Fibertel: las prestadoras no podrán cobrar el traspaso ni aumentar abonos

El traspaso de Fibertel a otros proveedores de conexión a Internet no podrá tener costo económico alguno para los usuarios. Así se desprende de una resolución de la Secretaría de Comunicaciones que se publica hoy en el Boletín Oficial.

La norma, que lleva el número 102/2010 y la firma del titular del organismo, Carlos Salas, establece que las prestadoras del servicio que reciban a los clientes de Internet, cuya licencia quedó caduca el jueves último, establece que las empresas no podrán cobrar derechos de conexión o de instalación ni abonos más caros de los que ya pagaban los usuarios de firma del Grupo Clarín.

En el primer artículo establece que los prestadores del servicio de Internet "que reciban a aquellos usuarios y clientes que decidan migrar los servicios que brindaba la ex licenciataria Fibertel no podrán percibir bajo ningún concepto derechos de conexión, de instalación, alquiler de módem, y/o cualquier otro cargo de acceso al servicio, independientemente de la denominación usualmente utilizada por cada prestador".

Enseguida, y tras mencionar como objetivo el de "resguardar los derechos de los usuarios y clientes" se ordena que las empresas a las que migren los clientes "no podrán percibir un valor mayor a aquel que abonaban" por los servicios de Fibertel "en concepto de abono y/o cualquier otra denominación contractual que utilizaran los prestadores".

Por otra parte, y pese a que la caducidad de la licencia de Fibertel dispuesta por el Gobierno ya comenzó a ser cuestionada por particulares y asociaciones de consumidores en la Justicia, mientras se espera la presentación de la empresa, se confirma que la compañía dejará de funcionar en 90 días.

Pedido de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó un pedido de informes ante la Secretaría de Comunicaciones, la Comisión Nacional de Comunicaciones CNC) y la empresa Cablevisión para "tomar conocimiento directo de las circunstancias que motivaron la declaración de caducidad de la licencia" de Fibertel. En el planteo, concretado por Anselmo Sella, adjunto de la Defensoría, se señala que "es imprescindible que se garanticen los derechos de los usuarios de Fibertel", además de "investigar si la empresa operó al margen de la normativa específica en la materia". También se piden precisiones sobre "las razones por las cuales el Estado habría permitido a la empresa prestar el servicio de manera irregular durante un importante período de tiempo".

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