Fernando Espinoza abandonó el silencio tras la masacre en González Catán y reaccionó contra Patricia Bullrich

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, abandonó su estrategia de silencio absoluto luego de la masacre en una toma de tierras en González Catán ocurrida el domingo y criticó a Patricia Bullrich, por cuestionamientos que la ministra de Seguridad nacional le había dedicado por su “permisividad” ante las usurpaciones y por la designación de un expolicía bonaerense en la Secretaría de Seguridad local. Con un comunicado municipal, acusó a la funcionaria del gobierno del presidente Javier Milei de realizar “acusaciones maliciosas, absolutamente falsas y con una clara intencionalidad política”. Ayer, 48 horas después de la balacera que dejó un saldo de cinco muertos, la intendencia se había expresado por primera vez con un comunicado en el que repudió el hecho y resaltó que había denunciado la toma.

“La ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich, hizo acusaciones maliciosas, absolutamente falsas y con una clara intencionalidad política en relación con la actuación del Municipio de La Matanza en una problemática de honda conmoción social como las tomas de tierra. Lo hizo, además, buscando sacar un rédito ideológico a dos días de la trágica muerte de cinco personas e ignorando su responsabilidad por su inacción en algunas ocupaciones clandestinas de predios, ocurridas en nuestro distrito durante su actuación como ministra de Seguridad de Mauricio Macri”, enfatizó la municipalidad que dirige Espinoza en un comunicado.

Según el documento de la intendencia, “sucedieron algunas usurpaciones de terrenos entre 2016 y 2019″, pero Bullrich, que también era titular de la cartera de Seguridad, “eligió no actuar, en una absoluta sintonía con su par de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, quien, así como ella seguía las indicaciones de Macri, respondía a la conducción política de la gobernadora María Eugenia Vidal”. Esa inacción que denunció Espinoza formó “parte del castigo al que el macrismo sometió a los vecinos de La Matanza por no haberlo votado”, según se planteó en el comunicado municipal.

Bullrich había señalado ayer, en declaraciones a radio Mitre, que “la municipalidad no tiene una decisión real de entender que este modelo de permisividad de que la tierra sea tomada, sin un plan ordenado, termina en estas masacres”. Mencionó también la “connivencia entre punteros que se convierten en narcotraficantes y políticos que lucran con esto”, y apuntó contra el titular de la Secretaría de Seguridad de La Matanza, Eduardo Barcat. “Creemos que no es algo positivo que la Secretaría de Seguridad de La Matanza esté a cargo de un expolicía de la provincia de Buenos Aires, porque debería tener distancia con aquellas personas a las que tiene que poder ordenar y mandar”.

“Bullrich miente, porque el secretario de Seguridad de La Matanza es el doctor Eduardo Barcat, un prestigioso profesional que proviene de la Justicia con una carrera intachable, doctorado en Ciencias Jurídicas, profesor universitario y especialista en derecho público y seguridad”, respondió Espinoza en el comunicado municipal. Según pudo saber LA NACION, Barcat fue policía bonaerense, pero hace años dejó la fuerza e ingresó en el Poder Judicial.

El martes, tras 48 horas de silencio luego de los asesinatos en la toma de tierras, la Municipalidad de La Matanza lanzó un comunicado para repudiar lo sucedido y destacar que había denunciado la usurpación. “El Municipio de La Matanza comunica que en 2022 hizo las correspondientes actuaciones policiales y judiciales, y que en 2023 instó a la celeridad de la ejecución de desalojo por una denuncia de usurpación de terrenos en la zona en la que se produjeron los incidentes”, se señaló en ese texto. “El Municipio de La Matanza repudia este salvaje hecho y acompaña con su Oficina de Asistencia a las Víctimas a los familiares de los fallecidos y de los heridos, para quienes es todo nuestro acompañamiento y solidaridad frente a este tremendo dolor que les toca vivir”, se destacó antes de cerrar el comunicado con una recomendación a los vecinos para que no queden a merced del “accionar delictivo de inescrupulosos” que venden terrenos ajenos.

Con los dos comunicados sobre la masacre en la toma, Espinoza cortó su habitual silencio ante cada hecho policial que ocurre en su distrito y motiva una investigación judicial. La misma estrategia había implementado en hechos que causaron conmoción, como los asesinatos del kiosquero Roberto Sabo, en Ramos Mejía, o del colectivero Daniel Barrientos, en Virrey del Pino.

Dentro del gobierno municipal, solo se había desmarcado de la línea del silencio absoluto el secretario de Planificación Operativa, Miguel Saredi, quien fue por años opositor a Espinoza pero hoy integra el gabinete. El lunes, desde su cuenta de la red social X (anteriormente, Twitter), Saredi cuestionó las referencias al hecho realizadas por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y destacó que los municipios bonaerenses “no tienen ningún fundamento legal ni responsabilidad en materia de seguridad”.

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