Exsoldados piden ser declarados veteranos de Malvinas y el reconocimiento costaría $9.900 millones por año

Con preocupación y calculadora en mano recibieron en las Fuerzas Armadas y en el Gobierno un fallo de la Cámara Federal de Seguridad Social, que reconoció como veterana de guerra de Malvinas a una enfermera profesional que durante el conflicto bélico de las islas Malvinas, en 1982, cumplía funciones en un hospital reubicable de la Fuerza Aérea en Comodoro Rivadavia.

Por el fallo, la enfermera Stella Maris Morales podrá cobrar la pensión vitalicia de $69.192 por mes, reservada a los excombatientes. Hacen fila y esperan acceder al mismo beneficio unos 9.000 exsoldados que reclaman, a casi 40 años de la guerra, ser reconocidos como veteranos de Malvinas, por haber sido destinados a unidades militares del litoral marítimo patagónico, aunque no entraron en combate.

Si el criterio que benefició a la enfermera se extendiera a los casi 9.000 exconscriptos, el Estado tendría que contemplar en el presupuesto anual un gasto extra de $9.900 millones, de acuerdo con algunas proyecciones. En la actualidad, el Gobierno paga 23.000 pensiones a excombatientes, que obligan a un desembolso de $19.000 millones en el año, precisaron a LA NACION fuentes legislativas. Así, el pago total se acercaría a $29.000 millones.

La expectativa de los exconscriptos no es azarosa. La sentencia judicial que favoreció a Morales, que se suma a otro fallo similar reciente en beneficio de la también enfermera Alicia Mabel Reynoso, se da en momentos en que legisladores de distintos bloques presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que otorga el “reconocimiento moral e histórico a los exsoldados conscriptos que participaron de manera directa en el conflicto bélico del Atlántico Sur”.

Un dato singular del fallo judicial es que cita entre sus fundamentos el proyecto de ley, presentado en el Congreso con el número 505-D-2021 y aún no aprobado, ni siquiera con dictamen previo a su tratamiento en el recinto. El fallo destaca el aval de la iniciativa, que tiene “la firma de más de 60 legisladores de diversos sectores políticos. La respaldan, entre otros, los diputados Luis Contigiani (Frente Progresista, Cívico y Social), Marcelo Koenig (Frente de Todos) y José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal).

La propuesta legislativa prevé el reconocimiento de veteranos de guerra tanto a quienes “fueron desplegados desde sus unidades militares de origen hacia el sur del territorio nacional” como a los que en el mismo período “prestaron el servicio militar obligatorio en unidades del sur del país, incluyéndose Tierra del Fuego”.

El proyecto no se refiere estrictamente a una reparación económica, sino que contempla un reconocimiento moral e histórico. “Pero, de aprobarse, quedaría a un paso del cobro de la pensión”, señaló un exlegislador de Tierra del Fuego.

Muchos de los exconscriptos que mantienen el reclamo pertenecen a la asociación civil Campamento TOAS Plaza de Mayo, que durante casi diez años, entre 2008 y 2018, montó una protesta con carpas frente a la Casa Rosada para visibilizar la exigencia, “hasta que fuimos invitados a retirarnos”, dijo, irónico, Tulio Fraboschi, ex titular de la organización. Hoy, representantes de distintas asociaciones comparten el proyecto legislativo desde Concertación TOAS.

El reclamo se basa en el hecho de “haber sido movilizados en un despliegue estratégico sobre el litoral marítimo patagónico, para dar defensa a las seis bases aéreas desde las cuales partían los aviones militares para atacar a la flota británica”, explicó uno de los exconscriptos. Esa tarea, argumentó, los exponía al riesgo de combate. Incluso, afirman que 17 de los 649 combatientes muertos en la guerra reconocidos como héroes de Malvinas perdieron sus vidas en la costa marítima patagónica.

La sentencia judicial

El tribunal de segunda instancia, integrado por los jueces Walter Carnota, Norma Dorado y Juan Fantini, determinó que la enfermera Morales reúne las condiciones para recibir el reconocimiento como veterana de guerra, por lo que confirmó la sentencia de primera instancia. Desestimó, así, los argumentos de la Fuerza Aérea, que sostenía que no había participado en acciones bélicas y que “la prestación del servicio de armas es una carga pública que todo ciudadano debe asumir”.

Los magistrados señalaron, en tanto, que los servicios que prestó la enfermera Morales “no se distinguen de las desarrollados por quienes combatieron en forma efectiva” y puntualizaron que “la contención y el arte de curar brindados a cada uno de los caídos en combate merecen el reconocimiento”.

Los jueces pusieron en la balanza, además, el tema de la perspectiva de género, al argumentar que “excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la sociedad”.

También citaron como antecedente el fallo “Carmelo Gerez”, de la Corte Suprema de Justicia, que reconoció la condición de veterano de guerra a un suboficial que se desempeñó en las bases militares de Puerto Belgrano y de Río Grande, durante la guerra de 1982, a quien habilitó para cobrar una pensión que perciben los excombatientes que intervinieron en el teatro de operaciones.

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