Falsos aportantes | Procesaron a los responsables económico-financieros de la campaña bonaerense de Cambiemos de 2017
El fallo lo firmó el juez Alejo Ramos Padilla, que sostuvo que se detectaron 360 donaciones declaradas correspondientes a personas que negaron haber contribuido con dinero
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El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, procesó a los responsables económico-financieros de la agrupación Cambiemos –la alianza que integraron Pro, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, entre otras fuerzas– por irregularidades en la rendición de los aportes de campaña de las elecciones primarias de 2017 en la provincia de Buenos Aires.
Los procesados son Alfredo Gabriel Irigoin, Carla Silvia Chabán, Julián Vilche (todos ellos responsables legales de la rendición de los gastos) y Mauricio Redigonda, miembros de “Cambiemos Buenos Aires”, la expresión bonaerense de la extinta coalición.
Aunque con distinto grado de responsabilidad, para el juez Ramos Padilla todos ellos tuvieron alguna participación en la inserción de datos falsos en documentos públicos, en particular, en el informe final de recursos y gastos de la agrupación en esos comicios, en los que se impuso, por una luz de ventaja, la expresidenta Cristina Kirchner. Esteban Bullrich, de Cambiemos, luego daría vuelta el resultado en las generales.
Para el juez, existen suficientes elementos para juzgar por el delito de falsedad ideológica de documento público a los cuatro miembros por la cantidad de irregularidades detectadas en la documentación que se entrega para respaldar el financiamiento. El juez trabó embargos para cada uno de ellos que van desde los 30 a los 50 millones de pesos.
“No debe olvidarse que para las elecciones mencionadas la agrupación ‘Cambiemos Buenos Aires’ declaró haber recibido en dinero en efectivo por parte de distintos aportantes la cifra de $38.192.825, que actualizada por IPC arroja una suma total de aproximadamente $2.313.085.602.”, afirmó Ramos Padilla.
La investigación se inició tras la confirmación por parte de la Cámara Nacional Electoral de la desaprobación judicial de la rendición de cuentas, en diciembre de 2018, luego de que varios presuntos aportantes denunciaran no haber contribuido con las donaciones que se les habían adjudicado.
“Casi la totalidad de las denuncias fue realizada a lo largo del año 2018 en numerosas jurisdicciones, tales como La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dolores, Rivadavia, Junín, Azul, Tandil, Bahía Blanca, Mar del Plata, Chivilcoy, Mercedes, entre otras”, remarca el juez.
Ramos Padilla afirma en su fallo que durante la investigación se recolectaron más de 360 aportes correspondientes a personas que negaron haber contribuido con dinero a la campaña. Algunas de ellas, agrega el juez, en grave situación socio-económica.
“Sumado a que aproximadamente el 90% de los aportes privados que recibió la agrupación fue efectuado con dinero en efectivo, generaron una situación de total incertidumbre respecto del origen de los fondos recibidos para las campañas electorales del año 2017 en este distrito”, añade.
A su vez, Ramos Padilla rechazó en otra resolución el recurso que interpuso la defensa de los cuatro integrantes de la agrupación procesados en el que se afirmaba que la competencia penal no podía avanzar sin una sentencia firme sobre el control patrimonial de los partidos políticos que regula la ley de financiamiento.
Como el recurso de queja ante la Corte aún se encuentra pendiente de resolución, la defensa afirmó que el proceso penal no podía avanzar. Antes que Ramos Padilla, el Ministerio Público Fiscal se opuso a este recurso, y sostuvo que la queja ante el máximo tribunal no suspende el trámite procesal. Lo mismo entendió el juez.
“Los peticionantes no han explicado -dijo el juez- ni siquiera mínimamente qué derecho verían afectado con el inicio del presente proceso penal, lo que ya resulta suficiente para rechazar la excepción de falta de acción y ordenar que la causa continúe según su estado”.
Y agregó: “Sin una rendición de cuentas transparente, principalmente en cuanto al origen de los fondos provenientes de donaciones privadas, es imposible saber si el financiamiento provino de una empresa determinada, de actividades de narcotráfico, de dinero vinculado a hechos de corrupción, actividades terroristas”. El magistrado les impuso a los procesados la obligación de informar cualquier cambio de domicilio.
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