Falleció a los 100 años el exgeneral Santiago Omar Riveros, uno de los militares con más condenas

A los 100 años murió en prisión domiciliaria el exgeneral de división Santiago Omar Riveros, que fue comandante de Institutos Militares durante la última dictadura y recibió trece condenas judiciales –desde cadenas perpetuas a sentencias menores- por su actuación en la represión. Egresado del Colegio Militar en diciembre de 1945, se formó en el arma de artillería en el Ejército y era uno de los generales de más alto rango del gobierno militar que permanecía con vida. Pertenecía a la Promoción 74ª, la siguiente a la del presidente de facto, Jorge Rafael Videla.

Nacido el 4 de agosto de 1923 en Villa Dolores, Córdoba, se mantuvo en actividad hasta 1980, cuando pasó a retiro, y con la llegada de la democracia enfrentó varias causas penales. Las organizaciones de derechos humanos señalaron con insistencia su responsabilidad en varias causas.

En una reunión de la Junta Interamericana de Defensa, el 24 de enero de 1980, el general Riveros pronunció una frase que pasó a la historia, al ser incluida posteriormente en el prólogo del informe Nunca Más, de la Conadep: “Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los comandos superiores”.

Como comandante de los Institutos Militares, tenía su asiento en la Guarnición Campo de Mayo y estaba a cargo de los establecimientos de formación del Ejército, como el Colegio Militar de la Nación, la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral y las escuelas de armas, entre otras. En su jurisdicción se encontraba, también, el Hospital Militar.

Permaneció detenido en los últimos 20 años, en varias causas por delitos de lesa humanidad, por lo que perdió el grado militar. Según informó la Unión de Promociones, suman 841 los militares, civiles y miembros de fuerzas de seguridad y penitenciarias fallecidos en prisión, ya sea de cumplimiento efectivo o domiciliaria.

Riveros fue el quinto de su promoción, por orden de mérito, entre más de 200 cadetes. Tras su egreso, se formó como oficial de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra, lo que le permitió acceder más tarde a funciones de jerarquía en el Ejército.

Compartió los años de estudios en el Colegio Militar con sus compañeros Leopoldo Fortunato Galtieri, Ramón Genaro Díaz Bessone, Albano Eduardo Harguindeguy y Luciano Benjamín Menéndez, entre otros militares que ocuparon luego puestos de relevancia en el Ejército y en el gobierno de facto.

Comandante de Institutos Militares entre 1976 y 1978, lo acompañó como subdirector el teniente general Reynaldo Benito Bignone, el último presidente de facto de la dictadura militar.

A partir de 1979 fue jefe de la Delegación Militar Argentina ante la Junta Interamericana de Defensa, asesor militar en las misiones permanentes de la República Argentina ante las Naciones Unidas y ante la Organización de Estados Americanos (OEA), tras lo cual pasó a retiro en enero de 1980.

En junio de 1981, el gobierno de Roberto Eduardo Viola lo designó embajador en Uruguay, misión que mantuvo hasta la recuperación de la democracia, el 10 de diciembre de 1983.

Juzgado por violaciones a los derechos humanos, fue beneficiado por el indulto del presidente Carlos Saúl Menem en 1989. En su defensa en los juicios había negado la existencia de desaparecidos, al asegurar que las Fuerzas Armadas combatieron a “terroristas en el marco de una guerra revolucionaria y por tanto irregular”.

Con la llegada de Néstor Kirchner al poder, la derogación de las leyes del perdón y la inconstitucionalidad de los indultos, a partir de 2006 enfrentó nuevamente juicios por su actuación en la represión. Se le imputaron responsabilidades por su participación en el Plan Cóndor, que englobaba operaciones de inteligencia y de represión en la Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Fue procesado y condenado en otras causas, como la desaparición del militante Floreal Avellaneda, cuyo cuerpo apareció en las costas uruguayas, y otros procesos por sustracción y ocultamiento de bebes.

Además, fue llevado a juicio -junto al exgeneral Guillermo Suárez Mason- por el gobierno de Italia por la desaparición de tres ciudadanos italianos durante la dictadura en la Argentina.

Cumplió varias de sus condenas en el penal de Marcos Paz.

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