Fernando Espinoza revalidó su poder en la Federación Argentina de Municipios tras haber sido procesado por presunto abuso sexual
El intendente de La Matanza lidera la entidad desde 2022; su mandato y el del resto de la Mesa Ejecutiva se prorrogó por un año, con el apoyo de los alcaldes del PJ; difundieron un documento con exigencias al gobierno de Milei
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LA NACION
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, consiguió este jueves su continuidad al frente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), un día después de que la Justicia confirmara su procesamiento por presunto abuso sexual. En una asamblea en la sede de la entidad, en la calle Cerrito al 800, del centro porteño, se congregaron numerosos jefes comunales del peronismo bonaerense que emitieron un documento crítico con reclamos al Gobierno
La FAM reúne a unas 500 intendencias de todo el país. A su asamblea se acercaron intendentes como Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julio Alak (La Plata), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan José Mussi (Berazategui), Gastón Granados (Ezeiza) y Gustavo Barrera (Villa Gesell), además de jefes comunales del interior del país y otros que participaron de forma virtual. También estuvieron la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, y la ministra de Hábitat de la provincia, Silvina Batakis.
Espinoza encabezó la discusión en la sede de la federación, en una asamblea en la que consiguió mantener el consenso político interno para seguir al frente, a pesar de su procesamiento confirmado en la causa por abuso sexual que le inició Melody Rakauskas.
El mandato de la Mesa Ejecutiva, que Espinoza encabeza, se extendió hasta el año próximo, indicaron a LA NACION fuentes de la federación. Los vicepresidentes que acompañan por un año más al jefe comunal de La Matanza son Lorenzo Schmidt (peronista, intendente de la localidad formoseña de Villa Dos Trece) y Juan Manuel García (también justicialista, jefe comunal de Machagai, en Chaco).
Tras la asamblea, la FAM difundió un comunicado con las firmas de Espinoza y los vicepresidentes, en el que reclamó que el Gobierno resuelva seis ejes. Uno, el de las transferencias no automáticas a las provincias, que “se redujeron un 89,5% en los primeros cinco meses de 2024”. Otro fue el de la entrega de alimentos, porque “los municipios están abasteciendo esta necesidad sin ayuda del gobierno nacional”. Además, reclamaron contra los “tarifazos” de “más de un 500%”, denunciaron que “la eliminación de subsidios a la educación ha llevado a las familias a migrar a la educación pública”, sostuvieron que el freno de la obra pública provocó “cientos de miles de despidos en la construcción y en todos los sectores relacionados, y quiebras de pequeñas y medianas empresas”, y argumentaron que “la liberalización del mercado de la salud ha colocado en una situación crítica a la mayoría de la población”. Le pidieron al presidente Javier Milei una reunión “urgente”.
Para integrar la FAM, los municipios pagan cuotas semestrales que van de los $520.000 a los $6.950.000 (se establecen de acuerdo a la población). El mandato en la FAM se extiende por dos años (Espinoza ganó en 2022, en una asamblea realizada en Tecnópolis). La FAM es una entidad pública sin fines de lucro, creada por Ley Nacional Nº 24.807, facultada para representar a todos los municipios del país.
Procesamiento
Ayer, la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento del intendente de La Matanza por abuso sexual y el funcionario quedó a un paso de ir a juicio oral.
Los camaristas que confirmaron el procesamiento, que había sido apelado por la defensa del jefe comunal, son Rodolfo Pociello Argerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto, que descartaron la idea de la defensa de Espinoza de que había sido víctima de espionaje ilegal en el marco de una gigantesca operación política para desacreditarlo. A su vez, rechazaron la hipótesis de la defensa que sembró dudas sobre las facultades mentales de la denunciante.
Los jueces dijeron que “tanto las manifestaciones de Melody Jacqueline Rakauskas como los restantes elementos de convicción reunidos fueron evaluados desde una perspectiva regida por la sana crítica y la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados”.
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