“Facilitadores profesionales”: la Justicia avanza sobre un escribano que aparece en múltiples casos de corrupción y lavado
Su nombre está detrás de la creación de sociedades “pantalla” vinculadas al Polo Obrero, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, IOMA y los Panamá Papers; analfabetos y desocupados, en su “modus operandi”
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LA NACIONHugo Alconada Mon
Lázaro Báez, Ricardo Jaime, IOMA y, ahora, el desvío de fondos públicos al Polo Obrero tienen un eslabón en común. ¿Cuál? Un escribano acusado de montar sociedades “pantalla” con personas vulnerables y que está vinculado a otros profesionales que aparecen en la trama de Carbón Blanco, uno de los casos de narcotráfico más grandes de la historia argentina, en los Panamá Papers y hasta en el círculo de empresarios vinculados al condenado extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray.
Juan Bautista Derrasaga es escribano, tiene 48 años, vive en las afueras de La Plata, tiene su registro notarial en Carlos Casares y acumula allanamientos judiciales en al menos dos investigaciones criminales distintas, según surge de registros societarios, probanzas judiciales y las fuentes tribunalicias que consultó LA NACION. ¿El motivo? Montar sociedades comerciales que sirvieron para la evasión y el lavado de activos provenientes de la corrupción. ¿Cómo? Recurriendo a desempleados, analfabetos y otras personas vulnerables a los que les pagan unos pesos a cambio de firmar los documentos societarios.
El último episodio ocurrió esta semana, cuando el juez federal Sebastián Casanello allanó la escribanía de Derrasaga tras detectar que participó en la constitución de Coxtex SA, una de las sociedades que se usaron para el presunto desvío de millones en fondos públicos que el Estado nacional le asignó al Polo Obrero y a la cooperativa El Resplandor.
Al avanzar por esa senda, el equipo de Casanello detectó que Coxtex SA y otras tres sociedades constituidas en 2020 –Recinsur SA, VSP Consulting SA y Ciriaco Shoes SRL– repetían accionistas y la participación de Derrasaga y otros tres profesionales –Gabriela Rivero, Lucía Agúndez y Virgilio Vivarelli– en la constitución, los cambios societarios o la inscripción de esas firmas. En otras palabras, que podían tratarse de “facilitadores profesionales”.
¿Quiénes conforman ese concepto? Los escribanos, contadores y abogados, entre otros, que “ayudan a diseñar el andamiaje de las estructuras fiscales y financieras utilizadas para evadir impuestos y cometer otros delitos financieros”, según definió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en un documento reciente. Es decir, los especialistas que ponen sus conocimientos y experticia al servicio de criminales; en particular, “de cuello blanco”.
La persecución y castigo de esos “facilitadores profesionales” afronta, sin embargo, múltiples escollos en los tribunales argentinos. En particular, porque algunos jueces y fiscales como Casanello y Carlos Rívolo, entre otros, han avanzado contra ellos, pero los tribunales superiores –como la Cámara Federal porteña y la Cámara de Casación– bloquearon sus intentos al sostener que no habían logrado probar una injerencia dolosa –o un involucramiento directo– de esos expertos en las maniobras delictivas de corrupción o lavado detectadas, aun cuando sus nombres aparezcan en numerosas investigaciones criminales.
Además de aparecer en la trama societaria que utilizó el Polo Obrero para desviar fondos públicos, Derrasaga figuró antes como el escribano que constituyó Clamarán SA, la sociedad que utilizó el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime para comprar, en efectivo, un departamento de 250 metros cuadrados en la Avenida Figueroa Alcorta 3050 de la ciudad de Buenos Aires, a metros de Canal 7. ¿Y quiénes eran los rostros visibles de Clamarán, según reveló LA NACION en 2010? Un vendedor ambulante de medias que vivía en un monoblock de las afueras de La Plata, Claudio Hernando, y un changarín al que la Justicia le designó un curador y declaró incapaz, Juan José Salas. Ambos, Hernando y Salas, declararon en tribunales que Derrasaga les dio unos pesos a cambio de sus firmas.
Derrasaga también apareció como notario de Clidomint SRL, una de las sociedades cuestionadas por el presunto desfalco de IOMA por $1500 millones durante la gestión sciolista. ¿Un ejemplo de las maniobras denunciadas? Clidomint pasó facturas por la internación de María Delfina Gómez de Miguez entre diciembre de 2015 y enero de 2016. Pero la mujer había fallecido el 29 de noviembre.
