Familiares de las víctimas pidieron en una marcha que la Justicia investigue el ataque más sangriento de Montoneros

Al cumplirse 46 años del ataque más sangriento de los Montoneros, que colocaron una bomba en un comedor de la Policía Federal y causaron 24 muertos, familiares de las víctimas y distintas organizaciones civiles marcharon este mediodía al lugar de la explosión, en Moreno 1431, sede de la Superintendencia de Seguridad Federal.

Unos 1200 manifestantes expresaron su respaldo a la reciente decisión de la Cámara Federal que ordenó dictar un nuevo fallo a la jueza María Romilda Servini, que había cerrado la investigación en 2006 y se negó a reabrirla en noviembre pasado. Los magistrados le indicaron el mes pasado que debe analizar la posible reapertura de la causa, para que se investigue y juzgue a los responsables del ataque.

La movilización partió de la estación de subterráneos que lleva el nombre de Rodolfo Walsh, considerado el autor intelectual de la llamada “Masacre del comedor”. En ese lugar, en la esquina de San Juan y Entre Ríos, reclamaron que se quite el nombre asignado a la estación de la Línea E del subte, por considerarlo responsable del mayor atentado realizado en la Argentina hasta el ataque a la AMIA.

Exigieron, además, que en el monumento erigido en el Parque de la Memoria se dejen sin efecto los homenajes a los autores del atentado y se instalen placas que recuerden a las víctimas de la “Masacre del comedor”.

Sirena y testimonios

Durante el recorrido de la marcha, convocada bajo el lema “El ideólogo y la masacre”, se escucharon relatos y detalles del siniestro ataque, con testimonios de familiares de las víctimas, que reclamaban el avance de las investigaciones para castigar a los responsables.

A las 13.20, hora de la explosión de la bomba, se hizo escuchar una sirena. Hablaron, después, familiares de las víctimas.

Victoria Matienzo recordó a su hermano Ernesto, que tenía 23 años y “era un policía de ley”. Y agregó: “Estaba ahorrando para comprarse un autito. Me lo mataron, me lo arrebataron”. Juan Blanco, hijo del cajero del comedor que falleció en el atentado, recordó: “Yo tenía 11 años y desde hace 46 espero justicia por mi papá. Exigimos que se deje de homenajear a los asesinos”.

Habló, también, Gabriel Cepeda, quien concurrió con sus hermanas para recordar a su madre, Josefina Melucci de Cepeda, la única civil víctima de la bomba. Trabajaba en YPF y estaba en el lugar porque había ido a retirar una cédula de identidad. Presentó, además, su testimonio Liliana Tejedo de Aráoz, que sobrevivió al ataque, al levantarse de la mesa diez minutos antes de la explosión, que resultó mortal para su madra, la cabo Elba Gazpio.

Los familiares pidieron la colocación de una placa que recuerde a todas las víctimas en el comedor de la institución policial. Estuvo presente el periodista y escritor Ceferino Reato, autor del libro “Masacre en el comedor”, que visibilizó aspectos no conocidos del atentado.

Convocaron a la movilización la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Terrorismo en la Argentina (Afavita) y la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Violencia, entre otras asociaciones civiles. En un manifiesto firmado por más de 30 entidades, denunciaron que “el Estado transformó la noble causa de los derechos en mera ideología, al servicio de la construcción de un poder perverso, cimentado en la siembra de discordia, la colonización de la justicia y la confiscación de la república”. Y afirmaron que “un Estado que homenajea terroristas es un Estado terrorista”.

En el “Manifiesto del 2 de Julio” denunciaron que “la clase dirigente argentina sigue pisoteando la memoria y la dignidad de las víctimas al homenajear al ideólogo de la masacre”, en alusión a Rodolfo Walsh.

Explosión en el comedor

El atentado fue perpetrado el 2 de julio de 1976, poco antes de las dos de la tarde, cuando un infiltrado de la organización Montoneros colocó una bomba en una silla, cubierta por un sobretodo, en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. El estallido, en un sitio concurrido y en pleno horario del almuerzo mató a tres oficiales de la Policía Federal, veinte suboficiales y una mujer civil, que había ido a visitar a una amiga.

El responsable de la colocación de la bomba fue identificado como José María Salgado, de 21 años, que había cumplido el servicio militar en la Policía, mientras mantenía una activa militancia en Montoneros, que ya actuaba en la clandestinidad. Incluso, su nombre figura en la carátula de la causa judicial que la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, junto a otras entidades civiles, procuró reabrir a partir del escrito presentado en el juzgado de Servini, que rechazó el planteo en noviembre de 2021.

De los 24 muertos (19 hombres y cinco mujeres), 21 fallecieron en el instante de la explosión. En los nueve días siguientes murieron otros tres en el hospital Churruca.

Según la Cámara Federal, el fallo de Servini que determinó que el caso estaba prescripto “contiene vicios trascendentes que lo afectan como acto jurisdiccional válido” porque “no satisface los estándares de motivación exigidos por la ley”.

El tribunal destacó en su resolución que la jueza no consideró “el planteo sobre el posible apoyo de Estados y organizaciones extranjeras que tuvieron las personas implicadas”, ni analizó “la eventual calificación de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra” del ataque.

Al respecto, la organización Montoneros se atribuyó el ataque poco después de la explosión, en un comunicado en el que definió el atentado como “un hecho de guerra”.

La Cámara Federal dijo en su fallo que la jueza Servini no revisó si se trató de un “caso de grave violación a los derechos humanos”. Esta categoría a la que aluden los camaristas podría ser la vía para reabrir la causa sin declarar que es un caso de lesa humanidad.

Dos semanas antes del ataque al comedor, el 18 de junio de 1976, una bomba había asesinado al jefe de la Policía Federal, general Cesáreo Cardozo, en un hecho que conmocionó al país. El artefacto explosivo fue colocado debajo de su cama por la militante montonera Ana María González, que meses antes había trabado amistad con la hija del jefe policial.

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