miran de lejos, es cuestionable. Así lo entienden algunas de las voces que si bien acompañan el espíritu de la iniciativa, son críticas de la versión que este martes recibió mayor apoyo en el plenario de comisiones. El debate no es menor, porque en medio se encuentra la polémica sobre una próxima candidatura de Cristina Kirchner, que ya tiene una condena que podría ser confirmada en segunda instancia.

“La decisión de esperar al ‘doble conforme’ es absurda”, disparó el diputado radical Fernando Carbajal, en medio del debate que se daba en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia por el proyecto que busca excluir a los condenados por corrupción de los cargos electivos. Por ‘doble conforme’, alude a la necesidad de que una condena sea confirmada por un segundo tribunal.

“Cuando llega el doble conforme [continuó el diputado], en el 90% de los casos va a comenzar a la ejecución propia de la sentencia, entonces la ficha limpia es absolutamente innecesaria. El dictamen de la mayoría es una norma completamente simbólica”. Agregó, además, que era un “engaño” para las más de 450 mil personas que acompañaron con su firma al proyecto en la plataforma Change.org.

La iniciativa –pasible de modificaciones en el recinto– obtuvo cuatro dictámenes distintos. El de mayoría, que recogió apoyos en los bloques de Pro, La Libertad Avanza, UCR, Coalición Cívica y Encuentro Federal, impide competir electoralmente a un condenado en segunda instancia por casos de corrupción, es decir, le niega la candidatura a alguien cuya condena fue confirmada por un tribunal de alzada, lo que suele denominarse como “doble conforme”.

Por su parte, Carbajal firmó un dictamen en soledad, que impide candidatearse a los condenados en primera instancia por el plazo de dos años, período que rige solo si la sentencia no fue confirmada por un tribunal de alzada.

La naturaleza apenas “simbólica” que Carbajal le atribuye al dictamen de mayoría está ligada a una suerte de efecto “manta corta”: para evitar vulnerar los derechos políticos el proyecto respeta en demasía el principio de inocencia, y se vuelve superfluo a la hora de imposibilitar las candidaturas. En rigor, desde su visión, el estado inocencia se cae ni bien un tribunal de primera instancia dicta condena, pese a que esta no pueda ser cumplida por la necesidad del “doble conforme”.

Como las condenas por los delitos asociados a la corrupción (cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude contra la administración pública) traen consigo una sanción accesoria que inhabilita a ejercer cargos públicos, la Ficha Limpia modelada por el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones tiene un margen de acción acotado en el recorrido procesal: pesa solo sobre aquellos cuya condena –que incluye la inhabilitación para ejercer cargos- ha sido ratificada por Casación, pero no está refrendada por la Corte Suprema.

Cristina y el dictamen kirchnerista

Con todo, la expresidenta Cristina Kirchner podría ingresar en ese umbral si la sala IV de la Cámara Casación penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Daniel Petrone, confirma la sentencia que el Tribunal Oral Federal 2 dictó a fines de 2022 en la causa conocida como Vialidad, por la cual recibió una pena de 6 años y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Es decir, si el dictamen de mayoría rigiera con fuerza de ley y Casación confirmara la condena, Cristina Kirchner no podría ser candidata.

El dictamen de mayoría, en cambio, resbala sobre la figura de José López, el exsecretario de Obras Públicas. En junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme su condena a más de 7 años de cárcel y le bloqueó la posibilidad de ejercer cargos públicos, por la causa contra él iniciada a partir de la grabación que lo mostraba entregando bolsos con millones de dólares en un convento.

Por superflua, tampoco haría mella en el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, o en el exvicepresidente Amado Boudou, quienes tuvieron condenas firmes y están ya inhabilitados a ejercer cargos públicos.

La diputada de Unión por la Patria Mónica Litza -de origen massista- encabezó en el plenario a Unión por la Patria, que no se opuso al proyecto, pero presentó una variante, con mayor amplitud en materia de delitos y en las antípodas al dictamen de Carbajal.

Litza sostuvo que la Ficha Limpia es una verdad de “perogrullo”, que “ya existe” –en alusión al Pacto de San José de Costa Rica, que permite recortar los derechos políticos por condena de “juez competente”– y sostuvo: “Cuando hablamos de condena y de sentencia firme, decimos que deben estar agotadas todas las instancias recursivas que prevé nuestra legislación”, afirmó.

“Esto ya existe en nuestro ordenamiento jurídico”, enfatizó Carolina Gaillard, quien hizo hincapié en la “otra cara” de la corrupción, en alusión al sector privado.

Consciente de los límites del proyecto tal cual está redactado, la diputada Silvia Lospennato (Pro), impulsora del dictamen que recogió más adhesiones, reparó en el carácter “complementario” de la iniciativa. “Hay que tener las dos cosas: ficha limpia y una Justicia que no garantice impunidad en la Argentina”, sostuvo la legisladora, que flexibilizó su postura y la del proyecto para concitarle apoyo político.

“El problema es que en la Argentina los delitos de corrupción tardan más de una década en llegar a una condena. Mucho más para que la condena sea confirmada. Eso es lo que hace que se pase la vida electoral competitiva de las personas sin condena”, completó Lospennato.

Además del impacto del proyecto, se abren dudas en torno a la aplicabilidad de una eventual ley. “Este tipo de cuestiones terminan, después de un largo derrotero, en la Corte”, señaló un funcionario que sigue de cerca los temas electorales en una fiscalía federal. “Es un tema muy sensible”, añadió otra fuente judicial, que puso el foco en el principio de inocencia y descontó que la norma, de convertirse en ley, será judicializada.

Por último, pese a que se trata de una iniciativa electoral y no penal, hay quienes presentan dudas -aunque en menor cuantía- sobre la “retroactividad” de la normativa, y se preguntan si también se puede abrir un frente por ese lado.

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