El escribano apareció, además, como el creador de al menos tres sociedades –Xhoris, Karnika y Karnix– que Lázaro Báez, sus familiares y allegados utilizaron como firmas “pantallas” o “cuevas” financieras para lavar activos por más de $200 millones, según determinó el juez Casanello, que los procesó, junto a otros presuntos “facilitadores profesionales”, como Ana Cristina Palesa y Carlos Martín Lufrano.
Como en la firma Clamarán, los rostros visibles en las sociedades que montó Derrasaga y que aparecen alrededor de Lázaro Báez fueron personas vulnerables. En Xhoris, por ejemplo, recurrieron a un cuidacoches –Lorenzo Antonio González– al que le pagaron $500 por poner su cara y su firma, según declaró en tribunales. Y tanto Xhoris, como Karnika y Karnix figuran en la base “eApoc” de sociedades “fantasma” que emiten facturas truchas que montó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
LA NACION contactó a Derrasaga por correo electrónico, quien preguntó el motivo de la consulta. Cuando este diario le indicó que quería preguntarle sobre su presencia en al menos cuatro casos de corrupción –Polo Obrero, Báez, IOMA y Jaime–, indicó que él llamaría; pero no ocurrió hasta el cierre de esta edición.
Narcos y lavadores
Como Derrasaga, Ana Cristina Palesa también figura en múltiples investigaciones criminales. Por ejemplo, “intervino en la conformación y gestión de sociedades vinculadas con Carlos Alberto Salvatore”, según detalló un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en alusión al mayor narcotraficante de la Argentina, condenado por tráfico y lavado en la megacausa “Carbón Blanco”.
Palesa aparece, además, en la gestación de múltiples sociedades comerciales en las que figuró la mano derecha de Echegaray en la AFIP, Guillermo Michel, quien luego lideró la Dirección General de Aduanas durante la gestión de Sergio Massa. Como contador en el estudio de Luis Osvaldo Hurovich, Michel se encargó de llevar los papeles de Jorge Lambiris, a quien todos dentro de la AFIP y de la Aduana conocen como “el uruguayo” y era señalado como un jugador clave para llegar a Echegaray por aquellos años, según reveló LA NACION en 2014.
Junto a Carlos Martín Lufrano y otros “facilitadores profesionales”, en tanto, Palesa también aparece en el armado de las sociedades que Báez utilizó para lavar fortunas. Y como Derrasaga, recurrieron a indigentes, trapitos, analfabetos, alcohólicos y hasta un paciente con ACV para que aparecieran como accionistas de esas firmas.
Así, el juez Casanello procesó en 2023 a Palesa, Lufrano y otros “facilitadores profesionales”, tras concluir que con sus conocimientos ayudaron a Báez y sus acólitos “a introducir en el mercado las ganancias ilícitas producto de la actividad delictual”, y que de ese modo facilitaron que pudieran “aprovechar el fruto del delito sin encender las alertas de los sistemas de control con los que cuenta el Estado”.
Para Casanello, esa no fue la primera vez que avanzó contra “facilitadores profesionales” de la corrupción y el lavado. Al procesar al otrora máximo contralor por el Estado de las concesiones viales durante el kirchnerismo, Gustavo Gentili, uno de sus dos hijos y uno de sus presuntos testaferros por el supuesto lavado de cerca de 1,5 millón de dólares a través de Uruguay, también avanzó contra dos operadores financieros uruguayos que participaron en esas maniobras, Daniel Pérez Montero y Mario Alberto Ribeiro Ricci, como antes había procesado, en esa misma trama, a Eduardo Roca y Horacio Díaz Sieiro.
Sin embargo, tanto en el caso de Palesa, Lufrano y otros profesionales en la trama de Lázaro Báez, como con Pérez Montero, Ribeiro Ricci, Roca y Díaz Sieiro en el “caso Gentili”, la Cámara Federal revocó sus procesamientos. En todos los casos planteó que el trabajo que realizaron “no constituye por sí solo un involucramiento directo en los pormenores de las actividades cuestionadas”.
En todos esos casos, Casanello deberá evaluar si deja a un lado a los presuntos “facilitadores profesionales” o si, por el contrario, redobla los esfuerzos para encontrar nuevas evidencias que puedan complicar su situación procesal. Y en la misma línea, otra incógnita todavía sin respuesta es cómo Báez, el Polo Obrero, el narco Salvatore, Jaime o Lambiris, entre otros, llegaron a Derrasaga o Palesa. ¿Por qué acudieron a ellos y no a tantos otros escribanos o abogados que constituyen sociedades comerciales? ¿Alguien actuó como intermediario y permanece en las sombras? ¿Quién o quiénes podrían ser esos eslabones?
* Con la colaboración de Ricardo Brom
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