Fernández reflotó el proyecto de reforma judicial pero debaten cuándo enviarlo
LA NACIONMaia Jastreblansky
Alberto Fernández reflotó ayer, en una entrevista con el canal C5N, los proyectos de ley que tenía en carpeta para marcar a fuego su primer año de gestión y que quedaron súbitamente en suspenso por el coronavirus: la reforma judicial , la legalización del aborto y la creación del consejo económico y social. Todos asuntos de alto voltaje político, sobre los que no profundizaba desde su discurso de apertura de sesiones ordinarias.El Presidente recordó que ya tiene redactadas esas iniciativas y dijo que no los envió ante la imposibilidad del Congreso para sesionar en pandemia.
"Recién ahora –el Congreso- está en condiciones de volver a sesionar. Voy a mandar los tres proyectos que tengo: la reforma judicial, el consejo económico y social y el aborto. Los proyectos están hechos y están para ser elevados", dijo Fernández.
El Presidente lanzó al aire así los proyectos de ley de su autoría que habían quedado en un paréntesis y dejó flotando un interrogante entre sus colaboradores. ¿Es oportuno enviar iniciativas de semejante volumen político en medio de la pandemia?
Algunos funcionarios que trabajan a diario con Fernández hoy comenzaron a plantear la necesidad de abrir la agenda con el envío de las iniciativas oficiales, una vez que el Parlamento demuestre que puede sesionar. "Primero que se reanude la actividad legislativa y luego mandamos los proyectos", dijo a LA NACION un alto funcionario que se mueve entre la Casa Rosada y Olivos.
Pero otros actores del oficialismo, en cambio, creen inconveniente habilitar el debate de asuntos que son espinosos y que no tienen vinculación con la pandemia, con el Congreso frente al desafío de sesionar de forma remota y con la energía de la gestión puesta en pilotear la cuestión sanitaria y económica. La decisión está en manos del Presidente.
Por ahora, en el cronograma del corto plazo, está previsto que la comisión bicameral termine de analizar los DNU que publicó el Gobierno –hasta ahora fueron tratados 20- y llevar al pleno una serie de proyectos vinculados con la pandemia.
"Los proyectos del Poder Ejecutivo quedarán para la salida de la pandemia. Antes están previstas otras iniciativas ligadas íntimamente con la situación del coronavirus", señaló una alta fuente de Diputados.
"Consejo consultivo"
El Presidente profundizó ayer en el proyecto de ley de reforma judicial –cuyo espíritu apunta a licuar el poder de los jueces federales- y adicionó otra iniciativa vinculada a la creación un "consejo consultivo" para impulsar otras transformaciones de fondo en el Poder Judicial, como revisar el funcionamiento de la Corte Suprema.
Fernández reactivó así una agenda de alta implicancia institucional. "Hubo un tiempo en la Argentina donde el gobierno tenía una mesa judicial que presionaba o acordaba con jueces para perseguir opositores, esas cosas son contrarias a la república. Esa justicia hoy no existe", respondió consultado por la gestión de Mauricio Macri en materia judicial.
Fue entonces cuando derivó la conversación hacia las iniciativas que integran su agenda. Sobre la reforma judicial dijo que "trata de terminar con los espacios cerrados que permitían a muy pocas personas manejar un poder enorme". El corazón del proyecto oficial está en la "desconcentración" y "agilización" del fuero federal, e implicará un reordenamiento de los tribunales, que contemplará fusiones de fueros y redistribución de competencias.
Además, el Presidente reflotó otra idea, que hasta ahora había tenido menos visibilidad. "Quiero crear un consejo consultivo para que vea el tema judicial", dijo Fernández y enumeró una serie de cuestiones que podrían ser materia de debate de ese nuevo colectivo. Son temas que implicarían cambios de fondo. Entre otros, el alcance del recurso extraordinario, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el rol del Ministerio Público y el funcionamiento de la Corte Suprema. El Presidente no considera necesario aumentar la cantidad de miembros del máximo tribunal -y así lo viene expresando desde antes de asumir su cargo- pero ayer dijo que, de todas formas, "le gustaría escuchar la opinión de expertos".
Quiénes serán esos especialistas, todavía en la Casa Rosada no quieren revelarlo. "Será gente prestigiosa y con trayectoria", se limitó a decir un colaborador presidencial. El 1º de marzo, cuando aludió al tema, el Presidente había dicho que el consejo "estará integrado por las más prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial" y que sería un cuerpo de consulta del Poder Ejecutivo "para el impulso de otras transformaciones de fondo en nuestro Poder Judicial".
En los últimos días, el kirchnerismo duro había tomado la posta de la agenda judicial. Una veintena de diputados y senadores del Frente de Todos radicaron una denuncia contra lo que llamaron la "mesa judicial" de Macri a raíz de las declaraciones de la jueza de la Casación Penal, Ana María Figueroa, que dijo haber recibido "muchísimas presiones" del ex gobierno.
Hay legisladores que responden a Cristina Kirchner que ya tenían redactados borradores de denuncias contra exfuncionarios macristas vinculados a la gestión judicial. Pero no habían avanzado, ante el pedido de la Casa Rosada de evitar embarcarse en una guerra judicial. Con las declaraciones de Figueroa, sin embargo, la vicepresidenta dio luz verde para librar esa batalla, que desde hace tiempo quería dar.
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