Farmacity dijo que el fallo de la Corte Suprema “dificulta a los bonaerenses el acceso a la salud”
La empresa afirmó que lamenta la decisión del máximo tribunal, que la acatará y continuará con su plan de inversión
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Tras el fallo de la Corte que le impidió asentarse en la provincia de Buenos Aires, Farmacity dijo en un comunicado que “lamenta” la decisión del máximo tribunal porque “dificulta a los bonaerenses el acceso a la salud”. Afirmó también que acatará la decisión y que seguirá adelante con sus inversiones en el marco de la ley.
“Lamentamos el fallo que dificulta a los bonaerenses tener más acceso a la salud tal como era nuestro propósito que, entendíamos, estaba plenamente ajustado de derecho”, señaló el comunicado, donde la firma agregó que “continuará, con total apego a las leyes y por supuesto, dentro del marco definido por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, invirtiendo y trabajando para llegar a la mayor cantidad de habitantes de la provincia, generando empleo de valor, y colaborando con los distintos actores del sistema de salud para potenciar el modelo sanitario”.
La Corte Suprema de Justicia rechazó un reclamo de la empresa Farmacity para instalar sus locales en la provincia de Buenos Aires, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. La empresa cuestionaba la normativa provincial que regula quiénes pueden ser propietarios de farmacias en territorio bonaerense y que excluye a las sociedades anónimas.
El caso se resolvió con el voto de los jueces Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y el camarista federal Martín Irurzun (la jueza Mirta Gladis Sotelo de Andreu votó en disidencia). Los jueces Horario Rosatti y Carlos Rosenkrantz se excusaron de votar en este expediente, mientras que Juan Carlos Maqueda no votó.
Lorenzetti y Highton indicaron que la cuestión planteada no encuadra en las facultades que el ordenamiento jurídico vigente reconoce como exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación. Pero tampoco se trata de una materia expresamente vedada a la provincia, por lo que se trata de una competencia de incumbencia compartida y concurrente, lo cual también encuentra base en el principio de aplicación eficaz de los derechos del consumidor ya que la norma impugnada por Farmacity pretende proteger la salud de quienes consumen medicamentos, que constituyen un grupo especialmente vulnerable.
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