Fabián “Pepín” Rodríguez Simón pidió asilo como “refugiado político” en Uruguay

Fabián Rodríguez Simón, conocido como “Pepín”, exasesor de Mauricio Macri y parlamentario del Mercosur, pidió asilo como “refugiado político” en Uruguay, donde se encuentra, porque dijo que está siendo perseguido y anticipó que no regresará a la Argentina “hasta que cese la persecución” en su contra porque teme ser detenido.

Rodríguez Simón está citado a prestar declaración indagatoria por el jueza María Servini en una causa en la que se investigan presiones sobre Cristóbal López para que apoye al gobierno de Cambiemos, bajo amenaza de sacarle sus empresas.

Denunció que Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa “cuentan con el apoyo explícito del gobierno nacional: Alberto Fernández estuvo en la nómina del Grupo Indalo como abogado hasta que asumió la presidencia y de la vicepresidenta Cristina Kirchner son amigos personales y presuntamente socios”.

Señaló que los dueños de Indalo “cuentan con un importantísimo respaldo económico –los fondos del Estado de los que se apropiaron–, liquidez financiera y expertise como para comprar voluntades en el corrupto y deteriorado sistema judicial argentino”.

Señaló que su situación es un “leading case” y que este “sería el primer paso de una caza de brujas todavía mayor sobre el presidente [sic] Mauricio Macri y otros funcionarios y políticos del PRO de mayor rango y exposición, que son víctimas de persecuciones similares aunque todavía menos avanzados fácticamente”.

Pepín pateó el tablero y ahora se expone a que si no se presenta a indagatoria, sea declarado rebelde y se pida su captura internacional.

En dos notas enviadas a LA NACION, Rodríguez Simón expresó que solicitó “asilo como refugiado político en Uruguay, en los términos de la Convención de Ginebra de 1951 y otras normas internacionales complementarias”.

Dijo que no volverá a la Argentina “hasta que cese de la persecución” en su contra. “Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”, escribió.

“Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, con la colaboración del abogado Carlos Beraldi -de promiscua relación con el fiscal [Guillermo] Marijuan-, me denunciaron por mi participación como asesor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que los concesionarios del juego en este distrito (el Hipódromo y los dos barcos casino) pagaran el impuesto a los Ingresos Brutos que adeudaban desde 2003″, agregó.

Indicó que el proceso que enfrenta en el juzgado de Servini “está plagado de irregularidades procesales” y donde no se le permitió ejercer su “derecho a defensa en juicio”. Recordó que la jueza Servini se excusó de seguir interviniendo por la violencia moral que le provocaron las críticas que recibía de “los conductores militantes” del canal C5N, perteneciente al Grupo Indalo, pero que siguió con la causa. “Sin volver a ser criticada por C5N, y cumpliendo todos y cada uno de los arbitrarios pedidos del abogado Beraldi”, escribió.

“A mediados de marzo, el mismo día en que Martín Soria fue designado ministro de Justicia, el abogado Beraldi pidió que se me citara a prestar declaración indagatoria. La jueza lo hace de inmediato, sin especificar qué delito se me imputa. Y, también a pedido de Beraldi, se me prohíbe la salida del país y se comunica a la Dirección Nacional de Migraciones, pese a conocer el juzgado que yo estaba en Uruguay”, escribió el exasesor de Macri, consejero en temas judiciales.

Aseguró que como la indagatoria además sería por Zoom, “esto solo puede explicarse si ya existe la decisión previa de privarme de mi libertad en cuanto regrese al país. De hecho, esto es exactamente lo que desde los medios de comunicación del grupo de De Sousa y López comienzan a instalar en lo que se transformó en una muy intensa campaña mediática de difamación y desprestigio en mi contra”.

“No solo los conductores militantes de C5N, sino Aníbal Fernández (que era abogado de López), los diputados [Rodolfo] Tailhade, Leopoldo Moreau, Eduardo Valdez, el mismo ministro de Justicia Martín Soria, el exjuez Norberto Oyarbide, y los abogados vicepresidenciales Graciana Peñafort, Gregorio Dalbón y Carlos Beraldi adelantan desde los medios de López y De Sousa y por las redes sociales que voy a quedar preso”, enumeró. Y mencionó que también lo hicieron De Sousa y López en entrevistas o posteos en Twitter.

Dijo que “esta campaña de difamación se convierte en una campaña de odio y hostigamiento en las redes sociales que me lleva a temer, además de por mi libertad, por mi seguridad personal si regreso a la Argentina”.

“Esta causa en la que se me impidió repetidas veces ejercer mi derecho de defensa, es solo un pretexto y un vehículo para encarcelarme. Mi detención, por ilegítima que fuera, permitiría que estos poderosos empresarios íntimamente vinculados al Gobierno, repararan simbólicamente la impunidad que perdieron al pagar impuestos como cualquier vecino y pondría a quienes actuamos lícitamente en defensa de los intereses del Estado, en mi caso de la Ciudad, al mismo nivel de quienes no pagaban impuestos amparados por sus conexiones políticas y societarias, revoleaban bolsos en los conventos o se apropiaban de fondos del Estado Nacional para construir una red de medios, funcionarios, políticos y abogados a su exclusivo servicio”.

Rodríguez Simón aseguró que “no hay nada grato en el exilio, nada”. Pero indicó que la Justicia, que entendió debería defenderlo de la persecución que padece, es “precisamente la herramienta que utilizan Cristóbal López y De Sousa” para perseguirlo por su “actividad política lícita en representación del Gobierno de la Ciudad” .

Denunció que en la causa en su contra se realizó un listado de sus comunicaciones telefónicas que -subrayó- fue difundido por el juzgado. “El listado de mis llamados fue confeccionado por el yerno del secretario que maneja el Juzgado, ambos vinculados a los servicios de inteligencia durante los gobiernos kirchneristas”, indicó.

Pepín agregó que el último capítulo de la impunidad de Cristóbal López fue su suerte con la AFIP, dado que consiguieron que su titular, Mercedes Marcó del Ponto, los admitiera en la moratoria cuando su empresa Oil Combustibles está quebrada.

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